:quality(75)/media/dinero/images/2016/02/wallstreet-reut1_0.jpg)
Tiene un nombre que suena bastante inocuo, el tipo de nombre que pasaríamos rápidamente en un documento de préstamo: “consejero designado de prestamistas”.
Pero hay que poner atención, pues es la práctica más reciente de Wall Street que puede estar cargada de conflictos.
En los últimos años, calladamente se ha establecido una insidiosa relación entre las firmas de títulos privados más grandes del país, los bancos que les prestan miles de millones de dólares para financiar sus compras y los despachos de abogados que asesoran en tales acuerdos.
Tradicionalmente, cuando un banco, digamos JPMorgan Chase, hace un préstamo a una empresa de títulos privados que planea una gran adquisición, por ejemplo el Grupo Blackstone, el banco contrata a un despacho de abogados externo para que examine el préstamo y la transacción.
Eso es muy lógico: los préstamos que se extienden para financiar acuerdos de títulos privados son algunos de los más arriesgados, pues generalmente implican una deuda de monta. Se llaman “compras apalancadas” por una buena razón. Hacer que un equipo de abogados revise documentos de préstamos que suelen ser complejos podría evitar que un banco llegara a un acuerdo que posteriormente viniera a acosarlo. La Reserva Federal, siempre preocupada por este tipo de préstamos, ha tratado, desde la crisis financiera, de dificultar que los grandes bancos extiendan préstamos muy apalancados emitiendo reglas que determinan el monto del dinero que pueden prestar.
Pero ni la Reserva Federal ni ningún otro organismo regulador han abordado esta última maniobra de los títulos privados.
En lugar de permitir que el banco contrate a sus propios abogados para examinar un préstamo solicitado, ahora muchas empresas grandes de títulos privados _ Blackstone, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts y Carlyle Group, entre otras _ requieren sistemáticamente que los bancos usen el despacho de abogados específico que ellas designen, de ahí el término “consejero designado de prestamistas”. La empresa de títulos privados también paga por los servicios de los abogados.
Podemos verlo de este modo: es, en efecto, el equivalente de que el patrón nos diera un contrato de empleo y nos dijera que el único abogado que puede examinarlo es el que él tiene contratado.
Los banqueros y sus abogados internos se quejan en privado de que las empresas de títulos privados les están asignando despachos de abogados que tienen muy poca lealtad hacia ellos y que no necesariamente tienen en mente lo que más les conviene a ellos. Pero dada la presión de conseguir esos acuerdos de préstamos enormes _ que les pueden representar honorarios que se miden en cientos de millones de dólares _ pocos bancos están dispuestos a criticar públicamente esta práctica.
En efecto, cuando hablé con empresas de títulos privados _ todos los representantes, por cierto, se negaron a hablar de esta práctica a menos que fuera de manera anónima _ todas dijeron que si los bancos realmente estuvieran tan molestos al respecto, ya hubieran escuchado quejas.
Pero eso es ignorar la influencia que tienen las firmas de títulos privados sobre los bancos y la falta de incentivos del banco para decir lo que realmente piensa.
“El prestatario tiene mucha fuerza, mucha palanca”, señaló Robert Profusek, socio del despacho de abogados Jones Day y uno de los pocos abogados que habló públicamente al respecto, refiriéndose a las empresas de títulos privados. “Cuando se compite por los negocios, nadie lo va a rechazar por no poder usar al despacho A en lugar del B.” (El despacho de Profusek hace algunos trabajos como consejero designado del prestamista.)
No todas las empresas de títulos privados están presionando a los bancos para que contraten a los despachos de abogados recomendados. Es notable que Clayton, Dubilier & Rice, una de las pioneras de la industria de compras apalancadas, no se dedica a esta práctica. Un representante de la empresa se negó a hacer comentarios.
Cuando estaba preparando esta columna, muchos abogados y ejecutivos de títulos privados dieron a entender que esta práctica se ha venido llevando a cabo desde hace muchos años. “No hay nada nuevo en esto”, afirmó un negociador. Otro aseguró que era “irrelevante”. Dijeron que los despachos de abogados asignados a trabajar para los bancos tenían el deber fiduciario de darles consejos apropiados y que habría mucho riesgo de dañar la reputación si cediera a la empresa de títulos privados.
Eso podría ser cierto pero no cambia el hecho de que los despachos de abogados que hacen esto tienen dos “clientes”: las empresas de títulos privados que les envían los negocios y los bancos, con los cuales tienen el deber fiduciario.
Anteriormente, el banco que prestaba dinero en un acuerdo contrataba a su propio despacho de abogados, lo que tenía como resultado que muchos despachos examinaran cada transacción. Aun entonces, suponiendo que el acuerdo llegara a realizarse, la empresa de títulos privados paga las costas legales.
Las empresas de títulos privados defienden esta práctica diciendo que les ahorra a los clientes tener que pagar el doble o el triple en costas legales. Las empresas también afirman que esta práctica se lleva a cabo en acuerdos de préstamos con grandes corporaciones. Desde hace muchos años, las compañías grandes que emiten deuda regularmente, como IBM y General Electric, han designado a un despacho de abogados para que represente a los bancos que suscriben los préstamos. Las compañías lo justifican porque esos acuerdos son estandarizados.
Pero las cosas son muy diferentes en la arena de los títulos privados. No hay mucha eficiencia en el hecho de que un solo despacho lo maneje todo, pues cada transacción tiene detalles específicos según la compañía. Un día puede ser un negocio de bienes raíces, y al día siguiente de tecnología o de empresas farmacéuticas.
“La mayor parte de la auditoría no es sobre la empresa de títulos privados sino sobre las compañías de la cartera. Así que no es como si se estuviera acumulando el conocimiento”, explicó Profusek.
Algunos despachos, como Paul Hastings, han hecho un lucrativo negocio actuando como consejeros designados de prestamistas y mercadean activamente sus servicios al verdadero cliente: las empresas de títulos privados. Según Thomson Reuters Deals Intelligence, en 2010 Paul Hastings prácticamente no tenía ninguna relación con bancos que hicieran préstamos apalancados; hoy en día es el despacho número 2 en este negocio. El vocero de Paul Hastings se negó a hacer declaraciones.
La Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, que representa a los bancos, emitió un reporte en 2013 que hizo sonar alarmas sobre el uso de consejeros designados en el contexto de ofrecimientos de bonos municipales. La asociación aseguró que los municipios deberían revelar esta práctica en los documentos que ofrecen los bonos. “Cualquier influencia indebida del emisor, empero, que pusiera en cuestionamiento las calificaciones o la independencia del consejero del suscriptor podría ser un riesgo para el mismo emisor”, señaló.
Por supuesto, la elección del despacho de abogados que represente a un banco en un acuerdo privado importante no va a provocar la próxima crisis financiera. Pero si los reguladores se interesan en reducir riesgos y eliminar conflictos en el mercado, sería bueno que examinaran esta práctica.
*bb
