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CIUDAD DE MÉXICO.- Al entregar su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó 22 recomendaciones al Estado mexicano relacionadas con la búsqueda y las investigaciones del caso Iguala así, como el respeto a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para evitar su revictimización.
Entre las principales recomendaciones presentadas por Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia se pidió la disminución de la burocracia en las indagatorias, evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada así como evitar la fragmentación de los procesos.
Los expertos dijeron que en la indagatoria faltó comunicación pública para evitar filtración, atención adecuada y manejo público de las víctimas, informes médicos adecuados a estándares internacionales y actitud cooperativa frente a asistencia internacional, entre otros.
Por otra parte, el GIEI cuestionó a la PGR la presunta realización de una diligencia con declarante en el Río San Juan que no se encuentra dentro del expediente del caso Iguala, la cual se efectuó el 28 de octubre de 2014, un día antes del primer peritaje oficial para la búsqueda de restos de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Según los integrantes del GIEI, esta diligencia que fue videograbada y en la que presumiblemente participó el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, fue en la víspera de la concretada, tanto en el río San Juan como en el basurero de Cocula, Guerrero, el 29 de octubre.
Esto tiene que ser investigado y se tienen que determinar las responsabilidades, no hacemos más conjeturas sobre cómo se manejan o no, lo que sí vemos es que se recoge evidencia y que esa evidencia no está en el expediente y no sabemos qué ha pasado con ella, y eso es lo que nos parece fundamental”, exigió Carlos Beristain, integrante del GIEI.
Reveló que existen al menos 17 casos con “indicios significativos” de malos tratos y tortura en contra de los detenidos y acusados de formar parte en la desaparición de los 43 estudiantes, entre ellos Gildardo López, El Gil.
Se explicó además que de estos 17 casos, son 15 los que ya han presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratos inhumanos, por lo que ya están en macha las investigaciones al respecto.
La selección de los 17 casos se debió a aquellos que cumplieron con los criterios de mayor documentación en el expediente y mayor relevancia para los distintos grupos de inculpados, entre los que están agentes de la policía municipal de Iguala, de Cocula y acusados de pertenecer a Guerreros Unidos, que según sus declaraciones habrían participado en el traslado, ejecución y quema de los normalistas en el basurero de Cocula, y otro que fue señalado como quien habría ordenado dicha acción”, se indicó.
Los integrantes del GIEI denunciaron que su trabajo en México fue obstaculizado por las autoridades y coincidieron en desestimar el documento emanado del tercer peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula y en el que resolvió la existencia de un incendio controlado en el lugar.
Por estas razones, el GIEI concluye que no hay una sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes”, aseveró Francisco Cox.
De acuerdo con el informe conclusivo del GIEI, corporaciones policiacas de municipios guerrerenses como Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, actuaron de forma coordinada para evitar que salieran de Iguala los normalistas de la Normal de Ayotzinapa.
Según Buitrago, la noche del 26 de septiembre de 2014 existió una “coordinación perfecta” entre las policías con el objetivo de generar un círculo de control para evitar la salida de los autobuses de Iguala.
Los integrantes del GIEI lamentaron además la falta de solidaridad por parte de las policías locales, estatales y fuerzas federales, como el Ejército y la Policía Federal, para con las víctimas del “ataque masivo e indiscriminado contra la población civil”.
Reiteró su exigencia a la PGR indagar todo lo relacionado con el quinto autobús, línea de investigación relacionada con el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Según el GIEI, la hipótesis de que este autobús podría estar cargado de heroína o dinero del narcotráfico suponía una posible explicación al nivel de un ataque de tal magnitud y extensión de la violencia contra los normalistas.
Según la información de la Sedena, el Ejército supo del robo de los buses en la estación de Iguala ¿Qué supo entonces el 27 Batallón de la sustracción del quinto autobús? Según un reporte de Protección Civil, a partir de un momento la información del C-4 estuvo restringida por control de Sedena ¿Por qué Sedena tomó control y restringió el acceso a la información del C-4? ¿Qué tipo de información se transmitió en ese tiempo?”, cuestionó.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, lamentó la posición del Estado mexicano al no apoyar la prórroga al GIEI a pesar que no se cumplió el objetivo de hallar a los 43 normalistas.
Cavallaro también hizo un llamado a las autoridades mexicanas para no cesar en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, y señaló que la CIDH continuará monitoreando el caso. Los trabajos del GIEI en nuestro país para analizar el caso Iguala concluyen el próximo 30 de abril.
La misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) culmina “a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes desaparecidos”, dijo Cavallaro al lamentar también que no hubo representantes gubernamentales en esta presentación.
Por otra parte, Amnistía Internacional dijo que el informe del GIEI contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del gobierno mexicano hasta la fecha.
En un comunicado, dijo que los expertos acusan al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”.
Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes y negar el pedido de extender el mandato del GIEI, las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje”, dijo.
Lee en Excélsior la respuesta de la PGR al informe
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