Canacar va por el estudio del estudio

Nada bien cayó en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que preside Rogelio F. Montemayor Morineau, la difusión del estudio Evaluación del impacto de una práctica colusiva en el mercado de autotransporte de carga, con el que resuelve la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios, que sí hubo colusión y por ende le impuso una multa de cuatro millones de pesos.

Y las razones son varias. Primero, porque la Canacar supo desde hace dos meses que el estudio lo preparaba Andrés Aradillas-López, profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Hace un par de semanas, solicitaron audiencia y se reunieron con el pleno de la Cofece y ahí el compromiso fue que les entregarían el estudio, lo que sucedió… ¡pero cuando lo hizo público!

Este tema lo heredó la Cofece de la otrora Comisión Federal de Competencia (CFC) de Eduardo Pérez Motta, cuando se les impuso sanción, argumentando que se concretó un acuerdo ilegal de los agremiados de la Canacar de transferir a sus clientes los aumentos de precio del combustible entre 2008 y 2010.

Ahora, según el análisis difundido por la Cofece, esa práctica tuvo un impacto de nueve mil 400 millones de pesos ya que la inflación en el periodo de referencia en el mercado de autotransporte de carga fue de 7.25 por ciento,  y sin “el efecto de la colusión hubiera sido de 4.05 por ciento”.

La Canacar dice que si suben los costos (combustible) se tienen que repercutir en precios, no obligar a un gremio a absorberlos.

La Canacar no sólo no comparte las conclusiones del estudio, sino que ya tocó la puerta tanto en la Facultad de Economía de la UNAM y la Escuela Superior de Economía del IPN para encargar un estudio del estudio, así como lo lee.

Así, que verá usted que aún nos falta conocer más de este conflicto, porque la multa es lo de menos. No quieren que se vean obligados a no poder decidir qué hacer para regir sus negocios, porque lo que el estudio no considera es que entonces, el gobierno les exigió que absorbieran el costo del incremento y ellos no estuvieron de acuerdo en hacerlo.

Se pusieron de acuerdo para no ser afectados por una decisión política.

Recordemos que el aumento del combustible, fue una salida fiscal para enfrentar la crisis de la caída en los precios del crudo y la recesión, salíamos de la influenza y, bueno, entre Juan Molinar y Bruno Ferrari buscaban por todos los medios evitar que el alza de los combustibles afectara la perspectiva de inflación. Eso es lo que no se incluyó en el estudio.

DE FONDOS A FONDO

José María Aznar, expresidente del Gobierno de España y Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México, tienen en común el ser consejeros globales de uno de los principales servicios de consultoría legal a escala internacional DLA Piper, que encabeza Lee Miller, con presencia en una treintena de países.

Hoy han decidido entrar a México con sus clientes asociados con una de los despachos corporativos más prestigiados en nuestro país: Gallástegui y Lozano, con más 30años asociados, que dista mucho de ser el despacho con muchos pasantes, asociados y socios, sino que es una Legal Service Boutique.

Me llama la atención porque en México, lo que está sucediendo, “los tiempos extraordinarios” que vive el país en muchos frentes, incluyendo la integración del Nuevo Sistema Anticorrupción, que equipara la práctica a nivel mundial, ha hecho que no sólo se den asociaciones entre empresas o fondos de capital, sino que también se observa en asociaciones entre prestadores de servicios de consultoría especializada, como el legal. Una muestra: DLA Pipe Gallástegui y Lozano. ¡Enhorabuena!

La apuesta de SSA México, que encabeza Fernando Chico Pardo, con el Tuxpan Port Terminal (TPT), que dirige Manuel Fernández Pérez, es grande; y hasta el momento el escenario pinta de película, ¡mejor imposible!

Les llevó tiempo, pero el TPT arrancará al cierre del año desde su inicio en abril de 2014. La complejidad de instalar un puerto en esta zona de Veracruz era alta por tratarse de tierra de manglares. SSA lo ha resuelto satisfactoriamente y justo por ello obtuvo las autorizaciones necesarias.

La superficie del proyecto es de 85.73 hectáreas en una zona virgen, con un muelle de 560 metros lineales, pero que con todo y eso será capaz de recibir barcos de gran calado.

TPT consideró en todo momento la conservación de las zonas de manglares, para lo que creó el centro de investigación y que fue quien ejecutó de manera ordenada la reubicación de la fauna, y llevará un monitoreo permanente de la biodiversidad de la flora y de la fauna de la zona.