Ley Anticorrupción, ¡Pongan barbas a remojar!

En Guatemala, la red criminal La Línea era investigada desde mayo de 2014, cuando se tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tenía con una red de tramitadores aduaneros. Éstos facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos y tramitaban contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como el otorgado a Pisa Farmacéutica. Esta facilidad se obtenía mediante un contacto telefónico, conocido como La Línea, el cual era proporcionado por los importadores.

El caso de corrupción inició el pasado 16 de abril, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) involucró a varios altos funcionarios del gobierno federal y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano. El 20 de mayo la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso de corrupción, esta vez en el IGSS. Los miembros de su Junta Directiva fueron conducidos a prisión acusados de haber otorgado un contrato de 14.5 millones de dólares a la empresa Pisa Farmacéutica para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos.

Para casos como el de Pisa Farmacéutica, la Secretaría de la Función Pública se apoya en la Ley Anticorrupción mexicana que prevé en su artículo 9: “incurrirán en responsabilidad los sujetos… cuando en alguna transacción comercial internacional, por sí, o a través de un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida, a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o del resultado obtenido”. Asimismo, el artículo 27 de la misma ley establece las sanciones administrativas que deben imponerse por la comisión de infracciones. Cuando se trate de personas morales: “a) Multa equivalente de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo… si la multa máxima prevista resulta menor a 30% del monto del contrato, se impondrá una multa de entre 30 y hasta 35% del monto del contrato si éste último le fue adjudicado al infractor…

“b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de tres meses ni menor a diez años… en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aun cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o la ejecute”.
Golpe a Nehme

La PGR, que capitanea Arely Gómez, asestó un golpe casi letal contra el seudoempresario George Nehme, a quien detuvieron el pasado 11 de junio por el delito de fraude genérico por más de 97 millones de pesos, dentro de la causa penal 17/2014 del Juzgado 19 Penal del DF.

Nehme, quizás lo recuerde, huyó del país hace más de siete años, tras quebrar a la aerolínea de bajo costo Avolar. Desde entonces se documentaban indicios de un posible fraude millonario en perjuicio de empresas como Grupo Ofem, Factoring Corporativo e inversionistas como Roberto González Gracida, José Luis Fernández Prieto y Benjamín Nassar. Por lo pronto, le adelanto que mañana se espera que la juez Beatriz Corona Valdez encabece una audiencia de desahogo de pruebas, en la que es casi un hecho que declaren culpable a George Nehme por fraude.

COMPRA EXPANSIÓN

Le digo que el empresario Jorge Nacer anda desatado comprando empresas. Además de la cementera Cruz Azul y el Grupo Corvi, empresas que anda acechando, le informo que el dueño del periódico El Economista ya logró adquirir ni más ni menos que el Grupo Editorial Expansión. Así es: Nacer Global pagó unos 65 millones de dólares por el conjunto de 17 revistas y 11 sitios de internet, que alcanzan a cerca de 30 millones de lectores. El vendedor fue Southern Cross Group, el fondo de inversión sudamericano que dirige César Pérez Barnés y que, apenas en 2014, compró esa multiplataforma al conglomerado estadunidense Time Inc.
HOY SACAN A GEO

El viernes se terminaron de firmar con la arrendadora CHG, de Flavio Trujillo, los últimos convenios para dejar atrás los incidentes obstaculizaban la reestructuración financiera de Geo. Se cree que hoy el juez Enrique González Meyenberg emitirá la sentencia de aceptación del convenio y terminación del concurso mercantil de la desarrolladora. Acto seguido se procederá a solicitar a la CNBV la reinscripción de las acciones para su cotización en la BMV.