Inequidad empresarial y ¡vueltas por cobrar!

Sumando ICA, Pemex y gobiernos de estados y municipios, el retraso estimado en pagos a proveedores en la empresa privada, la empresa pública y las entidades subnacionales alcanza la estimación estratosférica de 30 mil millones de pesos en el primer caso, 130 mil millones de pesos (o siete mil  millones de dólares) en el segundo y, alrededor de 120 mil millones de pesos en el segundo.

Los organismos que integran el CCE, que preside Juan Pablo Castañón tienen razón. En los últimos dos años y meses se han acumulado adeudos a proveedores (con facturas y registros) por 280 mil millones de pesos,  equivalentes a cuatro veces al ajuste presupuestal que realizó Pemex el año pasado, o a dos veces el ajuste presupuestal que la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray ejecutó el año pasado, más el ajuste que se tiene programado para este año.  Así las cosas ¿quién se ha apretado más el cinturón?

En Pemex, que dirige José Antonio González Anaya, se ha realizado un importante esfuerzo de depuración y registro de proveedores, y, desde el caso Oceanografía, el desafío ha sido si esas cuentas por cobrar están bien documentadas y, al mismo tiempo, construir un sistema de evaluación de costos por cada una de las actividades y servicios que presta cada empresa, sistema que se ajusta conforme a la dinámica de los mercados a los que sirve y que, al mismo tiempo, dé seguridad jurídica a ambas partes.

Ése es el tamaño del desafío de Pepe Toño González, pero, también de todas las entidades federativas y municipios. Por ello, en la reunión del viernes en la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, con el secretario de Hacienda y volvió a ponerse el tema sobre la mesa y, unos días antes en Concamin, que encabeza Manuel Herrera. Se convino que esta semana habría una reunión con el director de Pemex, para resolver el agujero de liquidez que ha provocado la falta de pago.

En el caso de ICA, la CMIC, que encabeza Gustavo Arballo, la situación no es diferente. El gobierno federal no le ha pagado varias obras construidas el sexenio pasado porque las facturas de ICA no corresponden con los costos incurridos que manifiesta el constructor. Eso profundizó su deterioro financiero y hoy, sus miles de proveedores (se estiman entre dos mil y dos mil 500), están igual: con los dedos en la puerta y a punto de cerrar.

Sobre la mesa está una solución que parece dádiva: cadenas productivas de Nafin en donde ésta paga la factura y el riesgo de Pemex, o gobiernos estatales y municipales, pero como es factoraje lleva un descuento la factura. ¿Quién lo paga? Al que le deben hace 20 meses la factura y, para “apoyar la liquidez” aún más ofrecen crédito a tasa preferencial de TIIE más 1.25% en el caso de Pemex.

El proceso es: el  gobierno o Pemex reconocen el adeudo, te inscriben en el patrón de proveedores, entras a cadenas o factoraje y por ende tienes un descuento de una factura (15 a 20%) que te deben desde hace, por lo menos, 18 a 24 meses sin que te compensen por la pérdida, y de pilón te dicen “¡No te preocupes, te doy crédito a tasa baja para que recuperes liquidez!”

Suena bien, pero ¿quién compensa la pérdida del proveedor? Hoy la propuesta del sector privado tiende a unificarse: que esa diferencia del descuento por factoraje y las tasas cobradas por créditos tomados, formen parte de los costos incurridos por  los proveedores para ser deducidos de impuestos a pagar en la declaración anual 2015, lo que debe ocurrir el próximo mes. ¿Puede bajar la recaudación esperada?, sí, pero aumentaría la liquidez de proveedores de forma más sana, más si se amarra con formalización del proveedor y que la deducción de costos se traduzca en inversión física.

En México, el índice de cumplimiento de contratos sigue siendo una debilidad estructural y justifica el sistema de pago de ¡30, 60 y 90 vueltas!, ahora extendidos a 180 días, sin que el gobierno, cadenas comerciales, corporaciones o deudores de proveedores tengan la obligación de pagar a éste intereses por el retraso de pago. ¡Eso es equidad mercantil!

Un dato que no ha sido explicado ni por Banxico, que gobierna Agustín Carstens, y que levanta mes a mes la Encuesta de la Evolución Trimestral del Financiamiento a las Empresas, es que desde la crisis del 95, prácticamente, no ha variado que 74.9 por ciento de las empresas encuestadas señala que recibe financiamiento de proveedores. ¡Claro!, implicaría analizar la pérdida de valor productivo que esa práctica representa en México, y no creo que a ningún político le agrade.

DE FONDOS A FONDO

Ya desde mediados del año pasado se esperaba y, el primero de enero se formalizó el retiro de Roberto Hernández y Alfredo Harp, como miembros honorarios sin voto del Grupo Financiero Banamex y, hay una separación plena, incluso, de los programas de Acción Social. También a finales de enero salieron del consejo en su calidad de independientes don Valentín Díez Morodo y Ernesto Azamar Vilchis, grupo que hoy es presidido.