Mezcla mexicana de petróleo para 2016, demasiado optimista

La estimación del precio de la mezcla mexicana de exportación para 2016 que presentó ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es de 50 dólares por barril, es decir, un dólar superior a 49 dólares a los que se contrataron las coberturas petroleras para el año próximo y que cubren 212 millones de barriles para la mezcla mexicana de exportación.

Aunque hay una fórmula que utiliza cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la estimación de la mezcla mexicana y que supuestamente es inamovible, en la práctica cada año los legisladores realizan ajustes generalmente al alza tomando en cuenta entre otros factores los precios del crudo de los mercados a futuro.

El problema es que en la difícil coyuntura actual del mercado petrolero lo único cierto es que prevalecerá la volatilidad en los precios y sería muy arriesgado que los legisladores pretendieran ajustar al alza la meta de la mezcla mexicana.

Los 50 dólares por barril para 2016 parecen demasiado optimistas porque la SHCP está esperando que se recuperen de los precios actuales lo que se ve más que difícil porque aún no se levantan las restricciones a las exportaciones de Irán y porque ni Europa ni China y los países asiáticos tienen expectativas de una sustancial recuperación económica para el próximo año.

Por lo pronto, ayer la mezcla mexicana volvió a romper la barrera de 40 dólares al cerrar en 39.50 dólares por barril (dpb) y, aunque está por debajo de su nivel mínimo en el año que fue de 33.4 dpb, el precio hoy está diez dólares abajo de la meta de 50 dpb esperada para 2016.

El gran riesgo si se aprueba el presupuesto de 2016 con una meta de 50 dpb y los precios de la mezcla mexicana siguen en los niveles actuales es que en el primer trimestre del año próximo, el gobierno tenga que hacer un ajuste adicional al gasto público como ocurrió éste año.

Para 2016 el ajuste que se propone es de 221 millones de pesos, monto equivalente a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y evidentemente un ajuste mayor en el gasto repercutiría en forma negativa en la meta de crecimiento del PIB que la SHCP fijó en un rango de 2.6 a 3.6 por ciento.

LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO

Entre las buenas medidas del paquete económico 2016 destaca la decisión de adelantar la liberación en la venta de gasolinas que iniciará a partir de enero.

El próximo año arrancará también el mercado eléctrico mayorista (MEM), que en su primera etapa beneficiará a los usuarios que consuman más de dos Mw al mes y a partir de 2017 baja a un Mw ampliando el universo de empresas que serán beneficiadas.

Desde luego, para Pemex implica un reto adicional a su ya de por sí compleja situación por la caída en los precios del crudo y el ajuste en su presupuesto.

El reto para Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), es mejorar su relación con los franquiciatarios porque en el marco de la nueva competencia, el precio y el servicio serán los factores que marquen la diferencia en la venta de combustibles.

La competencia se irá incrementado gradualmente en 2016 conforme las nuevas franquicias inicien operaciones y la liberalización en la venta de combustibles será también gradual porque habrá un periodo de transición en el cual habrá precios mínimos y máximos de venta de gasolinas.

La banda de fluctuación estará ligada al precio internacional WTI para proteger a los consumidores mexicanos en caso de un alza abrupta en las cotizaciones del crudo.

Desde luego –ni lo dude– la mayor competencia, aunque acotada con los precios tope, beneficiará a los usuarios y habrá menores precios y mejor servicio.

¿Y LOS PASIVOS LABORALES?

Aún no sale humo blanco en las negociaciones entre Pemex y su sindicato para reducir sus pasivos laborales.

El tiempo apremia y se afirma que es ya cuestión de horas para el anuncio del arreglo. Ojalá así sea porque realmente en las manos del sindicato está hoy el futuro de la empresa. Los pasivos laborales ascienden a 1.2 billones de pesos lo que significa que una reducción de diez por ciento implicaría que el gobierno asumiría como deuda pública 120 mil millones de pesos y mejoraría la situación financiera de Pemex.