Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

19 Feb, 2016

Ficrea: avanza el caso judicial... ¿Y la ley?

Desde el 7 de noviembre de 2014, la intervención gerencial de la Sofipo Ficrea, cuyo socio mayoritario era Rafael Antonio Olvera, se inició una serie de acciones legales en contra de la decisión que tomó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé.

Uno de los argumentos que han esgrimido los abogados de diversos inversionistas que se vieron involucrados en el caso Ficrea, incluyendo a Fauzi Hamdan, acusando al supervisor financiero de haber cometido negligencia inexcusable e indolencia en la supervisión de Ficrea, porque teniendo conocimiento previo no actuó preventivamente para detener el daño patrimonial contra los ahorradores.

Los procesos legales, ya sabe que van y vienen. Un juez admite, un colegiado rechaza y viceversa, pero ayer el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, al resolver “de fondo” el amparo indirecto interpuesto por la inversionista Carlota Arvide Cuevas, sienta un precedente que será difícil revisar en contra de un colegiado.

La conclusión del juez es sencilla: la CNBV “no incurrió en la omisión de verificación, inspección, auditoría y certificación de Ficrea, su responsabilidad legal, porque esos actos fueron los que llevaron a determinar la existencia de operaciones irregulares en Ficrea, que sirvieron de base para declarar la intervención, cuyo objetivo fundamental fue proteger los intereses de sus ahorradores, por lo que dicha Comisión atendió sus obligaciones de control, inspección, verificación y supervisión”.

Además establece que en el proceso de intervención gerencial  no se violaron los derechos de audiencia y debido proceso de los ahorradores y ante la decisión fundada de disolver y liquidar Ficrea, el amparo se sobresee; por último, si queda la pretensión de reclamar una indemnización, lo tienen que hacer por el procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Este caso ha tomado tiempo, dinero y esfuerzo, pero lo más grave es que hasta ahora, conociendo el proceder, en el Senado de la República duerme el sueño de los justos la iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular,  que iba acompañada de dos aportaciones presupuestales por dos mil 600 millones de pesos para aumentar el porcentaje de liquidación que podría recibir cada ahorrador (un millón si lo tomaban de primera ronda y cubría 80% de ahorradores) o, esperar a la liquidación de activos para ver si la liquidación de activos permitía pagar más a prorrata de lo recuperado.

La ley pasó en el primer periodo del año pasado en la Cámara de Diputados y en el Senado fue detenida, porque el PAN se salió de la mesa de negociación con el PRI, ya que pretendía el voto a favor de su candidato al TEPJF a cambio de la llamada Ley Ficrea, ya que se avecinaba la elección intermedia.

En el segundo periodo legislativo no hubo nada en el Senado, pues ni la coordinación priista encabezada por la senadora con licencia Blanca Alcalá de Puebla, quien fue la impulsora formal del proyecto, la dejó fuera de la agenda legislativa y ella se va para buscar la gubernatura de su estado. 

El proceso judicial ha sido favorable a la CNBV, pero el proceso legislativo no ha sido sensible para revisar el  marco bajo el que opera el sistema de ahorro popular en México, incluyendo a Bansefi, el único de los bancos de desarrollo que pierde, pierde y pierde. Cada vez se ve menos en el camino.

DE FONDOS A FONDO

Por cierto, le comento que como parte de la concurrencia de acciones, Diconsa, que dirige el otrora titular de la Unidad de Banca y Ahorro, Juan Manuel Valle Pereña, está logrando un acuerdo de interesante der banca popular, en la que también participa activamente Alejandra Lagunes, de México Digital, para que sus puntos de venta o tiendas (tienen 27 mil en todas las zonas rurales del país) puedan convertirse en corresponsales bancarios digitales, un asunto que siempre se vio con especial atención en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que ni José Antonio Meade lo pudo lograr desde ahí. Hoy todo el incentivo político alineado bien valdría el esfuerzo, porque en una de esas, hasta Bansefi dirigido por… (¡se me olvidó quién es!), lo integran en esa red, ¿no?

Hoy cumple 18 años de haber recibido la concesión de Ferromex, que encabeza Alfredo Casar, el Grupo México, que preside Germán Larrea, una locomotora a todo vapor en materia de ingresos. Invierten en 2016 más de 406 millones de dólares, que se sumarán a los cuatro mil 207 millones de dólares invertidos de 1998 a la fecha.

Agregan 50 locomotoras, pero lo más interesante es que afinan con la subsecretaria Yuriria Mascott, la posibilidad de sustituir la inversión presupuestal en el acortamiento de Guadalajara por una APP, con lo que su filial de infraestructura podría desarrollar el proyecto sin que fuera afectado por el recorte presupuestal. Bueno, le diré que el más activo en impulsar los APP para que no se pare ningún proyecto en marcha es el secretario de Comunicaciones y Transportes,  Gerardo Ruiz Esparza, pues sabe que del PNI, es el responsable como del 60 por ciento.

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