¡Pemex logró el premio mayor!

WASHINGTON, DC.— Le comentaba que el miércoles o jueves, pero al final llegó. El total de recursos que la Secretaría de Hacienda, que encabeza Luis Videgaray (quien llega hoy a las reuniones de primavera y del G20), dará a Pemex será por 73 mil 500 millones de pesos, que sumados a los 15 mil millones que obtuvo de la banca comercial, le permitirán reducir sustancialmente el pasivo con proveedores (circulante).

En total son 88 mil millones de pesos para pago a proveedores, deudas acumuladas desde 2014, ¡ojo!, aunque no se elimina del todo porque aún se tendrán adeudos de 50 mil millones de pesos que, por el tamaño de la empresa, resultan más razonables y pagables.

Pero se reduce la carga fiscal de Pemex y con eso se le libera la capacidad de operar y administrar su déficit para comenzar a reducirlo. Como le anticipé, se regresó al esquema prerreforma en materia de deducción para el cálculo de derechos a pagar para aguas someras y campos terrestres (6.5 dólares y 8.5 dólares por barril, respectivamente), que a precios vigentes le da capacidad para reducir 50 mil millones de pesos su déficit (es inyección de capital indirecta) y con ello mejoran sus indicadores financieros completitos. La reducción esperada del déficit es de 30 por ciento.

Es un paquete balanceado con maniobra fiscal y la mejor trayectoria que ha registrado la recaudación en los tres primeros meses del año, de manera que como dijo Luis Videgaray, ahora sí le creemos a las cuentas de Pemex, hasta la de sus proveedores, ¿no?

DE FONDOS A FONDO

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) continúa las acciones para rehabilitar y detonar el Centro Integralmente Planeado (CIP) Los Cabos, durante una gira de trabajo por dicha entidad, el director general de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, firmó un convenio con el gobierno municipal mediante el cual se hace entrega al fondo de las vialidades a las que dará mantenimiento en la zona turística de Cabo San Lucas, detonando así al destino y generando bienestar social.

Más allá de los Panama Papers, como le comentaba el otro día, cerca de 50% de la distribución de medicamentos en el mercado privado se hace bajo el esquema Fee for Service, donde el laboratorio farmacéutico delimita el esquema de precios, de manera que los distribuidores tienen poca o nula influencia en lo que pagan los consumidores finales. El otro factor relevante para analizar la competencia en la distribución de medicamentos, es el crecimiento del sector público.

Un análisis sin considerar ambos segmentos sería sesgado. Si tomamos en cuenta lo público y la privado, la participación en el mercado queda de la siguiente manera: Fármacos Especializados con más de 25% de participación, Nadro 16%, y Marzam 8% en el mercado total de la distribución y el casi 50% restante se divide entre más de 15 participantes.  De ahí las diferencias comentadas el lunes.

Comparando el caso con países como Estados Unidos, tres compañías generan entre 85–90% de las utilidades que derivan de la distribución de medicamentos: AmerisourceBergen Corporation (NYSE:ABC), Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) y MacKesson Corporation (NYSE:MCK).

Los distribuidores agregan valor en la cadena, por lo que reciben el fee. ¿En qué consiste ese valor? Logística, transporte, financiamiento, almacenaje, surtido, devoluciones, etcétera.

En países europeos, esquemas como el Direct-to-Pharmacy (DTP) o el Reduced Wholesaler Agreements (RWA) han reemplazado los procesos tradicionales.

En el modelo DTP, las farmacias son clientes directos de los productores. Por ejemplo, Pfizer usa Alliance Healthcare como su único agente DTP, mientras que en el Reino Unido, Alliance funge como uno de los dos agentes DTP para Astra Zeneca. Por otro lado, en el modelo RWA, las farmacéuticas limitan el número de distribuidores que pueden comprar sus productos.

Ahora, en cuanto a costos, en el mercado privado el margen neto de los distribuidores está por debajo del 2%, mientras que en el sector público, la ganancia supera un 5%, por eso es el que más crece (volumen y precio se juntan), mientras que el mercado privado crece marginalmente.

Como le he comentado recientemente, el senador Ríos Piter propuso un aumento en los impuestos; en este contexto le comento que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), dirigida por Cuauhtémoc Rivera, se opone a cualquier impuesto como parte de la política pública del gobierno. 

Así las cosas, le puedo confirmar que la Anpec envió una carta al senador en la que le advierten que no pagarán ni un peso más ni mucho menos permitirán que continúen castigando el consumo a través de impuestos especiales (IEPS) u otras figuras fiscales que han demostrado que a quienes más afectan en su bolsillo son a los más pobres.

La Anpec considera que estas medidas recaudatorias han dado como resultado que haya más de 55 millones de mexicanos sumergidos en la pobreza, con una capacidad adquisitiva disminuida y muy por debajo de la línea de bienestar. 

Habrá que ver si el senador Ríos Piter toma en cuenta este tipo de consideraciones y considera que los más afectados son los que menos tienen.