Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

27 May, 2015

Descarbonizar o no la energía: ¡Ahí el dilema!

Breaking News! Se está cocinando en el Senado de la República la nueva legislación en materia de energía nuclear, tema que en la Reforma Energética, simplemente, se dejó de lado.

Aún se está decidiendo si se incluye como un capítulo de la Ley de Transición de Energética —aprovechando el espíritu que esta minuta tiene en cuanto a la promoción de energías renovables— o como una Ley General de Energía Nuclear, igual que se decidió en el caso de la energía geotérmica.

Mire con 24 y 25 años de operación, respectivamente, las plantas nucleoeléctricas de Laguna Verde, aportan menos de dos por ciento de la oferta energética base nacional de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige  Enrique Ochoa Reza, plantas que han demostrado, en el tiempo, un manejo limpio, seguro y confiable de este tipo de energía en el país.

La integración de la nueva iniciativa la abandera un senador panista por Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, pero la han discutido en la Comisión de Energía de la Cámara Alta que preside el senador hidalguense del PRI, David Penchyna, pues la idea es dotar a nuestro país de un marco normativo moderno, que recoja la experiencia internacional en materia de salvaguardas, pero también de aprovechamiento integral de la cadena productiva del uranio, su transformación, uso eléctrico o industrial y, finalmente, disposición.

 De hecho, el impulso de la industria nucleoeléctrica forma parte del desafío de “descarbonizar” la energía que se consume en México y, con ello, diversificar la matriz de generación de energía.

Y tampoco se puede asumir un compromiso de reducción del 22 por ciento unilateral e incondicional en las emisiones de carbono de México, como lo hizo el titular de Semarnat, Juan José Guerra, en la Cumbre de Negocios y Clima de París, si no se considera seriamente en la definición de políticas públicas de energía limpia, la inclusión del núcleo electricidad.

Le insisto: Pese a ser una de las fuentes de abastecimiento más baratas, sólo aporta menos de dos  por ciento de la electricidad nacional y, mientras en Estados Unidos hay 104 plantas y dos en construcción, en México hay dos plantas que van para las tres décadas.

Según el Nuclear Energy Institute (NEI), la generación de nucleoelectricidad se incrementará en 40 por ciento hacia 2030 en el mundo, llegando a 3, 619 TWh.

Recordemos que, a partir de energía nuclear, países como Francia generan el 76.1% de la electricidad que consumen; Suecia genera el 38.5%; Corea el 28.3%; Reino Unido el 19.5%; Estados Unidos el 18.8% y, finalmente, Alemania el 16 por ciento.

Ahora, ninguno propone irse por la libre. Pronto se iniciarán foros de consulta con expertos y académicos, para que la iniciativa que, finalmente, se presente en el Senado de la República, al arranque de la próxima Legislatura, contemple toda la cadena: desde el abasto y la producción, el modelo de financiamiento (el 60% del costo de una unidad de generación nuclear es la inversión inicial), el impacto ambiental, así como el manejo y disposición de los residuos.

Modelos normativos, casos de éxito y fracaso, sobran en el mundo para lograr una legislación útil y pertinente para el sector energético. Lo cierto es que México no podía seguir ignorando el tema nuclear, sólo por ser políticamente espinoso. Le mantendré al tanto.

DE FONDOS A FONDO

No hay plazo que no se cumpla: las cámaras y asociaciones esperan la llegada del mes de junio para tener más claro qué sí y que no se puede, en términos de la nueva Ley de Competencia Económica.

Las recomendaciones de la Cofece a las asociación para que no cometan practicas anticompetitivas son, principalmente, en términos de precios, tarifas, mercados atendidos, márgenes de utilidad, licitaciones públicas.

Donde no está clara la Ley y sus criterios es respecto al nivel de detalle de información estadística. De acuerdo a la comisionada presidenta, Alejandra Palacios Prieto, el problema no es el intercambio de información, sino la “granularidad” con la que se presenta.

El dilema es que la interpretación jurídica  de ese concepto puede derivar en menos información específica sobre industrias relevantes para la economía. En teoría, y conforme a lo acordado en diciembre en el marco del Consejo de Concamin, en junio se tendrá un instrumento de consulta pública para establecer con claridad qué, cómo, cuándo y dónde se puede compartir información, pues es verdaderamente absurdo que existan cuellos de botella para la estadística que, a todas luces, debería ser pública y relevante para analizar la marcha económica del país y fomentar la competencia.

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