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CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto en pensiones del IMSS y del ISSSTE totalizó 160,578 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2016, lo que representó 67.3% del gasto programable de estas instituciones, la proporción más alta de que se tenga registro, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hace 20 años, la proporción de pensiones a gasto programable era 35.3%, relación que subió paulatinamente a 46.2% hacia el 2006.
Esta trayectoria se ha dado en detrimento del gasto que ejercen estos organismos en servicios médicos e inversión.
Hace 20 años, el IMSS y el ISSSTE ejercían 42.4% de su gasto en pago al personal médico, 17.5% en gastos operativos y medicamentos, y 4.9% en inversión; mientras que hoy día dichas proporciones son 25%, 7% y 0.7%, respectivamente.
Expertos consultados por Excélsior consideraron que la trayectoria al alza del gasto en pensiones es problemática, y reiteraron que urge una reforma a los sistemas de beneficio definido, de modo que se solucione de fondo la presión que ejercen sobre el gasto público.
La inacción es el peor escenario que tenemos, hay que actuar ya porque este gasto es como una gangrena que va a seguir aumentando el costo del problema. Entre más nos demoremos, más difícil será de consensuar la reforma, más grave de explicar y más costosa financieramente para todos”, explicó Pedro Vásquez Colmenares, socio-director de Marpex Consultores.
“Con ese gasto creciente, toda la sociedad pierde porque implica menor gasto para los servicios de salud a la sociedad y en general para las políticas públicas, incluso se corre el riesgo de que mañana se cierre la ventanilla de los organismos y digan que no se pagan las pensiones porque no hay dinero”, comentó Alejandro Villagómez, economista y experto en pensiones.
La cifra oficial disponible señala que el pasivo laboral del IMSS e ISSSTE es de 8 billones de pesos, es decir 42.3% del PIB. Este valor asciende a 21 billones de pesos o 125% del PIB cuando se agregan los pasivos de Pemex, CFE y de los sistemas de pensiones de estados y municipios, incluyendo universidades públicas, expresó Pedro Vásquez Colmenares.
El experto puntualizó que el cambio de fondo en las pensiones llegará cuando se aplique una regla financiera que consista en prohibir dentro de algunos años el uso de recursos públicos para el fondeo de pensiones.
Se requiere diseñar una reforma constitucional que establezca que de 6 a 10 años quede prohibido subsidiar sistemas de pensiones con recursos públicos, que sea delito tomar recursos del erario para pagar pensiones, y que los recursos que se apliquen en esa transición sean para la solución definitiva”, explicó.
Dijo que esta propuesta se justifica para eliminar los incentivos para no reformar los sistemas, “porque mientras los regímenes estén siendo subsidiados, se seguirá aplazando la decisión, para que la bomba pase a manos de otro gobierno o responsable”.
También explicó que esta regla financiera haría que cada uno de los responsables de los distintos niveles de gobierno tenga incentivos para actuar pronto, “porque hoy no hay una cabeza visible sobre la cual recaiga la totalidad del problema, aquí están involucradas autoridades federales, estatales y municipales”.
Alejandro Villagómez añadió que se necesita transitar hacia un sistema único de pensiones, como lo han propuesto diversos expertos.
“No hay que conformarse con decisiones al margen como vimos en CFE y Pemex, es decir reformar por pedacitos, sino moverse hacia un Sistema Nacional de Pensiones”.
El economista independiente añadió que “esto implicaría tener un gobierno con gran legitimidad que gaste su capital político en este tema, quizás su sexenio, a realizar esta reforma de fondo. Será riesgoso, pero deberá lograr consensos y acuerdos porque afecta a muchos grupos, a la vez que deberá explicar el beneficio para toda la sociedad”.
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