Pago a proveedores, prioridad en el CCE

Hace un año le comenté que con la caída del precio del crudo Pemex, que dirige Emilio Lozoya, 2015 comenzaba con una fuerte retención de pagos a proveedores pues en diciembre del 2014,  se encontraron con la noticia de que los contratos de plazo tendrían que renegociarse.

Pemex, con todo y la caída de ingresos, es el 10º productor de crudo en el mundo, el 12º en producción de gas y el 13º en capacidad de destilación primaria y con el precio del barril, quizá, por debajo de 20 dólares. Mientras no se concrete la transición hacia el mercado energético, seguirá siendo la principal empresa —no sólo pública— del país.

En enero del 2015, la estimación de retraso de pago a proveedores rondaba los 65 mil millones de pesos, sin considerar los contratos de servicios de exploración y producción.

La buena noticia es que la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, que dirige Gustavo Escobar, ha ido cerrando acuerdos y brechas, desde la integración del registro de proveedores y la centralización de pagos a los mismos.

Le adelantó que a fines de enero, Pemex presentará junto a las empresas nacionales agrupadas en la AMIPE, que preside Erik Legorreta, una serie de compromisos que contempla, mayor certidumbre para los proveedores en el proceso de facturación y cobranza y nuevos mecanismos para promover la seguridad en zonas petroleras, una preocupación constante entre los proveedores de Pemex.

En ese marco, se espera que la empresa productiva del Estado anuncie los nuevos esquemas en los que las empresas contratistas y proveedoras, también, deberán participar en términos de Responsabilidad Social Corporativa.

En noviembre del año pasado, quedaron “migradas” al registro proveniente de las cuatro subsidiarias y el Corporativo de Pemex, poco más de nueve mil 500 empresas activas, proveedoras, con registros federales confiables (SAT,  IMSS e Infonavit), que han estado trabajando con la empresa en los últimos cuatro años, ya se ha calificado su cumplimiento y se está trabajando con las que tienen mayor atraso en pagos para regularizarlos, con un esquema de financiamiento que suscribieron con Nafin, que dirige Jacques Rogozinski, que permite financiar hasta 50%  de los contratos con Pemex a una tasa de TIIE más 2-3.

Este es un paso. También, le adelanto que se está trabajando con la SHCP de Luis Videgaray, para que las otras áreas que registran retraso en pago a proveedores, como la de construcción y mantenimiento carretero en la SCT, de Gerardo Ruiz Esparza, se regularice.

El registro de retrasos con más de 6 meses lo están revisando la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside Gustavo Arballo, pero en general en la primera reunión que sostuvieron los integrantes del CCE, presididos ya por Juan Pablo Castañón, se colocó el tema en la agenda común de Comité Ejecutivo y en la reunión del viernes pasado, como uno de los temas prioritarios de la agenda del sector privado.

El atraso de pago de proveedores se considera un tema de seguridad jurídica, no sólo involucra al gobierno federal, pues con los estados y municipios se tiene un registro superior a los 120 mil millones de pesos que ahoga la liquidez de las empresas y en muchos casos genera su quiebra.

DE FONDOS A FONDO

El pasado viernes cumplió 17 años de haberse fundado la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside José Antonio Cifrián, quienes en los últimos tres años han trabajado de la mano con la subsecretaria de Normalización y Competitividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, y con las otras ocho secretarías de Estado que emiten Normas Oficiales Mexicanas (NOM), para enderezar las cerca de 780 que hay en el país, incluyendo las que se están emitiendo por la Reforma Energética y los temas de responsabilidad ambiental.

Lo que es muy bueno, es que entre los más de cuatro mil organismos revisados y mil 100 miembros del padrón de certificadores que forman parte de la red acreditada de EMA, se encuentran, también, todos los verificadores de la Profeco, pues en los términos que se contrataron con la exprocuradora Lorena Martínez, se incluye un cambio estructural en el sistema de supervisión, vigilancia y emisión de hologramas para básculas de pesaje, calibradores, laboratorios, medidores de luz y agua, alcoholímetros, despachadores de gasolina y de gas, ya que serán hologramas de colores que tendrán incluida radiofrecuencia, para georreferenciarlos satelitalmente, a sellos y a verificadores. ¡Con ello se pretende acabar con la corrupción y venta de hologramas!

Interesante la iniciativa de ley que envió el gobernador del de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, al Congreso del estado, pues propone modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios y la Ley de Adquisiciones del Estado para que en la contratación de obra pública y en la compra de insumos se dé preferencia a los empresarios potosinos.

Mire, el punto clave es que se considerará contratista y proveedor local a quien tenga su domicilio “social y fiscal” en el territorio potosino y está inscrito en el padrón de contratistas del estado y pertenezca a una cámara empresarial o colegio profesional de proveedores del estado.

Si le copian otros gobernadores, sabe quién acabará perdiendo registros fiscales en favor de la recaudación: el Distrito Federal que gobierna Miguel Mancera, pues se estima que 87% de las empresas del país, tienen su sede fiscal en la Ciudad de México.