¿Qué dice Jalisco de nuestra gobernación?

Lo que vimos hace unos cuantos días en Jalisco, Colima y Guanajuato constituye, a la fecha, la demostración más grave –y clara a la vez–, de lo que puede provocar la degradación sistemática y permanente de la gobernación. Las causas de este proceso de degradación pueden ser muchas y diversas pero, lo que no puede eludirse –por más que lo intentemos–, es que lo enfrentado empezó a gestarse, por lo menos, hace casi cuarenta años.

Las causas que explican lo que hoy vemos, no sólo en Jalisco sino en varias entidades del país derivan, esencialmente, de un proceso de corrupción cuyos efectos no vimos o, de verlos en su momento, fueron minimizados de manera tal, que aquélla pudo extenderse sin freno alguno.

Sin embargo, con toda razón, usted podría argumentar que frente a otras amenazas, el Estado mexicano supo, quiso y pudo reaccionar de manera eficaz para cortar de tajo lo que consideró, en su momento, una amenaza real a la estabilidad política y a su supervivencia.

Ése es, precisamente, el elemento central que distingue a la lucha contra los grupos guerrilleros de los años setenta, de la respuesta dada por el Estado mexicano, en esos años, a los narcotraficantes. En vez de ver a estos como otra amenaza, más grave aún, se les otorgó una impunidad que les permitió, cuarenta años después, convertirse en la amenaza que hoy son. 

La corrupción que esos grupos estimulaban permitió, casi sin sentirlo, que no se los considerara –durante años–, una amenaza para la estabilidad y menos aún, para el Estado mismo como sí la vieron en los grupos guerrilleros.

A esto contribuyó, sin duda, la visión imperante en el mundo por aquellos años; ésta, concentrado su interés en los movimientos guerrilleros (o sedicentes) quienes, con una ingenuidad e ilusión juvenil que aún hoy no ha sido evaluada objetivamente, decían que destruirían al Estado burgués opresor y mediante la lucha armada, destruirían el sistema capitalista para establecer el socialismo.

Es en ese ambiente en el que los narcotraficantes –dispersos y sin una visión de mediano y largo plazos–, fueron vistos no como amenaza sino como proveedores de recursos fáciles para alimentar la corrupción de aquéllos supuestamente encargados de combatirlos.

Los años siguientes dieron resultados cuyas consecuencias, hoy lamentamos; los grupos guerrilleros fueron exterminados con todo el poder del Estado y, los grupos delictivos dedicados al narcotráfico obtuvieron, en los hechos, una total impunidad para operar.

Esta permisividad, que entonces no se vio como el mejor estímulo para que creciera sin control alguno lo que sí era una amenaza efectiva a la estabilidad política y económica, permitía –se dijo–, resolver un problema de demanda, tanto en México como en Estados Unidos. Al paso de los años, con su crecimiento y lógico fortalecimiento, penetró y pudo corromper todas las esferas del Estado y por supuesto, todas sus instituciones.

Hoy, cuando el monstruo creado y criado nos enfrenta y reta, nos negamos a verlo como lo que es, el producto de una gobernación corrompida hasta el tuétano que aplicamos conscientemente; lo peor, ni siquiera sabemos cómo reaccionar.

Lo demás, pura demagogia.