Viable para Base Cero, 1.26 billones de pesos Dinero en Imagen

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total del gasto público que se tiene estimado ejercer en 2016, que es de 4.66 billones de pesos según los Precriterios Generales de Política Económica 2016, sólo 1.26 billones, es decir 27%, es suceptible de ser analizado y/o modificado en el proceso de presupuestación “base cero”, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP).

En su reciente documento llamado “Restructuración del gasto público con perspectiva base cero”, el CIEP estableció que existe un gasto llamado irreductible o ineludible, que se debe ejercer por cuestiones legales o contractuales, y que representa 73% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

De esta proporción del gasto neto del sector público sobresalen los rubros de transferencias a los estados y municipios —participaciones y aportaciones—, con 25.5% del PEF, los gastos de prestación de servicios públicos con 17.24% del gasto total, y otros rubros como el pago de pensiones (11.33%), los proyectos de inversión (11.46%), y costo financiero de la deuda (siete por ciento).

Del total del gasto que es susceptible de modificarse, 5.3%, es decir, 247,000 millones de pesos, se puede hacer de inmediato, ya que no depende de asuntos legales o contractuales, porque se trata de gastos administrativos donde se contemplan erogaciones como apoyo a la presupuestación y mejoramiento de la gestión pública.

El restante 21.7% del Presupuesto de Egresos de la Federación (1.01 billones de pesos) se puede modificar en un mediano plazo, ajustando algunas leyes y reglamentos, donde sobresalen los programas sujetos a reglas de operación.

Gasto reductible

En opinión de Sunny Villa, investigadora asociada del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y autora del mencionado reporte, señaló que para el caso de 5.3% del presupuesto que es modificable en el corto plazo, es indispensable preguntarse cuál es la lógica interna que guía a dichos programas administrativos, ya que no son indispensables para la operación y tampoco afectan directamente al ciudadano.

La especialista sostuvo que “habría que cuestionarse si este gasto está siendo efectivo, para que en un inicio se pueda considerar hacer los ajustes en estos rubros, en lugar de pensar tocar programas de inversión o subsidios que son necesarios para alguna población”.

Aclaró que lo anterior no quiere decir que algunos proyectos de inversión sean inamovibles, sino que expresó que “el monto de los proyectos de inversión ya es de por sí pequeño respecto a estándares internacionales, lo que aquí discutimos es que la bolsa de dichos proyectos no debería ser reducida, porque hay margen de reducir en otros rubros más administrativos”.

Base 73, la realidad

Sunny Villa señaló que dadas las restricciones legales y contractuales en las que se encuentra en el gasto público, realmente lo que se puede modificar hace que se parta de una “base 73”, no desde “base cero”.

En este sentido, la experta señaló que para 2016 no veremos en estricto sentido un proceso de base cero, que en la práctica requiere de un análisis costo-beneficio no sólo de los programas que se proponen, sino también de las alternativas que se descartaron.

Tal como lo ha anunciado Hacienda, lo que vamos a ver es una revisión de los programas presupuestarios, ver cuáles puede fusionar, y cuáles unidades administrativas se pueden hacer más eficientes. En general no se ha anunciado que vayan a hacer un análisis costo-beneficio y que están evaluando todas las alternativas posibles.”

Por tanto, lo que se hará para 2016 “es una reestructuración de programas para encontrar eficiencias administrativas; sin embargo, tenemos que reconocer que eso como tal no es una medida de presupuesto base cero, sino una reingeniería del gasto, lo cual es una oportunidad para alinearlo con los objetivos reales de la política pública.”