Delta paga el pato

Le cuento que la reclamación que hizo Aeropuertos y Terrenos S.A. (ATSA) contra Aeroméxico por no haber rendido cuentas desde 2010, año en que tomó el control del Centro de Capacitación Alas de América (Cecam), ha sido llevada a Estados Unidos.

Y es que debido a los precedentes que existen en nuestro país, en el que no se castiga, salvo contadas excepciones, la corrupción y prácticas fraudulentas, la denuncia de ATSA se tuvo que escalar a Delta, que es socio de Aeroméxico desde 2013.

La idea es apelar a la ley Sarbanes-Oxley de Estados Unidos que sí castiga económicamente, e incluso por la vía penal, a los consejeros y altos funcionarios de aquellas emisoras que con sus actuaciones u omisiones omitan revelar información relevante.

En el caso de la aerolínea de Eduardo Tricio y Valentín Díez Morodo, y que preside Javier Arrigunaga y dirige Andrés Conesa, se trata de información que daña la reputación y la cotización de empresas públicas, algo que por lo visto ha pasado de largo en México.

Lo anterior bajo el argumento de que fue la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, entonces al mando de Juan Molinar, la que permitió que Aeroméxico se quedara sin pago alguno con Aeromexpress, Servicios de Apoyo en Tierra SEAT y Cecam, a finales de 2010.

Le había contado que por esa época Aeroméxico, presidida entonces por quien hoy es candidato independiente al gobierno de Chihuahua, José Luis Barraza, adquirió de Mexicana Aeromexpress, SEAT y el Cecam sin mediar pago por el 50% de esas acciones.

Para el año 2013 Delta Airlines, que comanda Richard H. Anderson, compró 16% de Aeroméxico. Como parte del gobierno corporativo la estadunidense designó a Edward H. Bastian como consejero propietario y como su suplente a William Carroll.

Pues es precisamente bajo el paraguas de la Ley Sarbanes-Oxley que ahora ATSA reclama a los esos consejeros de Delta que no hayan informado al público y sean copartícipes de una compra simulada y que hayan dispuesto y ocultado a ATSA los bienes y activos del Cecam.

Vamos a ver si el área de compliance de Delta deja correr los procedimientos sin responder, como lo ha hecho Aeroméxico. Y es que aun cuando aquí se copiaron principios de la Sarbanes-Oxley, nuestra legislación en la materia es letra muerta.

OTRO PANAMAZO

Le contaba el jueves pasado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Grupo Wake como “organización de lavado de dinero”.

Esto llevó a instituciones financieras estadunidenses a abstenerse de transaccionar con la Rivera aquí. Estamos hablando de que Visa, dirigida por Adriana Ramírez, y MasterCard, encabezada por Antonio Junco, iniciaron el procedimiento de cancelación de cuentas con esta compañía que opera las tiendas Duty Free en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, que lleva Alexandro Argudín.

La Riviera es su mayor arrendatario, después de Aeroméxico, que también ha estado señalada en las últimas semanas por las constantes demoras en sus vuelos y supuestas caídas del sistema.

IUSA NUEVAMENTE

En el medio ya empezó a hacer ruido la situación de Iusa, que hace cuatro años reestructuró una deuda de 418 millones de dólares.

De 2011 a la fecha el equipo de Carlos Peralta logró reducir su pasivo en unos 70 millones, pero se ve apretado que de aquí a noviembre limpie totalmente su balance. Ese mes se le vence un bono de 229 millones y en diciembre debe afrontar otro compromiso por 189 millones más. Sus principales bondholders son Moneda, Interpacific, Sentra, Gramercy y el Deutsche Bank. Además considere otros acreedores, como Gerald Metals e incluso Inbursa, de Carlos Slim, con quien suscribieron un línea crediticia de 40 millones de dólares. Credit Suisse, de Jorge Villarreal y el experto Javier Pérez Rocha ayudaron al grupo en el pasado.

YAMAHA RESIENTE

Pasan las semanas y no hay arreglo entre Industria Mexicana de Equipo Marino (IMEMSA) y sus acreedores bancarios. De este caso le hablé en febrero.

Se trata del principal distribuidor de motores fuera de borda de Yahama. De hecho, la japonesa presidida por Takuya Nakata tiene 50% de IMEMSA. El resto es de Intercon.

BBVA-Bancomer, de Eduardo Osuna; Santander, de Héctor Grisi, y HSBC, de Nuno Matos, reclaman cerca de 15 millones de dólares. El expediente tiende a complicarse, porque Yamaha también exige el pago de otro tanto a sus socios mexicanos y no apoya un posible arreglo con los bancos. Ninguno quiere pagar principal. Sólo pretenden cubrir intereses.