Salarios por decreto

Supongamos sin conceder que por alguna razón, la que sea, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos decide aumentar el salario mínimo por decreto tal y como lo pide el gobierno de la Ciudad de México.

Desde el punto de vista político habría muchos quienes dirían que se trata de un acto de justicia social, que ahora sí se está cumpliendo con la Constitución y que ahora sí los trabajadores, particularmente los de menos ingresos, serán más productivos porque van a ser más felices o algo así. No olvide que hay quienes dicen, sin argumentos, que si subes el salario los trabajadores automáticamente le echan más ganas.

Quizá el espejismo alcanzaría para que algún candidato, el que se colgara de la mejor manera la medalla desde el punto de vista político, llegara a la Presidencia de la República haciendo creer que él sí se preocupa por los que menos tienen.

Sin embargo, se trata de una tremenda barbaridad desde el punto de vista económico y que generaría muchos mayores problemas para las personas, específicamente a los más pobres que, según, son los que se tratan de defender.

Si bien es cierto que sólo hay una pequeña cantidad de mexicanos que realmente ganan el salario mínimo, este indicador sirve como base para el establecimiento de los salarios contractuales.

De los registrados ante el IMSS con el salario mínimo, muchos no lo ganan efectivamente, puesto que están mal registrados, ya que sus patrones evaden la obligación en el menos malo de los casos compensándolos por fuera. Este tema tampoco es de interés del equipo de Mikel Arriola, que tratan de resolver todo tomando cafecitos.

Se obligaría a las empresas a pagar un mayor salario que si bien parece una idea magnífica no es viable en todos los casos. Si el salario no viene acompañado de productividad (reflejada como más producción y ventas) no es sostenible en el mediano o largo plazos.

Ante esta situación habría empresas que tendrían que recortar personal, tendrían incentivos para hacer mayores simulaciones en el registro de los trabajadores o pagándoles por fuera. En el extremo despedirían gente o quebrarían.

Cuando se habla de aumentos salariales por alguna exótica razón se piensa en las grandes empresas; sin embargo, la mayoría del empleo se genera en pymes, muchas de ellas del sector comercio que tristemente es el menos productivo.

INFLACIÓN

El segundo de los grandes problemas que se generaría es que la inflación repuntaría y podría salirse de control. La inflación, parece que algunos lo ignoran y otros lo olvidaron, es un impuesto injusto porque se concentra entre los que menos salarios tienen o los que están sujetos a un salario fijo.

No importa cuánto aumente el salario sino qué se puede comparar con él.

¿De qué  sirve a los trabajadores venezolanos que en tres años de Nicolás Maduro haya aumentado 12 veces el salario mínimo, la última 30%, si ya se lo comió la inflación? El aumento sostenido y generalizado de los precios en aquel país superó el 150% el año pasado y de acuerdo con el FMI será de más de 720% en 2016, es decir, para que el salario mínimo pudiera ser remunerador en aquella nación tendría que subir algo así como el mil por ciento.

El domingo pasado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el salario mínimo tendrá una recuperación real de 6% al final de este año, lo que será el mejor registro en 36 años. Tan sólo el año pasado la revisión del salario mínimo estuvo por arriba de 4% y la inflación fue de 2.1%, lo que significa un aumento en el poder de compra de los consumidores

REALIDAD

Suena verdaderamente atractivo hacer cosas porque parecen justas u ofrecer soluciones mágicas a problemas que no se crearon hoy, sino que son la herencia de la oleada populista de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo; sin embargo, los políticos que así pretenden corregir la situación son irresponsables puesto que llevan a la población a terminar perdiendo mucho más de lo que se supone que ganarían.

El aumento al salario mínimo, como lo ha planteado la Conasami, debe ser producto de un estudio en el que se establezcan las condiciones reales, no imaginarias, de la economía, así como las verdaderas posibilidades de las empresas.