CNBV, un gran desafío de autoridad

Ayer le comenté que el Comité de Basilea aprobó con “C”, de cumple, el programa de implementación de la regulación de capital y liquidez del sistema bancario, tras que el equipo de Charles Littrell, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación Prudencial de Australia, considerara que en 12 de las 14 componentes de la revisión realizada, México cumple con el estándar  regulatorio de Basilea III.

En los otros dos, obtiene largely compliant, que significa “casi completo o en gran parte cumplido”. El primero tiene que ver con el hecho de que sólo dos de las 42 instituciones bancarias (y parcialmente) han sido autorizadas por el supervisor bancario y Banco de México, que gobierna Agustín Carstens, a utilizar sus modelos internos para realizar la evaluación de riesgos para asignar el capital y las reservas preventivas para enfrentarlos.

El tema no es menor si considera que el cambio de fondo en la regulación global de Basilea II a Basilea III, justamente es lograr que las instituciones establezcan sistemas de administración “sensibles a los riesgos” que asuman, para que los valúen diariamente, y cubran esos riesgos en todo momento. Esperan que menos bancos puedan utilizar recursos fiscales cuando hay un quebranto.

El segundo componente de la evaluación parcialmente cumplido se refiere a la posibilidad efectiva que tendría la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jaime González Aguadé, para pedirle en un determinado momento a una institución que aumente sus reservas o el capital para prever un cambio en las condiciones macroeconómicas (countercyclical buffer),  pues se advierte que legalmente las facultades las tiene, pero la dependencia que mantiene el órgano de supervisión, le resta flexibilidad de supervisión y de imposición de requerimientos.

Aunque no lo dicen expresamente, en el fondo hay un importante cuestionamiento al “arbitraje regulatorio” y al “alineamiento jerárquico” del supervisor financiero a la autoridad fiscal.

De hecho, recuerdan que esta debilidad del Pilar 2 fue incluida en la auditoría que realizaron diversas instituciones encabezadas por el  FMI, en 2012, y es conocida como Financial System Stability Assessment (FSSA) subrayando la necesidad de dotar de autonomía presupuestal y técnica completa al supervisor financiero.

Y aunque no lo dice la información, justamente en el marco de la Convención Bancaria que se inaugura mañana, debemos comentar que tanto la Secretaría de Hacienda, que encabeza Luis Videgaray, como el Banco de México, además de los supervisados, se advierte un debilitamiento en el organismo supervisor, no por quien la conduce sino porque en 12 años ha experimentado un permanente ajuste a la baja en sueldos y prestaciones —asunto al que me he referido en diferentes ocasiones— al grado de que el equivalente en la superintendencia en Guatemala, gana 127% más que en México, y no quiero decirle si compara la estructura de sueldos con la OCC, la Fed, y el Office of the Superintendent of Financial Institutions de Canadá, o cualquiera que se le compare.

En ese lapso, el número de instituciones supervisadas pasó de poco más de 500 a más de 5000. Esta debilidad es algo que se comenta entre los integrantes de toda clase de asociaciones financieras, incluyendo a los miembros de la ABM, que preside Luis Robles.  Del total de las tarifas que pagan los supervisados por su función, estimo que entre 70 y 80% van a la Tesorería a parar en otros fines, y de pilón el supervisor financiero mexicano mezcla de chile, de dulce y de manteca, entre bancos, valores, ahorro y crédito popular, intermediarios sofisticados, nuevos bancos, bancos viejos.

Solo note el matiz de la opinión del equipo que evaluó el cumplimiento de México: “Varias facultades y herramientas sustantivas que tiene la CNBV, para fortalecer su capacidad de supervisión (Pilar 2), a fin de ordenar la constitución de reservas de capital contracíclicas en algún banco, están sujetas a limitaciones inusuales, incluyendo algunas restricciones sobre la flexibilidad de supervisión de la CNBV y, aunque dichas limitaciones no impiden que México cumpla con el Marco Regulatorio de Basilea, en la práctica (practical matter) podrían inhibir la capacidad de la CNBV de imponer tales medidas”.

En pocas palabras, al sistema le falta un supervisor bancario autónomo, en el sentido Banxico del término, de pares. ¿Será la coyuntura adecuada para que  no sea capturado su gobierno?

De Fondos a Fondo

Entre telefónicas, cableras, Sky y Dish te veas. Las empresas de telefonía reúnen 20% del total de las quejas por mal servicio y las de cableras y televisión restringida otro 22%. Le cuento que la próxima semana, el eslabón que falta entre el IFT y la Profeco, para hacer justicia al consumidor está por crearse: la Subprocuraduría de Telecomunicaciones.

Recordará que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordenó a la Profeco crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría, así como la estructura necesaria para ello, conforme al presupuesto que le apruebe la Cámara de Diputados para tal efecto”, con la finalidad de atender, promover y supervisar el cumplimiento de los derechos de los usuarios.

Le adelanto que la Secretaría de Economía (SE), que encabeza Ildefonso Guajardo, ya está en la ruta de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicha normatividad y 2 meses después estará en funciones. Se calcula para mayo.

El anteproyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la Profeco, que contempla la creación de la Subprocuraduría, y además tres direcciones generales: la de Protección al Usuario de Telecomunicaciones, la de Procesos Colectivos y Sanciones de Telecomunicaciones y la tercera es la de Vinculación y Estudios de Telecomunicaciones.

De las facultades y atribuciones de quien esté al frente de la Subprocuraduría destaca el que tendrá la responsabilidad de ejecutar las demandas colectivas de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ya que será la instancia encargada de representar individualmente o en grupo a los consumidores ante proveedores, autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Algunos le tienen pánico atroz al papel protagónico que tendrá la Profeco, particularmente porque la otra función especial del subprocurador será el definir los derechos mínimos de los consumidores del sector y coordinarse con el IFT para realizar su difusión: ¿segundos de a segundo, paquetes reales, megas de subida o bajada contratados, continuidad en el servicio celular, calidad del LTE cobrado y ofrecido? Hoy hay sendas demandas colectivas en curso frente a Sky y Cablevisión, justo dos de las áreas analizadas por el IFT.