¿Sólo le corresponde a la SCT?

Hay un movimiento que tiene entre otras figuras visibles al senador Gerardo Flores que busca presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el tema del apagón analógico, exigiendo que digan si podrán cumplir o no con lo ordenado por la Constitución.

Como se sabe, o al menos así debería ser, durante la administración de Felipe Calderón se decretó que el apagón en la transición a la Televisión Digital Terrestre tendría que darse a partir del primero de enero. Como parte de la reforma a las telecomunicaciones y la competencia económica se estableció esa fecha como parte de la Constitución.

Una de las herramientas para cumplir con esta obligación constitucional es entregar televisiones a las personas de menores recursos con base en un padrón elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social. Estos aparatos tienen como objetivo garantizar que quienes no tienen acceso a la más reciente tecnología no pierdan la oportunidad de tener acceso a la televisión abierta.

CONCESIONARIOS

Desde el punto de vista político se puede comprender que haya legisladores metidos a presionar a Gerardo Ruiz Esparza, puesto que creen que así podrían llegar a tener mejores oportunidades políticas y, en una de esas, hasta ser titulares del ramo o algo así.

Sin embargo, parecería que fingen no saber que el trabajo de la SCT sólo es una parte dentro de este proceso y hay una parte fundamental que tiene que ver con los concesionarios y permisionarios.

Los muy simplones creen que la transición a la televisión digital es algo así como bajar un interruptor y subir otro. No que implica inversiones no sólo en los sistemas de transmisión sino en los de grabación e incluso un cambio en las formas de trabajo de los equipos que, como todo en la vida, tiene un costo que deben asumir las empresas de televisión abierta.

Para las dos grandes cadenas no implicó mayores problemas; sin embargo, hoy es claro que no todos están listos para cumplir con lo establecido en la política de telecomunicaciones elaborada por el IFT.

El pleno del instituto presidido por Gabriel Contreras determinó que el 15 de agosto, es decir en poco menos de dos meses, todas las televisoras abiertas deberán transmitir en señal digital.

Una vez cumplida esa fecha el IFT tendrá una película completa de cuántos concesionarios y permisionarios cumplen con esta parte y tomará decisiones sobre qué hacer en los demás casos. Básicamente analizan dos opciones.

¿RETRASO O SUSPENSIóN?

1. Si el número de concesionarios y permisionarios que no cumplen con transmitir en señal digital se analizarían las causas, posibilidades de solución y se consideraría la posibilidad de solicitar un retraso en el cumplimiento de la obligación constitucional. Ojo, no dependería del trabajo de la SCT.

2. Si sólo son casos aislados de canales de televisión abierta que no pueden cumplir con la obligación de transmitir en señal digital se estudiarían algunos apoyos, especialmente si se trata de televisiones de gobiernos de estados o de carácter social, y se consideraría suspender la concesión en tanto no estuvieran en condiciones de hacerlo.

El pleno del IFT tiene claro que lo primero es garantizar que las personas, especialmente las de menores ingresos, sigan teniendo acceso a la televisión abierta que es, sin lugar a dudas, la mejor manera de acercar información, entretenimiento, educación y servicios públicos.

Sin embargo, también tienen la certeza de que no pueden postergar la televisión digital puesto que saben que es fundamental para la competencia en el sector a favor de los consumidores.

PALO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un palo jurídico a la intención de Grupo México de hacer una compra hostil de GAP. La empresa de Germán Larrea –afecta a la violación de cualquier ley que se interponga a su capricho–estuvo comprando acciones por una cantidad superior a lo que permiten los estatutos sociales de la emisora para quedarse de una manera hostil con el control de la controladora de aeropuertos.

Tras un fuerte debate jurídico se determinó que Grupo México tendría que vender por lo menos 10% de las acciones que tiene de GAP para cumplir con la ley.

Ha llegado el momento de que Grupo México comprenda que vivimos en un país de leyes y no de los caprichos de un tipo como Larrea.