Penales federales: ¿eficiencia del gasto público?

Y ahora dicen los de la DEA que todo se lo dijeron a las autoridades de Seguridad Nacional y… lo que es evidente es que a los penales federales de la administración del presidente Enrique Peña no se les ha escatimado presupuesto, aunque equivale a una octava parte de lo que recibe el Departamento de Justicia de Estados Unidos (ocho mil 500 millones de dólares en 2015) para la administración del Sistema Penitenciario Federal.

Los recursos del gasto federal destinados al sistema de penales federales en México para 2015 ascienden a 16 mil 991 millones de pesos (mil 75 millones de dólares) pues recordemos que en el decálogo de objetivos a alcanzar para lograr un México en paz, una de las prioridades fue  fortalecer el Sistema Penitenciario Federal, considerando que la fuga de reos era (y es) una de las expresiones más claras del binomio corrupción-impunidad.

De ese total se destinan 13 mil 300 millones de pesos a gastos de operación y el resto a pagar empleados de un sistema integrado por 17 penales federales, de los cuales el número uno por ser el de élite y certificación de Estados Unidos y Canadá, es el de El Altiplano o Almoloya, que se supone era “el más seguro”.

Lo que si está incluido en los gastos de operación y registrados en la Cuenta Pública, son el “reforzamiento de paredes” y la modernización del sistema de video vigilancia, circuito cerrado, corte de señales de radiodifusión, control de accesos, resguardo de celdas de alta seguridad, brazaletes electrónicos (pero hoy nos enteramos que sin GPS y que son de plástico, pues se quitan tan fácilmente que El Chapo lo dejó sobre la mesa antes de fugarse del penal).

Considerando lo anterior y el hecho de que en el presupuesto de los últimos tres años se mantiene en alrededor de 17 mil millones de pesos, 130 por ciento más que en los tres primeros años de Felipe Calderón, la eficiencia de ese gasto y aumento del presupuesto público está en duda.

Es posible que el proceso de “depauperización del sistema penitenciario”, en el que crece el número de reos a un ritmo que rebasa la de los penales construidos y sus capacidades de vigilancia y retención, por lo mismo, también aumenta las capacidades de corrupción de un capo que cobra mucho dinero sin pagar impuestos.

Pero lo que no es explicable aún, es que dos puntos ciegos permitieron la construcción de un túnel por más de 12 meses, que llegó justo a la celda del capo más buscado, apresado y fugado del país y, hasta ayer, sólo tres “cesados” pero ningún detenido y consignado. ¡Hum! ¡Ah, eso sí!, derechos humanos no deja vigilarlos en el baño, y ese, es otro tema….

DE FONDOS A FONDO

En la batalla que se libra contra la introducción ilegal de acero proveniente de China, Rusia, India, Corea y Ucrania, hay un actor que ha sido fundamental en esta guerra.

Se trata de los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria Metalmecánica y Siderúrgica, que encabeza Tereso Medina Ramírez, miembro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Por ello, el líder sindical pedirá que sean invitados con lugar permanente, a la mesa de negociación que se instalará por parte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Manuel Herrera Vega, para conciliar propuestas y acciones en conjunto con la Secretaría de Economía, que lleva Ildefonso Guajardo.

Y por si fuera poco, Medina está invitando a que se sume al Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria Metalmecánica y Siderúrgica, otros sindicatos “interesados” a su petición: anote automotriz, aeroespacial, minería y autopartes, y le adelanto que la integración de este singular bloque sindical, no será únicamente para los afiliados a la CTM.

El sindicato se ha reunido desde luego con las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), que preside Guillermo Voguel, pero también ya se acercó a algunas mineras, como es el caso de Peñoles, que dirige Sergio Fernando Alanís Ortega; la AMIA, que encabeza Eduardo Solís, con los que la finalidad es analizar a detalle los daños colaterales para sectores más allá del acerero.

La intención del SNTIMS es conformar un gran frente en defensa de sus fuentes de trabajo, pues Medina intuye que la conservación de sus  más de 500 mil empleos pasa por cerrar filas con los empresarios, e incluso analiza extender la alianza con empresas y obreros de otros países afectados por la competencia desleal en la industria del acero.