¡Madame Lagarde quiere repetir!

LIMA.— Uno de los asuntos que ha generado levantón de cejas entre los países emergentes y en desarrollo fue la decisión que se comunicó hace unos días de “extender por un año más” el periodo de vencimiento de los programas de financiamiento del FMI a algunos miembros que acusan crisis. El caso concreto dirigió la mirada a Europa.

Y es que la duración normal de los programas es de cuatro años, con un periodo de repago similar, pero hay alguno que tiene un periodo de repago de diez años y generalmente va para países pobres altamente endeudados, no para los que son supuestamente avanzados.

Sin embargo, pareciera que se anticipa la posibilidad de que el  programa con Grecia tome estas características, por la dificultad que tienen algunas naciones avanzadas de moverse rápido, o como en el caso de la Línea de Crédito Contingente, que se supone estaría vigente dos años, se prolongó otros dos para México y Polonia, de cara al contexto de incertidumbre ligado a la expansión monetaria de los países avanzados y, la decisión de estas naciones de no constituir, como otros, grandes montos de reservas internacionales que en su momento fue muy criticado.

En fin. La falta de ortodoxia y la capacidad de adaptación para ser amigable, puntual, ágil y efectiva la política de asistencia del FMI, parece que tiene target.

En cuanto a la posibilidad de que repita como directora gerente del FMI, la abogada francesa no dudó en responder al Financial Times “que ésta podría ser su última asamblea anual”,  dado que su periodo de cinco años concluye en julio de 2016.

Sabedora que eso depende de la membresía, se dijo pronta y dispuesta a seguir sirviendo en el cargo, aunque ella no podía realizar su propio llamado.

Pero no contestó a la pregunta de si no era el momento ya de que el próximo director gerente fuera una persona proveniente de los mercados emergentes.

DE FONDOS A FONDO

Edgar Pereda Gómez, presidente de la CIRT, acudió ayer al pleno del IFT para entregar un estudio sobre la viabilidad de la radio en nuestro país. El documento concluye que es indispensable que el IFT cuente con una política integral para la radiodifusión sonora, ya que entregar nuevas concesiones en FM y reducir la distancia de 800 a 400 KHz entre emisoras en esa banda, puede, en muchos casos, generar condiciones adversas para la estabilidad técnica, programática y económica de la radio.

Entregar más estaciones sin una política precisa, generará pérdida de empleos, pero también significa que las emisoras que no resistan la presión del mercado se verían obligadas a vender a las grandes cadenas, a modificar contenidos o incluso ceder el control editorial de sus programas, como ha ocurrido en otras latitudes.

Por mandato constitucional, el Estado mexicano, del que forma parte el IFT, debe fomentar la economía de cada ciudad. Dejar al libre mercado “que sobrevivan los mejores” causaría efectos en la Libertad de Expresión y la vida democrática. Se sabe que una industria económicamente autónoma es editorialmente libre, dice entre otras cosas el estudio que la CIRT encargó a consultores en derecho y economía.

Ya le decía que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), le preocupa el convenio bilateral entre México y Estados Unidos. Y es que la cláusula 8.8 del bilateral intenta formalizar una apertura “sin restricciones” que se extiende a la prestación de servicios intermodales, a través de medios de transporte de superficie, incluyendo autotransporte de carga, marítimo, fluvial y ferroviario. Esto significa que las aerolíneas extranjeras de carga como FedEx, UPS, o DHL podrán, no sólo efectuar su transportación de paquetería como ya lo hacen, sino ahora realizar su propio transporte terrestre de carga dentro del territorio nacional. La desigualdad viene porque los derechos para efectuar transporte terrestre o de superficie no se aplicarán de la misma forma en México que en EU. Esto ha prendido aún más las alertas de la Comisión de Comunicaciones y Transporte en el Senado, que lleva Javier Lozano, pero también en la Cámara de Diputados. El diputado Alfredo Rodríguez Dávila, presidente de la Comisión de Transporte, ya se reunió con los representantes del sector, pues de aprobarse el convenio bilateral estaría por encima de cualquier ley de servicios intermodales que se presente en esta legislatura afectando a la industria nacional. Por lo pronto, la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, ya ofreció un side letter para tratar de remediar esta deficiencia que al parecer nadie había visto en noviembre pasado, cuando se negoció el bilateral.