Mainbit y Vangent chantajean

La polémica que se desató alrededor de la emisión de pasaportes tiene un trasfondo, que toma forma a raíz de la presión que sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ejercen exproveedores que quieren retener un negocio de 65 millones de dólares.

Mainbit quisiera que la Cancillería le reasignara el contrato para el mencionado servicio, mismo que perdió ante el consorcio de Veridos, Giesecke & Devrient, El Corte Inglés, NEC, IECSA México, CAELUM Group y Seguridata Privada, en la licitación celebrada el pasado 24 de abril.

El argumento de la empresa de José Antonio Sánchez se centra en que el triunfador del concurso público, Veridos, perdió la base de datos con la información sensible y estratégica para fines de seguridad nacional de los ciudadanos, y que la suya es la única que la posee ahora.

Mainbit, en alianza con Vangent, de Ricardo Acuña, se adjudicó en 2012 el contrato para la emisión de los pasaportes y, además, como un servicio adicional solicitado por la SRE, albergar en su centro de datos toda la información y sistemas necesarios para la operación del proceso.

Pero la Estrategia Digital Nacional, que coordina Alejandra Lagunes, estableció como prioridad que la información relacionada con la seguridad nacional sea resguardada en centros de datos del gobierno federal, por lo que la SRE retiró ese servicio a los nuevos proveedores.

Adicionalmente, la dependencia de Claudia Ruiz Massieu solicitó al consorcio liderado por Mainbit y Vangent migrar los datos y sistemas en su poder hacia servidores propios de la Cancillería, mismos que hoy en día se encuentran bajo su tutela y no extraviados como anda diciendo Mainbit.

El mejor argumento de la SRE para demostrar que la información se encuentra en buenas condiciones y totalmente funcionales, es que, a mes y medio de haber iniciado la operación con el proveedor Veridos, se han emitido, entre renovaciones y nuevos documentos, 230 mil pasaportes.

Más bien la Cancillería debe centrarse en el riesgo que representan los datos de seguridad nacional en manos de las empresas privadas como Mainbit que, a pesar de estar obligada por contrato a deshacerse de la información propiedad del gobierno, al parecer no lo ha hecho.

Vienen acciones del equipo de Ruiz Massieu para solucionar este tema, específicamente de la Oficialía Mayor, porque, además de violar las nuevas disposiciones de la Estrategia Digital Nacional, se está empleando para presionar a la SRE con el fin de que reponga un proceso licitatorio.

URBI PIERDE

El viernes, Urbi confirmó lo que aquí le adelantamos desde el miércoles de la semana pasada, en el sentido de que el juez encargado de su concurso mercantil, Jorge Alberto Garza Chávez, concedió la última extensión a la que tiene derecho por ley para lograr sacar adelante su proceso de reestructuración financiera.

Son 90 días más que ahora vencen hacia el 4 de febrero. Le comentaba que la viviendera de Cuauhtémoc Pérez Román acusa signos de atraso preocupantes porque hay mucha información financiera, contable y administrativa desordenada. Le adelanto que Banorte de Carlos Hank González, BBVA-Bancomer de Eduardo Osuna, Banamex-Citi de Ernesto Torres, HSBC de Luis Peña y Santander de Marcos Martínez ya evalúan otros escenarios.

LAYNEZ, FIRME

Pues al final de cuentas todo indica que el Ejecutivo sí logrará imponer a un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata del exprocurador fiscal y actual magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Javier Laynez, quien sí fue incluido en una de las dos ternas que envió Enrique Peña Nieto.

De hecho, es la carta del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Laynez tiene altísimas posibilidades de relevar al ministro saliente Juan Silva Meza este mismo mes. Ya veremos si se le hace a Los Pinos.

RAMOS, ¿INEGI?

También sale este mes del Inegi Eduardo Sojo y, como sucedió en el caso de la Corte, hay preocupación de que otra vez se imponga un afín a Los Pinos.

La inquietud es mayor porque hay un debate en torno a la autonomía de los datos que aporta ese instituto y que chocan con los de la SHCP en cuanto al comportamiento real de la economía. Se dice que la actual subsecretaria de Economía, Rocío Ruiz Chávez, es la carta de Presidencia. Otro candidato que ya suena, y que podría imprimir más independencia, es el subgobernador de Banxico, Manuel Ramos Francia.

GOOGLE FALTA

Nada. El director de Google México, Lino Cattaruzzi, no se presentó la semana pasada a comparecer en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El ejecutivo fue emplazado por el jurista y activista ciudadano Ulrich Richter, por la investigación penal por usurpación de identidad, ilícito por el que se abrió la averiguación previa FAO/AO-4/T1/1509/14-09. Le recuerdo que Google se niega a bajar de su portal información falsa y denigrante que lastima la reputación del abogado. Se le pidió amistosamente a Cattaruzzi que lo hiciera y no accedió.