Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates

Maricarmen Cortés

30 Sep, 2015

Zonas especiales: beneficios fiscales y mayor seguridad a inversiones

La iniciativa para la ley federal de Zonas Económicas Especiales, que envió el presidente Peña Nieto al Congreso, incluye datos duros que demuestran por sí mismos la importancia de aprobar estímulos fiscales que fomenten la inversión en los estados del sur del país que concentran los mayores índices de pobreza, marginación y desigualdad social.

El PIB per cápita en Chiapas, Oaxaca y Guerrero representaban 52.7% del promedio a nivel nacional, pero en los 20 años siguientes, se agudizó la desigualdad para bajar a 46.2% mientras que la pobreza patrimonial se incrementó de 71.8 a 72.2 por ciento.

En el sur de México se localizan 60% de los municipios con niveles de marginación alto o muy alto, frente a 2.2% en los estados de la frontera norte.

Lógicamente son también los tres estados con mayor nivel de informalidad, con 79% del total de trabajadores frente al problema nacional de 57.8% y 45.4% del norte del país.

Lo que se busca con las zonas económicas especiales es romper los círculos viciosos que han frenado el crecimiento, como son incertidumbre para la inversión, infraestructura deficiente, pobre productividad, violencia y gran rezago educativo.

Las propuestas son estímulos fiscales; un régimen aduanero especial; agilidad en trámites regulatorios; mejores condiciones de financiamiento por bancos de desarrollo; planeación urbana, desarrollo de infraestructura y mayor seguridad.

JURISDICCIÓN FEDERAL EN ZONAS ESPECIALES

La iniciativa adiciona también el artículo 9 a la Ley General de Bienes Nacionales, ya que los bienes inmuebles federal que se establezcan en estas zonas estarán sujetos al régimen de domino público de la ley Federal. Cada zona tendrá un administrador integral y se garantiza que habrá una ventanilla única y que se agilizarán los trámites de aprobación de los proyectos.

Aunque en principio todos los partidos políticos están a favor de un mayor y más igualitario crecimiento, sí hay riesgo de que se politice la discusión en el Congreso, porque la jurisdicción en estas nuevas zonas especiales estará a cargo del gobierno federal, por lo que se requiere que se aprueben convenios con los gobiernos estatales y municipales.

Aunque la SCHP lleva la batuta, se creará una Comisión intersecretarial en la que participarán Segob, Sedesol, Semarnat, Secretaría de Economía, Sagarpa, SCT, Sener, Secretaría del Trabajo, Sedatu y el IMSS.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Las zonas especiales serán autorizadas por la SHCP —previo convenio con los gobierno, estatal y municipal— en las diez entidades más pobres del país de acuerdo a datos del Coneval y en localidades entre 50 mil y un máximo de 500 mil habitantes que estén ubicadas cerca de puertos, corredores interoceánicos, ferrocarriles o aeropuertos.

Para facilitar la participación del sector privado y social de cada zona, se creará un Consejo Consultivo en el que  intervendrán representantes de organizaciones sociales y empresariales, así como de instituciones de educación superior.  Será el sector privado, en principio, el administrador integral de cada zona, aunque se prevé que la SHCP pueda iniciar el desarrollo de la zona, o asumir la operación y administración en un periodo no mayor de tres años, mientras se designa a un nuevo administrador.

SANCIONES EN UDIS

Un dato interesante es que la iniciativa establece un régimen de elevadas sanciones en caso de que exista incumplimiento del plan maestro que se presentará para cada zona, o de que se pretendan desarrollar zonas sin asignación o autorización. Las multas pueden ir de tres mil a un millón de Udis, con posibilidad de duplicar la sanción en caso de reincidencia. Y es la primera vez que en una nueva ley se establece un régimen de sanciones que no está ya ligado a salarios mínimos, sino a Udis, aunque lo ideal, desde luego, sería que estuviera ligada a las nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA) que, desde el año pasado, fue propuesta por el presidente Peña Nieto al Congreso  de la Unión, pero aún no ha sido autorizada por el Senado.

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