Reforma anticorrupción, ejemplo de 10

Después de un arduo proceso que comenzó en febrero de este año con la recopilación de más de 600 mil firmas para impulsar una iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, que debe su nombre a la propuesta de que los miembros del gobierno, así como candidatos a puestos de elección popular, tengan que presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal con el objetivo de cerrar las avenidas o incentivos a la corrupción a través de la transparencia.

Después de que se entregó el primer tramo de 291 mil firmas de ciudadanos respaldando la iniciativa, lo cual superó el objetivo de 120 mil, el Senado comenzó a procesar el asunto. Desde un inicio hubo resistencias, a ratos la discusión se dio en medio de un ambiente enrarecido por el proceso electoral del 5 de junio. Una vez superada la elección, una triquiñuela de último minuto en la que se modificaron los artículos 32 y 29 hizo la legislación inviable al requerir que los particulares que recibieran dinero público tuvieran que hacer su triple declaración, lo cual resultaba en que incluso investigadores de Conacyt tuvieran que hacerlo y por el volumen de personas resultaba inoperante. En un hecho inédito, el 16 de junio Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, encabezó una manifestación de empresarios en el Ángel de la Independencia exigiendo que no se aniquilara el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción a través de las modificaciones, no obstante, esa misma tarde se aprobó en la Cámara de Diputados el desarreglo causado por los senadores. Al día siguiente, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, daba margen de maniobra al decir que se trató de un error y no de una venganza de los legisladores en contra de los empresarios. El martes 21 de junio, después de una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, se supo, vía Juan Pablo Castañón, que el jefe del Ejecutivo haría historia al vetar el componente controvertido de la legislación que habían aprobado los legisladores de su partido.

Después de este veto y una sesión extraordinaria quedó modificada y aprobada esta semana la legislación. Ante lo complejo y confuso del asunto quería saber la opinión de Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) respecto del resultado. Durante todo el proceso desde la recopilación de las firmas hasta el cabildeo y los pronunciamientos, la voz de Enrique Cárdenas fue ecuánime, poco inclinada a los señalamientos, pero franca para reconocer y hablar de las resistencias que se encontraron los que se dieron a la tarea de impulsar y dar seguimiento a la iniciativa ciudadana y entre los que se encuentra el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco y Transparencia Mexicana, entre muchas otras.

Enrique me dijo que del 1 al 10 él le pondría 9 a lo aprobado y que incluso superó las expectativas e hizo una reflexión importante que se refiere a que lo aprobado demuestra que la vía institucional da resultado en un momento en donde otros actores apuestan por otras vías. En medio de un país con figuras populistas y que constantemente descalifican a las instituciones como Andrés Manuel López Obrador, el Sistema Nacional Anticorrupción es un precedente vital de que por medio de los ciudadanía y a través de las instituciones democráticas demuestra que se pueden lograr cambios de gran magnitud y eso la convierte en diez.

Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción no es una obra terminada y Enrique Cárdenas me decía que la etapa más crítica será dar seguimiento en su aprobación por las legislaturas estatales en donde, predeciblemente, se enfrentarán a una segunda prueba de fuego. Otra discusión importante y esencial para la propuesta será el nombramiento del fiscal que tendrá grandes poderes que deben ser equiparables a su estatura moral y ética.