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CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de estadunidenses asesinados por cárteles del narcotráfico en México presentaron una demanda contra el banco británico HSBC, al que acusan de lavar millones de dólares de organizaciones criminales.
La demanda fue interpuesta ante la Corte Federal en Brownsville, Texas, por familiares de Jaime Zapata, agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) asesinado en México en 2011, y por Víctor Avilés, compañero de Zapata que sobrevivió al ataque.
También por familiares de Leslie Ann Enríquez Catton, empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, y de su esposo Arthur Redelfs, asesinados en esa ciudad fronteriza en marzo de 2010, informaron hoy fuentes judiciales.
Se sumaron parientes de los hermanos Rafael y Jaime Morales Valencia, y de su tío Guadalupe Morales Arreola, asesinados en Ciudad Juárez en mayo de 2010.
La demanda sostiene que HSBC lavó millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, el de Juárez y el de Los Zetas, “a sabiendas o ignorando deliberadamente que dichos fondos se utilizarían para apoyar actos terroristas de los cárteles mexicanos”.
Agrega que HSBC, “impulsado por su deseo de ampliar su negocio y aumentar sus ingresos”, falló intencionalmente en sus filtros contra el lavado de dinero para “garantizar que miles de millones de dólares de ganancias ilícitas pasaran por sus bancos sin ser detectados”.
La demanda se realizó con base en la Ley contra el Terrorismo de Estados Unidos. Esta legislación de 1996, modificada a raíz del 11 de septiembre permite a las víctimas reclamar una compensación a las organizaciones que proporcionan apoyo material a grupos que cometen actos terroristas.
En 2012 el Banco pagó 1.9 millones de dólares para resolver una investigación criminal si violaba las leyes de sanciones de Estados Unidos y había ‘lavado’ al menos 881 millones de dólares en nombre de cárteles de la droga.
HSBC se encuentra ya entre los bancos que se enfrentan a una demanda de las familias de los soldados estadunidenses muertos o heridos por ataques en Irak sobre las acusaciones de que las empresas ayudaron a procesar las transferencias de Irán y así financiar al Hezbollah y a otros grupos militantes.
