Tienda de raya

Parecería que la administración de Aeroméxico cree que los trabajadores de la aviación son el equivalente de los campesinos antes de la Revolución Mexicana, puesto que el grado de desprecio con el que se les trata es francamente preocupante.

La línea aérea que preside Eduardo Tricio tiene dos contratos colectivos oficiales: El A, donde se encuentran los trabajadores de Aeroméxico que ya estaban en la línea aérea antes de la creación del contrato B, que es el que se utiliza para los trabajadores de nuevo ingreso.

Sin embargo, existe una suerte de contrato C, el cual es empleado para la contratación de sobrecargos que estaban en Mexicana de Aviación y que, tras la quiebra que causó Gastón Azcárraga en esa línea aérea, ahora tienen que trabajar por 60% del sueldo que tenían antes.

La estrategia es clara. Preferir a los trabajadores del contrato B y los provenientes de Mexicana de Aviación porque son mucho más “baratos” y dan el mismo servicio en la línea aérea, así como desplazar a los que vienen del contrato A, que tienen más prestaciones.

Esta situación, que genera conflictos entre la base de sobrecargos, se ve agravada por el desprecio con el que son tratados. Ayer le informé sobre el despido de un sobrecargo por tener opiniones que no le gustaron a los administradores y que, obviamente, no fue defendido por el sindicato, ya que no es del grupo de Ricardo del Valle, quien está más ocupado tapando huecos.

En Aeroméxico dicen que a ese sobrecargo lo despidieron por andar alebrestando; ¿así o más violatorio a los derechos humanos de un trabajador?

Ayer mismo le informé que era necesario que la Secretaría del Trabajo, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, tendría que intervenir no sólo por la manera en la que se están manejando los dos contratos colectivos, sino también por las formas, que raya en la discriminación, hacia algunos de los sobrecargos.

AVIONES

Por si fuera poco este tema, un grupo de trabajadores de Aeroméxico se puso en contacto conmigo para hacerme saber que, si bien es cierto que se llamó a revisión a los Dreamliner por reportes de fallas en los motores, la realidad es que estos aviones han tenido otro tipo de fallas y que existe una gran presión por parte de los directivos para que no se den a conocer cabalmente las fallas.

Hasta el momento, se trata de un dicho de un grupo de personas plenamente identificadas, pero debería ser suficiente para que la Dirección General de Aeronáutica Civil tome cartas en el asunto, no vaya siendo que, por mantener cifras alegres, se esté poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.

Quizá la discriminación o el trato maleducado a los trabajadores palidece ante la posibilidad de que se esté poniendo en riesgo la salud y vida de los pasajeros. Más vale pecar de preocupados y tomar previsiones que andar pensando en términos de campañas que, en el menos malo de los casos, hablarían del pésimo ambiente laboral que lleva a empleados de una compañía a realizar afirmaciones francamente graves. Habrá que estar particularmente pendientes.

EVASOR

Como es su obligación, el presidente de la Comisión Nacional del SAR acudió al Senado de la República para presentar la situación que guarda el sistema de ahorro para el retiro y Carlos Ramírez evadió hablar sobre el tema de preocupación en su sector: las prácticas monopólicas que se están dando entre, por lo menos, cuatro afores, como lo está investigando la Comisión Federal de Competencia desde hace más de un año.

Lo más grave es que, a pesar de la investigación que realiza el organismo comandado por Alejandra Palacios, el presidente de la Consar ha emitido circulares que tienden a concentrar el mercado, disminuir la competencia y, por lo tanto, dañar a los derechohabientes.

Sin embargo, Ramírez no la libró totalmente, puesto que los senadores exigieron un pronunciamiento de la Consar sobre las prácticas monopólicas que se están investigando, así como las recientes determinaciones que van en contra de la competencia.

Los senadores dejaron clara su preocupación en torno a las prácticas monopólicas, puesto que estas intermediarias administran 14% del PIB y las cuatro mayores concentran, con prácticas a todas luces indebidas (lo que deberá ser confirmado por la autoridad), 1.2 billones de pesos.