Propuesta de ajuste a Pemex, el 29 de febrero

El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que será el 29 de febrero cuando presenté al Consejo de Administración la propuesta de recorte por 100 mil millones de pesos en el gasto.

Este recorte es 40% superior al que tuvo que haber realizado Pemex el año pasado y constituye un gran reto para González Anaya, quien trabaja a marchas forzadas en la elaboración del plan de negocios de la paraestatal y, al mismo tiempo, en concretar a la brevedad alianzas con el sector privado bajo las nuevas figuras que contempla la Reforma Energética, que su antecesor, Emilio Lozoya no pudo aterrizar.

Explicó que el ajuste en el gasto de Pemex es obligado ante la caída en los precios de crudo, debido a que el presupuesto de 2016 se realizó estimando que la mezcla mexicana se vendería a 50 dólares por barril y, hoy, está en 25 dpb. Y, al igual que todas las grandes petroleras del mundo, Pemex tendrá que ajustar su gasto para enfrentar la caída en sus ingresos.

En cuanto al recorte presupuestal, sin dar pormenores, sí adelantó que se ceñirán a varios lineamientos: garantizar, en primer lugar, la seguridad de los trabajadores; no comprometer la solvencia de largo plazo; priorizar programas de inversión; reducir el gasto administrativo y corporativo, lo que abarcará fusión de áreas, y replicar el exitoso modelo de ahorros que adoptó en el IMSS con compras consolidadas, mayor transparencia y competencia en la compra de bienes y servicios.

PROBLEMA DE LIQUIDEZ NO DE SOLVENCIA

A una semana de haber sido nombrado como director general, Pepe Toño González asegura que el problema de Pemex no es de solvencia sino de liquidez y, además, sostiene que la llamada empresa productiva del Estado tiene viabilidad en el largo plazo por sus activos y sus reservas probadas y probables.

Señaló también que las necesidades de financiamiento de Pemex para este año, incluida la deuda que se vence en el corto plazo y que es de 12 mil millones de dólares.

MEDIDAS CONTRA EL ROBO DE IDENTIDAD

Ante las crecientes denuncias por robo de identidad, las autoridades financieras: SHCP, CNBV, SAT y Condusef cerraron filas con el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, y firmaron un convenio junto con la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Robles Miaja, y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Prodecon.

Lo que se pretende es, mediante un intercambio eficiente de información entre los organismos firmantes, establecer protocolos de atención y de prevención del delito de robo de identidad.

Habrá también curso de capacitación tanto para los empleados de intermediarios financieros como para servidores públicos y campañas de orientación a los usuarios.

Lo que se pretende es que los intermediarios puedan cotejar con el INE la validez de una tarjeta de elector que se ha convertido, de facto, en una carta de identidad nacional, pero los bancos no pueden hoy comprobar la validez de una credencial del INE y la gran mayoría de denuncias de robo de identidad se registran por créditos o compras realizadas con falsas credenciales del INE.

Sorprende que en este convenio no se haya incluido al Buró de Crédito, que dirige Mauricio Gamboa, porque es hoy una herramienta que tenemos todos para consultar si alguien ha solicitado un crédito a nuestro nombre y datos, ya sea obteniendo un reporte de crédito o contratando el servicio de alertas que mediante un mensaje al correo electrónico alerta a los usuarios sobre cualquier cambio en el reporte o información. 

FICREA: NIEGAN AMPARO A AHORRADORA

El Juzgado decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó el amparo a una ahorradora de Ficrea. La resolución señala que la CNBV no actuó con omisión en la inspección de Ficrea porque realizó sus obligaciones de inspección, verificación y supervisión; detectó las operaciones irregulares de la empresa, la intervino y revocó su autorización como sociedad financiera popular sin vulnerar los derechos y debida audiencia de los ahorradores.

También niega que el juicio de amparo sea el medio para determinar la responsabilidad patrimonial de las autoridades. Además, concluye que el pago de una posible indemnización se debe reclamar directamente ante la dependencia o entidad presuntamente responsable.