La reforma para regularizar el comercio informal

En días pasados se avaló, con una abrumadora mayoría ante la que sólo se opuso un voto en contra, la creación de la figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificada, misma que permitirá constituir empresas en sólo 24 horas, a través de un sistema electrónico.

Existen países que tienen una burocracia obesa: México, además, la sufre. Actualmente, y de acuerdo con el diputado presidente de la Comisión de Economía, como lo consigna el comunicado al respecto, “los emprendedores deben tratar con muchas dependencias de los tres niveles de gobierno para constituir su empresa, proporcionando la misma información por lo menos siete veces y, en algunos casos, hasta en 18 ocasiones”.

No es ninguna sorpresa. Cualquiera que haya tenido que enfrentarse a un trámite en una dependencia oficial sabe lo que vislumbra quien se asoma al abismo: desde la entrada misma de los edificios, con los franeleros que inauguran la extorsión; el comercio informal, que nutre de golosinas a los policías, mientras estos buscan parecer ocupados para no responder preguntas; la mala actitud de los empleados, los vendedores ambulantes entre los escritorios, los procedimientos arcaicos creados por una secretaria ancestral y que nadie se atreve a cuestionar. Los archivos que se arrumban en una bodega, los expedientes que tienen que ser perforados con un taladro para que las fojas puedan seguirse cosiendo. Las secretarias que, coquetas o malencaradas, establecen sus alcabalas por una cita con “el licenciado”; la actitud ladina de quien sugiere “ayudarse mutuamente” —cuando no suelta una cifra descarada— por cumplir con lo que, a final de cuentas, es una obligación cuyo cumplimiento somete al arbitrio de su codicia.

La enmienda, supuestamente, contribuirá a elevar los índices de formalidad de empresas y empleos o, lo que es lo mismo, aumentará la base gravable. Está “diseñada para establecer compañías que no rebasen los cinco millones de pesos anuales en ingresos, y para que puedan tener uno o más socios (personas físicas)”. Así, después de la reforma podemos —o más bien deberíamos— esperar una campaña permanente y agresiva para regularizar comercios informales: un ejército de regularizadores podría recorrer las calles, de ahora en adelante, poniendo orden sobre mercados ambulantes y puestos callejeros. La economía informal se incorporaría paulatinamente a la formal, y el flujo de ingresos al Estado se incrementaría: a tales efectos, el sistema electrónico para la constitución de estas empresas estará a cargo de la Secretaría de Economía y su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que, para tal efecto, emita la propia dependencia.

Es evidente que el efecto inmediato de la reforma será la regularización del comercio informal y, en segundo término, la creación de nuevos espacios para emprendedores. De haber sido ésta última la intención real, la iniciativa hubiera venido acompañada de medidas no sólo para fomentar la creación, sino también para asegurar la viabilidad de la empresa a largo plazo: esto requiere de asesoría especializada para transformar una idea en un plan de negocio, de un esquema responsable de financiamiento, y del establecimiento de indicadores de desempeño que sean acompañados por un programa de seguimiento y control estricto.

“Esta redundancia en los trámites hacía que el proceso fuera largo y costoso, además del pago de derechos, cargos e impuestos. Los empresarios incurrían en un costo de oportunidad por el tiempo que invertían en cumplir con los trámites administrativos”, prosiguió el diputado Dávila, y tiene razón. Sin embargo, son muchos más los trámites que tiene que realizar un empresario de manera cotidiana y que se encuentran sumergidos en el pantano de una burocracia que sólo genera nuevas oportunidades de corrupción.

La reforma, a pesar de los riesgos que sin duda entraña, dará un mayor impulso a la estrategia de gobierno digital emprendida por esta administración. Hace falta más, sin embargo: la iniciativa, aunque magnífica para regularizar al comercio informal, es deficiente en proporcionar los mecanismos para que las nuevas empresas —y las existentes— subsistan. Si la intención es seria, es cuestión, simplemente, de crearlos.

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