Concesiones carreteras: ¡mucha discrecionalidad!

Hay de opiniones a “opiniones” y las que emite la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dentro de los procesos de mejora regulatoria resultan especialmente importante, porque quienes elaboran los reglamentos casi nunca toman en cuenta que pueden estar poniendo barreras de entrada a nuevos participantes o inhibiendo la competencia.

Le comento el último. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, preparó el anteproyecto de reglamento de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) para regular las concesiones para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales, o sea la red de vías generales de comunicación que cuenta con  49 mil 169 kilómetros federales al día de hoy.

Ahí se detallan las atribuciones de la autoridad, se reglamentan las contraprestaciones y se especifican las causales para el otorgamiento de prorrogas en las concesiones, e inclusive las que permiten la revocación de las concesiones, entre otros puntos.

Bueno, pues está bien regular, pero facilitar la actuación discrecional, porque ello genera incertidumbre al posible concesionario.

En este sentido, la opinión de la Cofece advierte sobre el riesgo de los artículos 17 y 19 de dicho reglamento, pues el primero establece que la SCT podrá prorrogar las concesiones a petición del concesionario, hasta por un plazo equivalente al original cumplido el primer tercio de vigencia, sólo bajo dos supuestos: cuando mejore la infraestructura con obras o inversiones adicionales que la SCT determine y, el otro, cuando se trate de incrementar los servicios o su nivel de desempeño.

Usted sabe que ambas alternativas han sido muy controvertidas, y por ello, las alertas que manda el semáforo de la Cofece están en rojo. La opinión asegura que tanto en el caso de prórrogas como de nuevas inversiones, tal y como está redactado en los artículos 17 y 19 del reglamento propuesto, implicaría vía libre al actual concesionario; porque al no mediar obligación de concurso público o de licitación, se elimina la posibilidad del Estado mismo de mejorar propuestas para el mantenimiento y operación de la obra concesionada y, al mismo tiempo, es un “incentivo” negativo para que el concesionario mejore la vía de comunicación por obligación de mantenimiento o expansión, sin que se vuelva a una manera de “prolongar concesiones de forma automática”.

En pocas palabras, al no licitarse las concesiones y sólo prorrogarse, se reduce también la posibilidad de obtener mejores aprovechamientos, servicios y derechos para el Estado. Una opinión muy relevante, ¿no cree usted?

DE FONDOS A FONDO

Y a propósito de transporte de carga. Se acordará que le dimos los pormenores del nuevo programa de “chatarrización” al que ahora le llaman de “Renovación Vehicular”, cuyas modificaciones y mejoras fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el decreto del 26 de marzo, mismo que fue considerado como un gran paso para la renovación de la insegura y vetusta flota del país.

Siete años transcurrieron sin actualizarlo y ahora llevan dos y todavía está en veremos a pesar de que los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray; de Economía, Ildefonso Guajardo; de Semarnat, Juan José Guerra, y de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, saben el impacto económico, ambiental y de seguridad que implica. ¡Productividad democratizada pura!

Dos cosas. Se limita a seis mil camiones y tracto camiones, casi un piloto si considera que el parque vehicular tiene 17 años en promedio y que más del 29 por ciento tiene entre 25 y 40 años.

Lo cierto es que hasta ayer, (ya casi dos meses de publicado) no se ha podido destruir un solo vehículo bajo el nuevo esquema por la gradualidad con la que han sido publicados en el DOF los criterios para su operación,  porque cada dependencia le quiere poner sus “nuevos requisitos”.

Y todos los días inician con el ¡ahora sí ya!  El último requisito es que no tengan adeudos fiscales, y bueno, hubiera sido mejor que el SAT, de Aristóteles Núñez, incentivara a que los hombres-camión entraran al RIF y buscaran la formalización del sector.

El presidente comisionado del IFT, Gabriel Contreras, resultó el más taquillero invitado al estreno de la Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que encabeza Gonzalo Martínez Pous, excomisonado de la Cofetel, en la Barra de Abogados, organización gremial que preside Ricardo Díaz Ferrer, y que es el más prestigiado de los colegios profesionales del país.

Contreras es abogado y entre abogados expertos les encantó que tuviera un diálogo franco y abierto y no se dedicara al acostumbrado ejercicio de evadir respuestas. Un exitazo.