David Páramo

Análisis superior

David Páramo

17 Abr, 2015

Lo injustificable

Los miembros de la comisión bicameral del caso Ficrea (destacadamente Dolores Padierna, Fernando Belauzarán, Javier Lozano, Blanca Alcalá y otros que se fueron anotando después), así como los miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pretenden un robo y un catálogo de imprecisiones en lo que ellos mismos llaman ley Ficrea.

Ponerle este nombre es un acto fallido, puesto que el fin último no es corregir las debilidades de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Vamos, hasta hablan del crédito bancario cuando ésta ley tiene como principal foco a los intermediarios financieros no bancarios.

Es injustificable un rescate por 2,600 millones de pesos para inversionistas que fueron defraudados por Ficrea hasta por un millón de pesos.

En algún momento, legisladores fanáticos del reflector efímero de las redes sociales, tuitearon que buscarían una solución justa. ¿Qué es justo? ¿Quién mide la justicia? Debió haber sido salida apegada a derecho y no una barbaridad que toma dinero de los contribuyentes para proteger a inversionistas sofisticados.

El saldo promedio de depósito en las sofipos es de 7,500 pesos, verdaderamente lejos del millón de pesos que quieren usar los legisladores de los contribuyentes para cubrir a un pequeño grupo de personas.

Todos los inversionistas de Ficrea firmaron un contrato en el cual estaban concientes de que el seguro de depósito era sólo por 25,000 Udis.

La justicia es totalmente subjetiva. Para algunos puede parecer “justo” salvar a estos individuos. Para otros lo justo sería que, incluso, se les aplicara una multa por no informarse antes de invertir.

Si se habla en términos subjetivos de justicia, pues entonces que se haga otro fondo y un crédito con cargo a lo que se podría recuperar de Mexicana de Aviación a favor de sus sobrecargos y pilotos jubilados.

¿Cuál es la diferencia? Que estos grupos no han vandalizado las oficinas de Condusef o que no se la pasan todo el día tuiteando o que no tienen “compas” en el Senado de la República. Quizá la razón es que los jubilados de Mexicana de Aviación no tienen modo de agradecer los favores recibidos.

En este caso, que ha sido ignorado por los legisladores que parece que sólo entienden a tuitazos, estas personas fueron robadas por dinero que trabajaron hasta cumplir con las normas de sus contratos. Aquí no firmaron una exclusión, como en el caso de Ficrea con el conocimiento del seguro de depósito.

Evidencias

Hay quienes tienen pánico de reconocer lo evidente: Es un rescate con cargo a los contribuyentes. Se pierden en rollos gigantescos diciendo que se creará un fondo (¿con qué recursos?), más un crédito de Nacional Financiera.

En ninguno de sus muchos discursos han señalado qué pasa si no existen los activos o si el banco de desarrollo no logra recuperar el monto de cartera que se les ocurrió a los legisladores. A muchos de los legisladores esto no les preocupa, puesto que, simple y sencillamente, ellos ya obtuvieron alguna rentabilidad.

Es extraño, por decir lo menos, que haya legisladores de todos los partidos políticos quienes tengan tanta prisa por violentar el proceso a través de una ley. La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estaban realizando un trabajo correcto. Primero ver cuánto dinero se podría recuperar y, sin dañar al erario o arriesgar el capital de Nacional Financiera, ver cuánto se podría recuperar.

Ahora se pretende hacer mal. Usar el dinero de los contribuyentes para rescatar a un grupo de inversionistas privados que fueron defraudado por Rafael Olvera, quien sigue prófugo y mucho más tranquilo.

Inexplicable

Algunos legisladores se esconden diciendo que el mecanismo lo diseñaron en conjunto con la Secretaría de Hacienda, pues entonces habría que preguntarse qué pasó en esa dependencia.

Evidentemente, no tenían miedo a la demanda de Fauzi Hamdan y un grupo de inversionistas que quiere recuperar todo, más intereses y 30% de copete.

Es poco creíble que vieran indicios de fallas en la gestión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puesto que, de ser así, ya hubieran tomado decisiones ejecutivas o sanciones administrativas.

Si hubiera fallas el problema no se circunscribiría a una sola sociedad financiera popular, sino que habría otros casos que, sin duda, no existen.

Parecería que pesó más encontrar la salida a un asunto que, aparentemente, es muy pequeño para el sistema financiero, pero que ha puesto un gravísimo antecedente: En ninguna época, pero mucho menos en una de austeridad, se deben tomar fondos públicos para rescatar a privados que fueron defraudados por otro privado.

¿Hacen cálculos políticos? ¿Hay alguna información que no se conozca?

No puede decirse, tampoco, que se beneficien instancias de gobierno puesto que los depósitos que tenían eran muy superiores al millón de pesos, es decir: ni siquiera instancias que usan dinero de los contribuyentes se verían beneficiadas. Reiteramos: hay una obsesión desbocada por parte de los legisladores para ayudar a privados con mucho dinero.

Regulación

Los miembros de la comisión bicameral del caso Ficrea, y ahora la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hicieron una legislación en la cual buscan, por un lado, fortalecer las facultades de la CNBV, que van en el sentido correcto.

Sin embargo, pretenden cambios dentro del sector que, a decir de algunos intermediarios, podrían desaparecerlos.

En esta columna hemos señalado que se debería encontrar un adecuado equilibrio entre la inclusión financiera y hacer que, efectivamente, se trate de ahorros populares.

Muchos de los intermediarios se quejan, de entrada, que no fueron debidamente consultados y que se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ser una cortina de humo para esconder el muy vergonzoso e inaceptable rescate, con fondos públicos, de defraudados por otro privado.

Si el pleno del Congreso de la Unión avala la que les gusta llamar ley Ficrea se estará cometiendo uno robo en despoblado para los contribuyentes.

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