¿Es una solución?

A raíz del fraude cometido en contra de los ahorradores de Ficrea planteamos en esta columna que el gobierno y los legisladores deberían responder qué es el ahorro popular y bajo qué reglas debe definirse.

Tristemente el tema Ficrea, donde inaceptablemente se usarán fondos públicos en alguna proporción para rescatar a privados, ha impedido analizar puntualmente si realmente se entiende qué es ahorro popular y a qué normas debe estar sujeto.

Desde el punto de vista de la justicia, la obligación del Estado es proteger, primero, a quienes menos recursos tienen para ahorrar. La gente con más de un millón de pesos tiene acceso a más y mejores formas de información y educación financiera que deben redundar en mejores tomas de decisiones personales.

México cuenta con uno de los sistemas bancarios más sólidos del mundo. Se cumple con Basilea III, cuando la banca de Estados Unidos o Europa no lo hacen cabalmente. No existe un riesgo de crisis en este sector.

Pero se ha venido construyendo una banca paralela que ya demostró que es potencialmente peligrosa, puesto que toman recursos de la población y no tienen normas de capital o gestión remotamente parecidas a las de los bancos: Antes que el rendimiento está la seguridad de los recursos.

Dentro de la ley de crédito y ahorro popular se discute el monto de recursos que pueden captar las sofipos y sofincos. Un millón de pesos por persona física y 5 millones por moral resultan, total y absolutamente, excesivos.

Descontando tesorerías, el saldo promedio de depósitos en la banca son 60,000 pesos. En las cuentas de ahorro y nómina los depósitos son de 14,000 y 10,500 respectivamente. En las sofipos y sofincos es de 7,500 pesos. La Amsofipo dice que sólo uno por ciento de sus clientes tienen un millón de pesos o más.

DIFERENCIAS

Una interpretación equivocada de la inclusión financiera dice que se debe tener a intermediarios con menos regulación para llegar a otros sectores. Las sofipos y sofincos, sólo dan uno por ciento del crédito a este sector por lo que mienten al decir que pretenden desaparecer el crédito a ese sector.

La banca comercial y de fomento dan financiamiento a estos sectores con tasas de crecimiento verdaderamente importantes a favor de la población.

El tener normas laxas y permitir elevados montos de captación genera incentivos perversos para casos como el de Ficrea o las acciones de Caja Libertad y Caja Popular, que son casi bancos con una regulación muy inferior.

Estos montos permiten que se creen sociedades financieras populares en Polanco y no en las zonas más pobres del país, donde la banca tiene menores posibilidades de dar un servicio adecuado a estos segmentos de la población.

La ley que se analiza en el senado va en el sentido correcto a pesar de la deformidad del rescate de Ficrea. Desaparece figuras como las federaciones que generan barreras de entrada y cobraban por un trabajo de regulación que no realizaban.

Establecen que, en la medida en que las sofipos y sofincos pretendan hacer operaciones más parecidas a las de los bancos, las regulaciones deberán ir incrementándose. No es lo mismo una sofipo que tiene activos por 5 millones de pesos, y está en una región alejada de los grandes centros financieros del país, que otra que realiza operaciones por varias decenas y centenas de millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda ya trabaja en una regulación secundaria para estos intermediarios con base en los criterios de Basilea. La intención es que sean total y absolutamente diferenciados.

CONCLUSIONES

Primera. El rescate de Ficrea con cargo al erario, aun cuando sean parciales es injustificable.

Segunda. No se pretende desaparecer a sofipos y sofincos sino que tengan una regulación consistente con los riesgos que asumen.

Tercera. Los montos de captación deben ser acotados no sólo para que no sean una competencia desleal y con incentivos al fraude de la banca, sino para garantizar que los ahorradores tendrán seguros sus depósitos.

Cuarta. Entre más parecidas sean las operaciones de sofipos y sofincos a los bancos tendrán que cumplir regulaciones similares hasta llegar a nivele similares a los de Basilea III.

No establecer estas normas podría generar un problema en el sector financiero donde hoy no existe.