Ley Profeco, ¡se pone calientita la discusión!

Cuando de política se trata, nada mejor para “mover” una iniciativa “con alto impacto económico” que un “político”. Usted verá. Si bien la atención se centró en días pasados en el presupuesto, hay una iniciativa que tiene a muchas cámaras y organizaciones empresariales del CCE, que encabeza Gerardo Gutiérrez, Candiani, con los pelos de punta.

Le cuento: el 15 de octubre de 2015, los senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Héctor Larios Córdova, Miguel Barbosa Huerta, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Ricardo Urzúa Rivera, Braulio Fernández Aguirre y Miguel Romo Medina (PRI, PAN, PRD) presentaron al pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, que preside Héctor Larios, y de Estudios Legislativos para su análisis y se encuentra pendiente de dictamen.

En realidad es la #IniciativaLorenaMartínez, pues la titular de la Profeco, la quiere dejar lista antes de buscar que el PRI la postule a la gubernatura de Aguascalientes, donde su corazón late fuerte y el  partido impulsa mujeres capaces y líderes para cumplir con la “cuota de género”.

Mire, el proyecto en mención ha sido objeto de promoción por parte de la Profeco desde el mes de abril, cuando lo presentó en distintos foros empresariales e incluso en las cámaras de Diputados y Senadores. Llama la atención que por ejemplo, el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, poco lo menciona.

¿Por qué se preocupa el sector privado? Dicen los abogados que el proyecto enfrenta falta de consistencia y de facultades propias e invade facultades de otras instancias al interior del Ejecutivo, pues otorga a la Profeco facultades de investigación, verificación e inmovilización de productos relacionados con salud (Cofepris, de Mikel Arreola), con seguridad de servicios de suministro de energía (CRE, de Francisco Salazar; CFE, de Enrique Ochoa, y Pemex, de Emilio Lozoya), con alimentos (Senasica, de Enrique Sánchez), así como con publicidad de productos y que va dirigida a grupos sensibles, como menores de edad y discapacitados (Segob, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, e IFT, que preside Gabriel Contreras), además de buscar que el cobro de multas sea patrimonio de esta institución y no de la SHCP, que encabeza Luis Videgaray. Bueno, ni siquiera las cuotas de supervisión que se aumentaron en esta miscelánea fiscal en el cado de la CNBV, que preside Jaime González Aguadé, y las del IFT, pueden ser patrimonio o ingreso de las agencias, lo que ha debilitado de manera particular su capacidad de retener talento.

El sector empresarial tampoco apoya el proyecto, debido a la ausencia de certeza jurídica, que implica fundamentalmente el tema de sanciones (pretende incluir cobro de acuerdo con la capacidad económica de cada empresa), reincidencia (por razón social y sin acotar establecimiento o punto de venta), medidas de apremio (que sanciona incluso con prisión), intervenir en la definición contratos de adhesión después de ser autorizados por la misma institución, responsabilidad legal y administrativa de los comercios.

El conflicto final es que la agenda política de la titular de la Procuraduría es lo que está realmente presionando la agenda de discusión, pero se justifica su urgencia en función del volumen de denuncias no resueltas, para que se otorgue facultades de actuación a la Profeco, sin revisar los conflictos del procedimiento.

DE FONDOS A FONDO

Un vehículo aéreo no tripulado, (UAV, por sus siglas en inglés) también es conocido como VANT o dron a bordo. En México, de acuerdo con los criterios que regulan la operación de drones emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se distinguen tres tipos de drones: de hasta dos kg, de dos a 25 kg, y de más de 25 kg. Éstos últimos son los vehículos aplicados para labores de uso militar, cuya tecnología destaca por su efectividad para atender situaciones de emergencia, búsqueda de personas y labores de vigilancia.

Según estimaciones de Radiant Insights, los drones de uso militar y para consumo o entrenamiento serán los que tengan mayor impacto económico y de acuerdo con un estudio de Research and Markets, a escala mundial el valor del mercado de drones para 2018 será de ocho mil 351 millones de dólares, lo cual habla del potencial de mercado que tienen para todas industrias aéreas del orbe.

Regulados adecuadamente, los drones no sólo llegaron para quedarse, sino que en México se abre una gran ventana de oportunidad  para consolidarse como jugador clave dentro de este segmento.

En este contexto es relevante contarle que la empresa mexicana Seguritech, dirigida por Fernando Peña, líder en soluciones integrales de seguridad, y Safran, grupo internacional francés líder en alta tecnología de aeronáutica, defensa y seguridad, que lleva en México Daniel Parfait, firmaron un Acuerdo de Entendimiento para el desarrollo de aviones no tripulados y equipo de operación basado en el modelo más reciente Patroller, cuya función sería la vigilancia terrestre, marítima y seguridad nacional con una capacidad de duración de 20 horas de vuelo.