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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha llegado al tercer año de su aministración, y durante este tiempo, no ha podido concretar la tan anunciada reforma en materia sanitaria encaminada a que los mexicanos logren un real y efectivo acceso a los servicios de salud con calidad y calidez.
A pesar de que desde el inicio de la administración, la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, planteó que ya se había empezado a trabajar en un proyecto que implicaría separar la parte del financiamiento y la de prestación de servicios, mediante la creación de un fondo único de impuestos generales, a tres años de distancia, la propuesta no se ha aterrizado, y ni mención se le hace. Tampoco se ha hecho oficial si el proyecto se ha desechado y se trabaja en una nueva propuesta.
De cara al Tercer Informe de Gobierno, de hecho, en las redes sociales ha estallado el rumor de la privatización de los servicios de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Sin embargo, la propia Secretaría de Salud, junto con el IMSS y el ISSSTE, que en conjunto atienden a 99 millones de personas al ser las tres más grandes instituciones públicas de salud en el país, han rechazado de manera tajante la privatización de los servicios.
Al contrario, han reiterado que el compromiso de la actual administración es ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, en medio de una andanada de presuntos casos de negligencia médica que han venido a poner de manifiesto la heterogeneidad que persiste en el sistema de salud en estos primeros tres años de gobierno y que se traduce en la existencia de establecimientos carentes de los más mínimos insumos en los que se tiene poco o nulo apego a los protocolos para garantizar la seguridad en la atención de los pacientes.
Ha quedado registrado en casos, como el ocurrido apenas en junio pasado, en Sonora, en el que médicos del IMSS extirparon por error el ojo de un bebé cuando debían quitarle un tumor del otro ojo. También en la muerte de dos bebés en Chiapas a causa de una bacteria que adquirieron por el mal manejo de la vacuna que les aplicaron. En medio de este escenario, alejadas del discurso de crear un sistema universal de salud como al inicio de la administración, las autoridades sanitarias sólo se han referido en el último año a las acciones que tienen que ver con el tema de la portabilidad y el intercambio de servicios entre instituciones.
Incluso se esbozó ya un nuevo esquema inédito en el IMSS para la atención de la diabetes por parte de los servicios privados. Sin hacerlo oficial, fuentes consultadas por Excélsior confirmaron apenas en junio pasado que el Instituto, junto con el Sindicato, diseñaron un proyecto piloto que se estaría usando por vez primera en México y complementaría la atención que se brinda en las clínicas del IMSS al incorporar a 16 mil de los cerca de 3 millones de pacientes diabéticos que se atienden en el Seguro Social.
Por otro lado, lo que se ha logrado concretar este año es el nuevo esquema que obliga a todos los estados a abrir en la Tesorería de la Federación cuentas específicas para el pago de medicamentos que se financian por medio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con el fin de que los recursos se puedan ejercer para un fin distinto. En el último reporte, la Secretaría de Salud reveló que se han depositado en las cuentas de la Tesofe más de tres mil 700 millones de pesos para tal fin, en cumplimiento de las modificaciones a la Ley General de Salud realizadas en el primer semestre del año pasado.
