Operación TAD-INAH

En este espacio he venido documentando una serie de irregularidades del empresario Carlos Bayo Martínez, mandamás de la firma Tecno Alta Distribución (TAD), como en el IPN de Enrique Fernández, en el concurso SA-011B0001-N21-2014; en el IMSS de Mikel Arriola, vía la licitación AA-019GYR019-E12-2016; y en el Registro Agrario Nacional (RAN), de Froylán Hernández, en donde fue multado de acuerdo al expediente 0001/2015.

Bayo Martínez, de acuerdo con el acta pública 2619 de 2011, tiene como socio a Rafael Chávez Monzón, con quien habría realizado una serie de maniobras que podrían estar fuera de la ley para cumplir con la licitación SA-011D000021-N19-2015 del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que lleva María Teresa Franco.

Documentos y audios en poder de este columnista revelan que estos personajes pudieron falsear la contratación de un Fedatario para certificar que los vehículos comprometidos para el INAH se encontraban disponibles en un terreno, aunque esto no fuera cierto, documento que estaría acompañado por placas, series y tarjetas de circulación, para supuestamente solventar la existencia y disponibilidad de la flotilla.

El audio de YouTube https://youtu.be/X-75vR5XYFw se escucha una conversación en la que podrían estar involucrados estos personajes: “Necesitamos un güey que dé fe que los carros están en un terreno… aunque los carros no estén”, refiere el audio en que presuntamente los socios de Tecno Alta Distribución simulaban que contaban en tiempo y forma con los vehículos y requisitos que delimitaba la licitación.

En junio de 2015 Bayo Martínez mantuvo diversas reuniones con José Eduardo Andrade Barajas, entonces director de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios del INAH, organismo que depende de la Secretaría de Cultura, de Rafael Tovar y de Teresa, en las que se evidenciaría la estrecha relación entre un proveedor del gobierno federal con un funcionario público involucrado en la licitación https://youtu.be/fAo7qUQc9mM. “Oye mi Lalo te puedo pedir un favor… mira, va a ir ahorita el idiota este de Gerardo Benítez, va a ir para lo de la cesión de derechos…, oye, nada más no le vayas a decir que me has pagado eh, no le digas, no le digas, no le digas éste de los pagos, dile que, dale la vuelta, no… que nos quieren llevar al baile estos hijos de la chingada… cuando termines de hablar con él me hablas…”.

El audio presupone que el recurso estaba etiquetado para liquidarle a Value Arrendadora S.A. de C.V., de Carlos Bremer, en la que al parecer Benítez era titular de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios de esta compañía, la cual fue engañada, y que actuó de buena fe para financiarle u otorgarle la línea de crédito a Tecno Alta para la adquisición de los vehículos.

Andrade Barajas se desempeña actualmente como jefe de Departamento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), por lo que si se comprueba que existieron irregularidades, la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Virgilio Andrade, podría proceder a sanciones que van desde una multa económica hasta la inhabilitación.

Tecno Alta Distribución podría ser sujeta a sanciones con base en el artículo 8 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que permite inhabilitar hasta diez años a proveedores que presenten documentación, información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

Carlos Bayo estuvo al frente de Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), en donde fue investigado por la Función Pública en tiempos de Germán Martínez, por anomalías en recursos etiquetados para Veracruz tras el paso del huracán Bret, a lo que el exfuncionario respondió con su renuncia en enero de 2007 argumentando “cuestiones personales”. En el historial de Tecno Alta apunte a clientes como IMSS, de Mikel Arriola; Pemex, de José Antonio González; Conade, de Alfredo Castillo; Capufe, de Benito Neme; IMPI, de Miguel Ángel Margáin; Aserca, de Alejandro Vázquez, y la SEP, de Aurelio Nuño, entre otros.

PELEAN CORVAGLIA

Fíjese que un conflicto interaccionista estalló el sábado pasado alrededor de Corvaglia Closures. Estamos hablando del tercer fabricante en México de tapas de plástico para envases PET y el primero del mundo. Resulta que ese día el accionista mayoritario, Romeo Saverto Corvaglia, retomó por mano propia el control de la compañía. Se apersonó en la planta y oficinas de Ixtlahuaca, Estado de México, y se hizo de libros, contabilidad y cuentas de cheques. El acto se consumó con la ayuda de la fuerza pública y en detrimento de los administradores y socios minoritarios, Bernardo Osés y Francisco González, quienes poseen 14% de la compañía. Alegan que el Juez Civil Supernumerario de Primera Instancia del Distrito Judicial, Leopoldo Albiter González, les otorgó medidas cautelares para retener la administración. Corvaglia facturaría alrededor de cien millones de dólares al año. Ya le platicaremos más.

RCB LE METE A OSA

Señoras y señores, les adelanto que el influyente fondo de Los Ángeles, RCB Equities, se perfila como socio estratégico que inyectaría liquidez a Oceanografía, de Amado Yáñez. Representantes de la firma financiera hicieron contacto con el juez concursal, Felipe Consuelo Soto, a quien mostraron una carta de crédito del Bank Leumi de Estados Unidos por 76 millones de dólares, que servirían de capital de trabajo para reactivar la operación de una flota de 30 embarcaciones. El inversionista llega justo cuando el viernes de la semana pasada la empresa presentó una modificación al convenio original. Si el proveedor de Pemex no consigue en los próximos siete días el voto de 50 más 1 de los acreedores, se le declarará en quiebra.