¿No está sobrevaluado?

Con una intención netamente política, el gobierno de la Ciudad de México y, específicamente, Miguel Ángel Mancera y Salomón Chertorivksy, tratan de mantener vigente la discusión sobre el salario mínimo y cómo hacerle para que brinque, por lo menos, a 82 pesos.

Hoy, cuando comience la sesión permanente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se incrementará la presión política que, al final, buscará generar una sensación de que el organismo que encabeza Basilio González no quiso aumentar el salario mínimo, para, de esa manera, usarlo políticamente en contra del actual gobierno, sin importar que se trata de un órgano técnico en el que también  participan trabajadores y patrones.

Sin embargo, se debe hacer una muy larga lista de consideraciones, antes de dar por buenas las estimaciones económicas, incluso aquellas que aparecen en un libro, que, por cierto, fue presentado el fin de semana pasado por el jefe de Gobierno en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Primero. La decisión aprobada por el Congreso de la Unión de desindizar al salario mínimo, que fue fijado por la Conasami como unidad de cuenta, aún no está vigente, puesto que se trata de una reforma constitucional que deberá ser aprobada por la mitad más uno de los Congresos estatales.

Dicho llanamente: No han cambiado aún las condiciones que privaron, indebidamente, durante muchas décadas en el país y, por lo tanto, la Conasami deberá seguir considerando el impacto que tiene en multas, recargos, actualizaciones, financiamiento a los partidos políticos o, incluso, a los créditos del Infonavit.

Hace unos días, el titular de la Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, estimó que el aumento al salario mínimo rondará un punto por encima de la inflación estimada. Podría quedar en 4 por ciento.

Segundo. ¿Cuál es el impacto real del salario mínimo? Ciertamente, es una referencia que tradicionalmente se utiliza en las revisiones contractuales, por lo que podría influir negativamente en los precios.

Aumentarlo por decreto implica más problemas que soluciones. De entrada, implicaría un repunte en la inflación que se encuentra en niveles históricamente bajos, lo que destruiría la capacidad de compra de las personas generando mayor pobreza.

Hacer un incremento al salario mínimo por decreto es una medida equivocada. De hecho, una gran cantidad de micro y pequeñas empresa no podría cumplir, si se les genera una presión en el nivel salarial. No se necesita un doctorado en economía para entender que la mayoría de las pymes viven al día y que por lo tanto un decreto en este sentido los orillaría a despedir trabajadores, quebrar o violar la ley.

¿QUIÉN GANA?

Tercero. Un tema relevante es preguntarse ¿cuánta gente gana el salario mínimo fijado por la Conasami? No es muy aventurado decir que nadie, puesto que la inmensa mayoría de todos los trabajadores, si no todos, que están registrados ante el IMSS con ese nivel salarial reciben otras percepciones fuera del registro. Se ha convertido, desgraciadamente, en una trampa utilizada por patrones para disminuir el costo laboral por la vía de robar derechos a los trabajadores.

De acuerdo con datos del Inegi, muy pocos mexicanos dentro de la economía ilegal, o el subempleao, reciben este tipo de emolumentos.

DEBATE

El verdadero debate debe darse en productividad. Hay una tendencia a imaginar que los empresarios, sin considerar que la mayoría de las compañías son muy pequeñas y viven al día, tienen dinero de sobra y no se lo dan a los trabajadores y, por eso, es función del Estado obligarlos a ser generosos. Este tipo de afirmaciones, tan difundidas como falsas, muestran una gran ignorancia sobre los principios mínimos de la iniciativa privada. Son los patrones quienes generan la riqueza nacional y dan empleo, no como un acto gracioso sino como un mecanismo para que, arriesgando recursos propios, puedan obtener rentabilidad al capital.

Es un equóvoco pensar que la mayoría de los patrones son tan multimillonarios como mezquinos y sólo gustan de explotar a los trabajadores. Tristemente en México no se ha  superado el síndrome de Pedro Infante, donde los pobres son ricos y los que tienen dinero, por poco que sea, son malvados, que un pobre, cuando enriquece, se convierte en una mala persona y viceversa.

Llegó el momento de que el gobierno de la Ciudad de México atreva un paso más. Ciertamente impulsaron un debate que permitió, por la vía de corregir un error, avanzar; sin embargo, para mejorar las percepciones, el camino que deben recorrer no es por la vía del populismo, sino por la ruta del trabajo arduo, con el único fin de mejorar la productividad y la competitividad del país.