Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

26 Mar, 2015

Una rendija abierta para MVNO

Las acciones de regulación y cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones no suponen la desaparición de empresas, aun siendo dominantes o preponderantes, sino el “acotarlas” o incentivar a que se “autoacoten” para emparejar el piso. En el caso de la dominancia de televisión restringida, le adelanto que aún le faltan semanas a la resolución del IFT, que preside Gabriel Contreras, la que se aprovechará para revisar a fondo el must offer y el must carrier de contenidos.

Considere que se trata de una red de telecomunicaciones convergente, que ofrece internet como principal medio de transporte de la voz, video y datos, que tiene última milla, y que utiliza medios de transporte mayoristas propios y compartidos.

Por otro lado, mientras el instituto establezca un criterio claro sobre lo inscrito en el artículo 263 de la ley, es posible que aumenten las críticas a la forma en que pueda “evadir” las reglas de proponderancia impuestas a Telcel, que dirige Danny Hajj, y más si continúa creciendo el número de contratos con operadores distintos a Telcel para operar Mobile Virtual Network Operator o MVNO, como ocurrió en el caso de Axtel, de Tomás Milmo.

Esto porque el artículo dice que “el instituto establecerá los criterios de medición de tráfico y capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones de los concesionarios. En ningún caso se considerará como tráfico del agente económico preponderante, aquél que corresponda a otro concesionario que no pertenezca al grupo de interés económico del agente preponderante, por virtud de la desagregación de la red pública local de telecomunicaciones del agente económico preponderante”.

Y eso ha sido interpretado como una rendija abierta en la ley para que el preponderante deje de serlo incluso sin desincorporar activos, pues los minutos de los servicios de reventa que se ofrezcan a los MVNO podrían restarse del total de minutos que cursan su red.

Cuentan que las propuestas comerciales están siendo muy agresivas hacia cadenas comerciales como la de Enrique Coppel, ya que eso permite poner capacidad a disposición de cualquier tercero, y le reste en la medición de tráfico total.

Entre que son peras o manzanas, espere usted un gran aumento en el negocio de reventa, pues aunque Telefónica México, que dirige Carlos Morales, está litigando fuerte (y ya avanzó el primer amparo), para que se revise judicialmente el cumplimiento de lo establecido en la nueva ley en materia de preponderancia, están por anunciarse otras tres operaciones de MVNO que comenzarán a fortalecer el mercado de tarjetas SIM en México.

Y en otro tema ríspido. Se especula mucho sobre la forma en que se fondeará el pago de los tres mil 58 millones de pesos de la concesión de televisión abierta digital ganada por Radio Centro de Francisco Aguirre.

Mire, las versiones abundan y de todo se enteran. Cuando se realizaron las dos emisiones bursátiles (octubre y noviembre) que sumaron mil 100 millones de pesos con las que pagó su asociada en Los Ángeles el financiamiento que le concedió Credit Suisse, y acudieron a Nacional Financiera, que dirige Jacques Rogozinski, para contratar el acceso a una garantía bursátil, pero no se la dieron.

Hoy, la versión que corre es que un banco de desarrollo estaría analizando la posibilidad, y ni Banobras, que dirige Abraham Zamora, ni Bancomext, de Enrique de la Madrid, ni tampoco Nafin lo tienen en el análisis de crédito.

De hecho, Rogozinski se encuentra en Bursan, Corea, junto con el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, asistiendo a la reunión anual del BID y el próximo encuentro del consejo de este banco de desarrollo, de la que pudiera resultar una autorización de ese tipo, se efectúa hacia finales de abril, en tanto que el pago de Radio Centro se debe efectuar el 10.

Si la concesión se realiza con o sin crédito de accionistas privados es problema de la empresa y sus socios, pero si utiliza garantías gubernamentales o cuasi gubernamentales (banca de desarrollo), sería altamente cuestionado porque no se trata de un sector prioritario y, la extensión de una garantía bursátil o bancaria, deberá tener sobre todo, una demostración clara de que cuenta con capacidad para pagar.

Mire. Lo que no es especulación es lo ocurrido en esta misma licitación el año pasado. Justamente el grupo Luma se quedó en la raya y no entró a pesar de haber pasado la primera fase de la evaluación, porque entiendo que su socio (una cadena deportiva) no depositó en tiempo y forma los fondos en un banco privado mexicano para que Nafin pudiera extender la garantía de crédito.

Si no lo hicieron en ese momento, difícilmente creo que se machuquen la puerta, y más cuando el cuestionamiento a la opacidad está a la orden del día. Si Radio Centro tiene dinero o socios que quieran entrarle, pagará y si no, pues… tendrá que apechugar, pero sin ayudas.

De Fondos a Fondo

En la última. Desde el 9 de marzo, Carlos Rello, director general de FEESA, la administradora de los ingenios que fueron nacionalizados durante la administración Fox, dio a conocer en Veracruz que se iniciaría la licitación de nueve de los 21 ingenios estatales. Los otros se fueron reprivatizando y éstos son los últimos que quedan con el 22 por ciento de la capacidad de producción de azúcar nacional o un millón 340 mil toneladas de la zafra pasada.

Como sabe, ayer el SAE publicó las bases de la licitación por la que piensan obtener un mínimo de ocho mil 148 millones de pesos (544 millones de dólares) que es el precio de referencia de los ingenios azucareros, que tendrán un precio base total de cinco paquetes: cuatro de dos fábricas cada uno y otro de una, y cuya presentación de las ofertas se hará entre el 22 abril y el 12 junio, fecha en que se dará el fallo.

Desde hace tres años, la venta estabas en la puerta, pero hasta ahora se pudo y corre prisa porque el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito le negó el amparo al Grupo Azucarero Escorpión-Caze de Enrique Molina (RA167/2014) expropietario de los ingenios Emiliano Zapata y Casasano, en Morelos; Atencingo, en Puebla; Plan de San Luis, en San Luis Potosí; El Potrero, San Cristóbal (el más grande), San Miguelito, El Modelo y La Providencia, en Veracruz y, justamente eso fue lo que le ayudó a FEESA la posibilidad de acelerar el proceso de licitación y, de pilón, eliminar uno de los problemas que tiene la relación con Estados Unidos en materia de cupos “subsidiados” de azúcar, pues se considera que la operación de FEESA lo es y fue uno de los principales argumentos para establecer cuotas antidumping, que afortunadamente han sido neutralizadas.

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