El rating y el apagón

Diversos miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión han sido particularmente puntuales en decir que no se oponen al apagón analógico como lo demuestra la gran inversión realizada por las dos televisoras abiertas para cumplir mucho antes de tiempo con la meta, sino que existe una preocupación porque haya partes de la población que puedan quedarse sin acceso a la televisión abierta aunque sea temporalmente.

Aquí es necesario hacer una serie de acotaciones.

Primero. La Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones establece desde hace ya prácticamente año y medio que el apagón se dará cuando la cobertura en cada localidad sea superior al 90%, lo que no se trata de un dato gracioso o inventado, sino que ha sido utilizado en prácticamente todo el mundo.

Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determina que se cumplió con este objetivo informa al IFT para que cuatro semanas después realice el apagón. La Constitución establece que el último día de este año la cobertura debe ser de por lo menos el 90% en todo el país, los últimos datos disponibles señalan que está en el 87 por ciento.

Segundo. Desde que se tomó la decisión en la ley se sabía que habría un efecto de baja en los ratings, que sería compensado en menos de un año de acuerdo con las afirmaciones que una y otra vez ha hecho el presidente del IFT, Gabriel Contreras, quien suele tomar como ejemplo lo que sucedió en España.

La explicación es muy sencilla. Antes de que se registre el apagón analógico las familias, particularmente las de menores ingresos, no tienen incentivos para cambiar sus equipos, puesto que requiere una inversión importante para la familia.

En segundo término, siempre que se realiza un cambio tecnológico las familias tardan en irse adecuando a los nuevos aparatos. Piense en el cambio de la televisión blanco y negro por la de color o cómo se han venido modificando las tecnologías del Beta, VHS, CD y ahora el Blu-ray. A pesar de que esta última forma de ver videos ya tiene más de un lustro, sigue coexistiendo con los CD’s.

Así, en una familia primero se cambia un aparato y después los demás en un lapso de renovación de equipos, lo que implica de una y otra manera que la forma tradicional de medir el rating debe considerar este cambio de única ocasión.

NEGOCIACIÓN

A pesar de que la posición de la CIRT y, en particular, de Televisa es que están preocupados por la posibilidad de que las familias no tengan acceso a la televisión abierta y puedan perderse de información o contenidos fundamentales, parecería que la afirmación no es tan precisa.

El padrón de entrega de aparatos de Sedesol, encabezada por José Antonio Meade, garantiza que aquellos mexicanos de menores ingresos tengan acceso a un aparato por familia pagado con cargo al erario, es decir, a los contribuyentes.

Sería impensable que para garantizar ratings se usaran recursos públicos para que las viviendas tuvieran dos o más aparatos.

No nos detendremos, por el momento, a considerar si el gobierno tiene la obligación de dar aparatos o decodificadores a la población de menores recursos. El argumento en contra siempre ha sido que se garantiza el acceso a los medios masivos de comunicación.

Si una familia tiene una televisión se cumple el objetivo de que esté informada y no se cumpla el miedo que dice tener la CIRT, lo contrario sería un paternalismo absurdo de buscar la comodidad.

Corresponde a las empresas de televisión abierta negociar con sus anunciantes para que comprendan la nueva realidad en la cual, temporalmente, disminuirá el número de televisiones receptoras, así como la nueva realidad que enfrenta el sector no por la televisión de paga, que se encuentra sobrevalorada, sino por la entrada de nuevos competidores como Grupo Imagen Multimedia y quien gane la licitación que anunció el IFT para el año próximo.

CONCLUSIÓN

Puede comprenderse la preocupación fundada por el acceso de las personas de menores recursos a la televisión abierta; sin embargo, debe comprenderse también que el proceso a la Televisión Digital Terrestre sí considera este acceso y también reconoce que tendrá un impacto temporal en los ratings, el cual será subsanado en un año a más tardar.

La posición de la CIRT desgraciadamente fue usada como pretexto por gente equivocada como Javier Lozano para presionar a la SCT y el IFT a que violaran la ley.