Pemex debe acelerar farmouts y contratos

La decisión del Grupo de Calificaciones Corporativas de Moody’s, que encabezan las vicepresidentas Nymia Almeida, y en Brasil Marianna Waltz,  de poner en “revisión para una posible baja”  las calificaciones corporativas de Pemex (A3 en escala global y “Aaa.mx” para emisiones locales), es un elemento que obligará a la empresa productiva del Estado a meter el acelerador en la parte que le toca de la Reforma Energética.

Cierto es que a Pemex, que dirige Emilio Lozoya, le sucede los mismo que a Exxon o Shell en materia de flujo de caja y contracción de las inversiones proyectadas (Capex): contracción de flujo de caja y reducción de inversiones, pero tiene alternativas en la reforma que le permiten sacar entregables que mejoren su flujo y su capacidad para invertir.

La presión sobre el balance de Pemex es relativo: aunque el flujo (EBITDA) se ha caído en línea con la reducción de 60% del precio de la mezcla, alcanza y sobra para cubrir amortizaciones y el servicio de la deuda.

Y aunque la deuda se ha incrementado en 68%  al pasar de 57 mil millones dólares a finales de 2013 a cerca de 88 mil millones de dólares (esperados para 2015), la razón de deuda a EBITDA fue de 0.89%, y a junio está en 1.1 por ciento. ¡Es una relación saludable!

El problema es cuando se ve el Capex, pues con nueve mil 200 millones de dólares de flujo, difícilmente puede cubrir inversiones programadas de 15 mil 500 millones de dólares, a menos que le ayude el sector privado, no necesariamente el gobierno. O sea, ¡farmouts!

Moody’s se tomará tiempo para definir, pero sabe que si la empresa no le mete el acelerador a las asignaciones de la Ronda Cero, a los farmouts y a migración de contratos con carga fiscal distinta, simplemente ni Moody’s ni nadie, podrá ver viable a Pemex en el corto y mediano plazos.

No toda la chamba es de la Secretaría de Energía, de Pedro Joaquín Coldwell, o de la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray; la otra le toca a Lozoya y a su equipo productivo y de transformación industrial, entregar resultados; lo de vender activos… ¡déjeselo a ICA!

DE FONDOS A FONDO

Este miércoles 26 de agosto se dará un paso importante en el tema del acero chino importado con precio subsidiado. En la Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo, se oficializarán las salvaguardas a la importación de acero que aplicaría para las importaciones de países con los que México no tenga firmado un acuerdo de libre comercio.

La industria está en paz porque se comprobó que estas medidas no afectarán los precios finales de productos de consumo como autos o línea blanca, y la postura de la CMIC, de Gustavo Arballo, es similar.

El acuerdo no fue fácil, pero se logró gracias a la unidad alcanzada en la Canacero, que preside Guillermo Vogel, porque cerraron filas Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México (AHMSA); Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero; Máximo Vedoya, de Ternium México; Víctor Martínez-Cairo, de ArcelorMittal; Joseph Woldenberg, de Tubacero, y José Antonio Rivero Larrea, de Minera Autlán.

Después hubo que vencer resistencias en el gabinete económico, pero Ildefonso Guajardo hiló fino y logró sacar adelante la negociación, a la que le entró Manuel Herrera Vega, de la Concamin, quien acabó de cerrar las pinzas de los consensos. En fin, se niveló la cancha pues, para que no haya ventajas ilegales a los productores foráneos, en detrimento de la planta nacional.

¿Se acuerda del tema del dumping en la importación de fructosa  de Estados Unidos?, ahí las cosas no van bien. Resulta que la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPIC), de Víctor Manuel Aguilar Pérez, no dio respuesta a la solicitud para iniciar la investigación solicitada desde abril pasado, para corroborar la venta en México de la fructuosa por debajo del costo de producción.

Vamos, ni siquiera ha iniciado el análisis para la posible aplicación de tarifas correctivas, a pesar de que los solicitantes, las empresas Metco, de Héctor Álvarez, y Sucroliq, de Enrique Bojórquez –quien, por cierto, también es presidente de la AMFE–, entregaron toda la información que se les solicitó. 

La respuesta la debieron de haber dado el 10 de julio y es hora que no hay respuesta. Ante esto, Metco y Sucroliq obtuvieron un amparo de un juez, con el que se solicita a la Secretaría de Economía, que encabeza Ildefonso Guajardo, dar una respuesta en 15 días hábiles, que se cumplen la próxima semana.

En Estados Unidos, la tonelada de fructosa grado 55 se vende en 780 dólares, mientras que en México la venden a 350 dólares y, se usa para sustituir azúcar refinada en la industria refresquera.

El efecto es: cañeros pierden 350 millones de dólares, pues dejan de consumirse en México un millón de toneladas, y de pilón se tienen que negociar cupos con Estados Unidos, para que sus refinadores sean felices.