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CIUDAD DE MÉXICO.-El sector privado mexicano consideró que el paquete de estímulos aprobado por los diputados y los senadores en la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para 2016 permitirá detonar el crecimiento económico, pero no en la medida de las necesidades.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), coincidieron en que los incentivos que entrarán en vigor el siguiente año harán que el país alcance un ascenso cercano a tres por ciento, sin embargo reconocieron que se requiere de un avance de al menos cinco por ciento anual.
“El paquete de estímulos que se logró concretar para 2016 va en el sentido correcto de estimular el crecimiento económico, pero tenemos que reconocer que todavía hay que trabajar en mejorarlo porque el país tiene la necesidad de crecer a mayor ritmo”, refirió Gutiérrez Candiani.
Lo bueno
De acuerdo con los dirigentes empresariales, lograr la deducción inmediata de las inversiones será positivo para atraer inversiones y multiplicar las reinversiones, lo que se traducirá en la generación de fuentes de trabajo. Este incentivo aplicará a partir de 2016 para las empresas con un monto de los ingresos de hasta 100 millones de pesos.
Una medida que impulsará el mercado interno consideraron que será el poder deducir impuestos por gastos personales para personas físicas equivalentes al 15 por ciento en el monto de los ingresos y la deducción del 100 por ciento de la incapacidad emitida por instituciones del Sistema Nacional de Salud y no sólo por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Lograr que el monto para que los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) no expidan comprobantes fiscales sea 250 pesos a partir del siguiente año será una medida que atraerá a las unidades económicas de menor tamaño a la formalidad, de acuerdo con los representantes de las cúpulas privadas más importantes en el país.
Otros incentivos que entrarán en vigor serán el límite de cinco mil pesos en el monto que sirve de base para que los pagos por erogaciones, por compras e inversiones se realicen mediante transferencia electrónica de fondos. Y la deducción de inversiones en automóviles hasta por un monto de 175 mil pesos.
Lo malo
Los líderes empresariales coincidieron en que se quedó en el tintero uno de los incentivos con mayor potencial de detonar el consumo interno, que fue incrementar la deducibilidad a 100 por ciento de las prestaciones sociales adicionales al salario, como vales de despensa y gasolina, seguros de gastos médicos, cajas y fondos de ahorro, planes de pensiones compensatorios, gratificaciones anuales, horas extra, bonos de productividad, primas vacacionales y utilidades.
Y es que la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 trajo consigo la reducción de la deducibilidad de las prestaciones sociales a 53 por ciento, lo que incrementó ocho por ciento el costo laboral por empleado.
Los empresarios destacaron que con el aumento de la deducibilidad, las empresas tendrían recursos disponibles para generar más empleos puesto que se reduciría el costo laboral, además de que mejorarían las prestaciones sociales otorgadas a los trabajadores, lo que incidiría en el consumo interno.
Lo feo
Se revirtió la propuesta de que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagarían las bebidas saborizadas que tuvieran hasta cinco gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros fuera 50 por ciento menor al vigente, es decir, 50 centavos y no un peso.
Los representantes de la iniciativa privada coincidieron en que con esta decisión se eliminó un incentivo que haría que la industria de bebidas azucaradas acelerara sus inversiones en investigación y desarrollo para cambiar sus fórmulas, lo que además permitiría al consumidor adquirir este tipo de bebidas con menor contenido calórico.
La posición de los organismos empresariales es que los impuestos tanto a las bebidas azucaras como a los alimentos con alto contenido calórico han sido sobrevalorados como solución al combate de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, pero no tienen un impacto real en la reducción de su prevalencia y traen consigo una serie de efectos negativos en la sociedad como la reducción de sus ingresos al tener que pagar más por ellos.
