Cofece, sanciones a transportistas de Chiapas

Bien por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Alejandra Palacios, porque impuso una multa de 26.6 millones de pesos a siete empresas de autotransporte de pasajeros de Chiapas, por haberse coludido, entre 2010 y 2014, para manipular los precios y restringir sus servicios en las rutas Tuxtla-Comitán y Tuxtla-Tapachula, lo que se tradujo en un incremento en tarifas en detrimento de las personas de menores ingresos, y justo en Chiapas que es el estado que se mantiene en primer lugar en cuanto a número de pobres. La Cofece explicó que en 13 municipios afectados por la colusión habitan 653 mil personas en situación de pobreza moderada y casi 290 mil en pobreza extrema.

Las empresas sancionadas son Sociedad de Autotransporte de Pasaje Teopisca, San Cristóbal y Villa de las Rosas; Autotransportes y Servicios Turísticos Balun Canan; Organización de Transportistas Emiliano Zapata de los Altos de Chiapas; Zuriel; Ómnibus Cristóbal Colón; Autobuses Expreso Azul y Autobuses Valles de Cintalapa.

Lo que sorprende es que la sanción sea de 26.6 millones de pesos, cuando la propia Cofece estimó el daño  generado por esta práctica en 43 millones de pesos, aunque explicó que la sanción se calculó conforme a la capacidad económica de cada empresa, de acuerdo a lo que marca la ley.  Habría, desde luego, que modificar la ley porque si las empresas son capaces de generar un daño tan elevado, deberían tener capacidad para pagar las sanciones o dejar de operar. En el caso de Chiapas, las empresas se comprometen a no continuar con su práctica de colusión y, seguramente, la Cofece hará un monitoreo, que bajen las tarifas al público en ambas rutas para beneficio de los habitantes de los 13 municipios.

PEMEX TERMINA PLEITO DE 14 AÑOS

Dos buenas noticias de Pemex. Por un lado llegó, finalmente, a un acuerdo de conciliación con Comproca, y sus socios SK Engineering & Construction y Siemens. Se trata de un viejo litigio por diferencias en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, en 1997.

Como se recordará, Pemex ya había llegado a un convenio con Siemens, en marzo pasado, y ahora también se hizo extensivo a SK Engineering.

El problema es que Pemex no informó sobre el valor monetario del acuerdo, aunque sí dijo que destinarán los recursos que reciba Siemens a un fideicomiso para proyectos para combatir a la corrupción, protección al medio ambiente y transparencia. El comité técnico que aclare la situación estará integrado por funcionarios de Pemex y Siemens. Y, en materia de transparencia, deberían empezar por informar a cuánto ascienden los recursos que se canalizarán a este fideicomiso.

COOPERACIÓN CON OCDE

La otra buena de Pemex es que Arturo Henríquez, director corporativo de Procura y Abastecimiento, firmó un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para adoptar mejores prácticas internacionales en la materia. La OCDE realizará un estudio sobre el modelo de Procura y Abastecimiento de Pemex y, además, habrá cursos de capacitación en diversos temas como transparencia, diseño de procedimientos de contratación y mitigación de riesgos de colusión.

PIDEN AUTONOMÍA PLENA DEL CONEVAL

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que dirige Enrique Cárdenas, publicó un interesante estudio sobre la ley reglamentaria del Coneval que está en proceso de ser aprobada en el Senado. De acuerdo con el CEEY, esta ley reglamentaria es insuficiente en su alcance porque no garantiza la autonomía del Coneval.

Lo que propone el CEEY es, en verdad, interesante en el marco de la polémica sobre modificar la medición de la pobreza que está impulsando Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Entre las propuestas del CEEY está una nueva estructura e integración del Coneval, para que tenga mayor fuerza, independencia y credibilidad y que sus recomendaciones sean vinculantes. También propone la creación de un consejo consultivo y que la elección de los consejeros se realice bajo mecanismos similares a los que prevalecen en otros organismos constitucionales que tienen autonomía.

Señala también que la política de desarrollo social debería tener el rango de política de Estado y profundizar en la reforma del Coneval.