Víctor Beltri

Víctor Beltri

3 Sep, 2015

Zonas económicas especiales

Es interesante la propuesta de las zonas económicas especiales, realizada el día de ayer por el presidente Peña en su Tercer Informe de gobierno. En palabras del hoy secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, cuando se desempeñaba como director de Bancomext, “dichas zonas estarían en el Corredor Inter-Oceánico en el istmo de Tehuantepec, en Puerto Chiapas, cercano a la frontera con Guatemala, y otra más en los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, entre Guerrero y Michoacán”.

El ejemplo a seguir, al parecer, es el de China, que a finales de la década de los setenta surgieron para atraer inversiones de empresas nacionales y extranjeras, ofreciendo incentivos en zonas específicas para propiciar la llegada de los grandes capitales, acelerando de esta manera el crecimiento y la promoción de exportaciones. El modelo requiere de una ubicación geográfica estratégica, y en China se designaron, a tales efectos, regiones costeras con acceso a puertos, redes de transporte y grandes centros económicos.

Hace sentido, sin duda. Los puertos son un polo de desarrollo, tanto por los servicios que crecen en torno a su operación como por las posibilidades de integración logística y crecimiento económico para el hinterland, la zona aledaña. Como es evidente, el modelo se potencia si existe una red de transporte que una al puerto con un gran centro económico: las empresas que se establezcan en la zona necesariamente florecerán al amparo de las condiciones formadas.

Es una idea estupenda, cierto, para los países que cuenten con puertos, redes de transporte y grandes centros económicos, condiciones que, lamentablemente, no se cumplen en la actualidad en las zonas que se pretenden beneficiar con este modelo. Y ese no es el mayor problema: a final de cuentas las capacidades pueden desarrollarse, las carreteras pueden construirse, los grandes centros económicos pueden alcanzarse.

En México, los empresarios tienen que cubrir dos clases de impuestos, que llamaremos formales e informales. Los formales serían aquellos previstos por la ley, mismos que se reflejan en el actuar de la hacienda pública y en los servicios provistos por el Estado; los informales son todas aquellas salidas producto de ineficiencias en el sistema, actos de corrupción y delincuencia.

El problema es que los primeros, los formales, no están diseñados para promover el crecimiento y equilibrar la economía, sino que atienden a fines meramente recaudatorios. Ciertamente no son tan elevados como los de otros países, pero la comparación se derrumba ante la deficiencia de los servicios que se reciben a cambio. Por otro lado, la cantidad de salidas informales a las que se ve sujeto cualquier empresario es brutal: la corrupción campante en todos los niveles, la pérdida de tiempo de cada trámite, los moches en los contratos, el costo de la seguridad, el derecho de piso de la otra delincuencia organizada, las extorsiones y secuestros, los sindicatos charros.

¿Quién querría establecerse en las zonas económicas especiales, además, con la falta de gobernabilidad que impera? ¿De dónde van a sacar la mano de obra calificada, si la irresponsabilidad de los maestros y la estulticia de los gobiernos han asfixiado el sistema educativo? ¿Qué empresario, en su sano juicio, va a arriesgar su capital ante la realidad de los camiones repartidores incendiados?

La propuesta de las zonas económicas especiales es buena, pero de nada servirá si no se atienden en paralelo los problemas más acuciantes de nuestra sociedad: la corrupción y la falta de Estado de derecho. Sin acciones contundentes al respecto, un programa de estímulos destinado a esas zonas, a tres años del 2018, suena sospechosamente electoral.

vbeltri@duxdiligens.com

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