Coneval aún adeuda al Inegi por MCS2015

En medio de la controversia entre el Inegi y el Coneval se ha resaltado que éste, que encabeza Gonzalo Hernández Licona, recibió 150 millones de pesos por parte de la Sedesol, entonces encabezada por Rosario Robles hoy titular de la Sedatu, para mejorar la medición del ingreso porque el consenso entre los analistas privados y, desde luego del  gobierno, es que el ingreso está subreportado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que realiza cada dos años el Inegi.

El Coneval fue constituido como un organismo con autonomía parcial  –porque aún no tiene  autonomía plena– con el objetivo de despolitizar la medición de la pobreza que realiza teniendo precisamente como base la ENIGH.

Al respecto, Gonzalez Licona explica que cada vez que sugería en público o privado cambiar la fórmula del Coneval, que por cierto es pública y se puede consultar en su página web, la propuesta era que se cambiaría en la medición pero en 2019, porque para fortalecer la comparación de cifras y evitar sospechas, se recomienda no modificar la fórmula, que se utiliza desde 2010, en por lo menos 10 años. De hecho así está mencionado en el Diario Oficial de la Federación cuando el Coneval dio a conocer su metodología multidimensional.

El Coneval contrató al Inegi y le pagó 154.9 millones de pesos para realizar la encuesta del hoy polémico Módulo de Condiciones Socieconómicas 2015 (MCS2015), que fue el que difundió el Inegi el viernes pasado y que desató la controversia y las críticas del Coneval.

Hernández Licona reconoce que aún no le pagan al Inegi la última parte y no lo harán hasta tener claridad de qué fue lo que hicieron.

NO SABÍAN QUE NO ERA COMPARABLE

González Licona reconoce que el Inegi le dio al Coneval amplia información sobre el MCS2015, pero nunca les dijo ni verbal ni por escrito que no sería comparable. Es más en la primera página del Manual del Entrevistador, se menciona la comparabilidad como una característica fundamental del MCS2015.

Se queja también de que en la copia del Manual Operativo de Campo se habla de comparabilidad, término que desaparece en la copia que subió el Inegi a su página.

Asegura que el Coneval nunca fue informado del cambio más importante que hizo el Inegi, que fue regresar a los hogares con ingresos menores a mil pesos mensuales para volver a entrevistarlos y recordarles que seguramente eran beneficiarios de programas sociales y sus ingresos eran más altos. El resultado, dice Hernández Licona, es que el ingreso de los más pobres creció 33.6% entre 2014 y 2015.

Afirma que no se oponen a mejorar la captación del ingreso, pero no sólo de los estratos más pobres porque sí hay una gran diferencia entre la ENIGH y las cuentas nacionales, pero pide este cambio en tiempo y forma y que la ENIGH 2016 sea comparable con 2014 con cambios que permitan recuperar la confianza y mejor la captura del ingreso.

IMSS, NUEVAS REGLAS PARA
INCAPACIDAD POR MATERNIDAD

Mikel Arriola, director del IMSS, modificó las reglas para la incapacidad por maternidad lo que beneficiará anualmente a  273 mil mujeres que ahora decidirán cuándo comienza su periodo de incapacidad, sin estar obligadas a tramitarlas seis semanas antes de la fecha esperada del parto, y seis semanas posteriores. Se expedirá un certificado único de maternidad por 84 días, que podrán utilizar conforme les convenga, con un solo trámite de incapacidad en lugar del prenatal y posparto.

Otra medida que ya había puesto en marcha Arriola es que las mujeres embarazadas que deciden atenderse en un hospital privado ya no tienen que acudir mensualmente al IMSS a consulta para hacer válida su incapacidad. Se tienen que presentar una sola  ocasión dentro de la semana 34 de su embarazo, con un ultrasonido que no tenga más de cinco semanas de antigüedad.

El negrito en el arroz es que para realizar la transferencia de semanas, se requerirá del consentimiento del patrón y la autorización del médico del IMSS. Es decir habrá aún mujeres que puedan verse afectadas en caso de patrones abusivos,

Lo que falta es un cambio en la ley laboral que garantice la libertad de las mujeres trabajadoras para  usar sus 12 semanas de incapacidad por maternidad, conforme les convenga.