Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

7 Jul, 2015

¿Empoderar a consumidores o seguir en la misma?

Aunque todavía no termina la consulta sobre parámetros de calidad, el IFT que preside Gabriel Contreras, se puso de acuerdo con la Profeco, que lleva Lorena Martínez, para arrancar con el decálogo y un mecanismo virtual de quejas.

La  “Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” es un avance, pero hasta en tanto los lineamientos que establezca el IFT sobre índices y parámetros de calidad, no cuenten con herramientas al alcance del usuario para demostrar el mal servicio y denunciarlo, difícilmente se traducirá en que el servicio mejore calidad y precio derivados de la reforma.

El mejor punto del decálogo es el que supone que un usuario podrá solicitar la “bonificación del servicio que recibe si no se presta conforme a la calidad y condiciones convenidas en el contrato, o por fallas o cargos indebidos”, pero si la misma herramienta “Soy Usuario”, que pretende empoderar a los consumidores, no incluye mecanismos para medir o documentar la calidad, contrastar el engaño entre precios contratados y precios pagados, medir y documentar la velocidad de datos transferidos contra la contratados, difícilmente será útil para fines de protección al consumidor y sanción por incumplimiento.

Además, #SoyUsuario no sustituye la obligación  constitucional y legal que tiene Profeco para poner en marcha la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, instancia frenada por falta de presupuesto.

Sin duda el decálogo contribuirá a elevar la calidad de los servicios móviles de telecomunicaciones, pero si el IFT no define los parámetros de calidad y empodera al usuario para que pueda reclamarlos, o no arranca la licitación de más espectro para que la saturación no sea la excusa de la caída de llamadas, difícilmente será creíble esta parte de la reforma. ¿O usted si lo cree?

DE FONDOS A FONDO

La terminalización de más de 70 mil tienditas de un universo de 750 mil en el país, realizada por el servicio de pagos Quiubo de Grupo Bimbo, que preside Daniel Servitje,
y Blue Label México, que encabeza Hortensia Contreras, encontró un nuevo socio además de Visa México, que lleva Luz Adriana Ramírez

Quiubo fue invitado a sumarse a The Better Than Cash Alliance (TBTCO), que dirige Ruth Goodwin-Groen, uno de los mejores aliados mundiales para facilitar la penetración de medios de pago electrónico en entornos no bancarizados, pues facilita un registro detallado de las operaciones, ventajas y fomenta la digitalización de pagos en efectivo.

Y mire que normalmente TBTCO invita a gobiernos a participar en las estrategias globales de inclusión financiera pero, la experiencia de Quiubo lo ha vuelto un caso de estudio y parther incluyente a nivel global.

Actualmente, en México hay más de 700 mil tienditas que necesitan acceder a tecnología de punta, que les permita obtener ventajas frente a sus competidores, pues en este canal tradicional se realizan más de medio millón de transacciones mensuales con tarjetas de crédito, débito y vales, en beneficio de más de cinco millones de usuarios de vales electrónicos que pueden usarlo más allá del supermercado.

La Allianza Better Than Cash (ABTC), fue fundada por la Fundación Bill y Melinda Gates, Citi, la Fundación Ford, Visa MasterCard, USAID, entre otros, el Fondo de Desarrollo de la Capitalización de la ONU funge como la secretaría técnica, y el FMI ha avalado los procesos donde participa por su transparencia en materia de pagos.

Están por darse a conocer los resultados de las auditorías financieras y de desempeño a las concesiones de OHL México, que preside José Andrés de Oteyza y dirige Sergio Hidalgo, y le puedo decir que prácticamente están coincidiendo las externas con las internas y las ordenadas por Función Pública de Virgilio Andrade.

Lo curioso es que los “acusadores” mediáticos no les han interpuesto acción judicial, pese a que tanto Pedro Topete como responsable de Tecnología Aplicada Infraiber como Paulo Diez, su asesor jurídico,  han perdido todas y cada una de las denuncias presentadas para intentar “recuperar”  el contrato millonario por 20 años para instalar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA) en todas las carreteras del Edomex, contrato que no entró en vigor porque no contaba ni cuenta con un sistema de verificación de aforos, además de que resultaba carísimo (50 centavos contra 14 centavos por cruce promedio).

Por otra parte, la razón por la que Infraiber ha perdido las demandas es que incumplió con los requisitos legales de su propio Contrato Marco con el Gobierno del Estado de México. Nunca entregó en tiempo y forma la documentación necesaria

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