Jaime Hernández, sus retos en la CFE

El presidente Enrique Peña finalmente —con varios días de retraso como es su costumbre— ratificó el nombramiento de Jaime Hernández Martínez como nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hernández, quien era el director de Finanzas de la CFE estaba al frente de la paraestatal como encargado del despacho desde el 8 de julio cuando renunció Enrique Ochoa para irse como presidente del PRI.

El nombramiento en la CFE urgía porque Ochoa renunció en la peor de las coyunturas, cuando se anunció el primer incremento en las tasas de las tarifas eléctricas y en plena licitación de la segunda subasta eléctrica.

Sin embargo, Peña Nieto, quien no parece tener nunca prisa en hacer nombramientos clave, se tardó casi un mes en ratificar a Hernández, quien ahora tendrá que tratar de explicar por qué la reforma eléctrica no ha fracasado pese al segundo incremento en las tarifas a los sectores industrial, comercial y de alto consumo.

Y por más que Jaime Hernández explica que la gran mayoría de los mexicanos no se ha visto afectada porque es de bajo consumo y se mantiene el subsidio, el problema es que si algo dijo el gobierno en los últimos meses es que el gran beneficio de la Reforma Energética era la disminución en las tarifas.

El gran reto de Jaime Hernández será continuar con el aterrizaje de la reforma eléctrica para, por un lado, fortalecer a la CFE ante la apertura y los nuevos generadores de electricidad, y por el otro lado, deberá profundizar en los proyectos como la construcción de gasoductos y el programa de pérdidas técnicas para que se reduzcan los costos operativos de la CFE y puedan bajar las tarifas para todos los sectores.

Lo que hay que destacar también de Jaime Hernández, quien tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Essex, de Reino Unido, es que fue el brazo derecho de Ochoa en las negociaciones con el SUTERM para la reducción del pasivo laboral, que permitió que por vez primera desde 2010, la CFE registrara utilidades al cierre del primer semestre por 106 mil 846 millones de pesos que son las más altas en su historia.

SHCP, POR DEFINIR APORTACIÓN DE 160 MIL MILLONES DE PESOS

Desde luego, entre los retos de Hernández Martínez está mantener sanas las finanzas de la CFE. Como él mismo reconoce, los excelentes resultados del primer semestre se debieron a la reducción de los pasivos por 160 mil millones de pesos y aún no se refleja la aportación que por ley debe realizar la Secretaría de Hacienda por una cantidad igual, es decir, otros 160 mil mdp, con lo cual, al cierre de 2016, la reducción de pasivos laborales será de 50%.

Hernández Martínez explica al respecto que la SCHP aún no ha definido el mecanismo que utilizará para cumplir con esta aportación, pero se prevé que sea una aportación de capital a la CFE y que sean recursos etiquetados a la reducción de pasivos laborales.

La norma contable, señala, establece que las aportaciones de capital no afectan a los resultados y se reflejarán en el balance de la CFE como un incremento en el patrimonio.

CONCANACO DEMANDA PENA COLECTIVA VS. CNTE

Mientras el gobierno federal sigue haciendo mutis ante las quejas del sector privado por los bloqueos de la CNTE, las organizaciones empresariales están muy, pero muy enojadas con la pasividad que muestran las autoridades de los tres niveles de gobierno y se habla ya de demandas penales colectivas, paros técnicos y hasta fiscales.

La Concanaco, que preside Enrique Solana informó que presentarán una demanda penal colectiva en contra de la CNTE por los daños y perjuicios causados a las empresas que se han visto afectadas por los bloqueos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Solana aseguró que el impacto a las empresas asciende a siete mil 500 millones de pesos y presentar declaraciones fiscales en cero. Demandan al gobierno que no regrese a la CNTE las cuentas embargadas y que se compensen las pérdidas a las empresas.

Pero además, el CCE de Chiapas, de David Zamora Rincón, amenaza con realizar un paro técnico y que se declare al estado como zona de desastre económico porque los empresarios no pueden cumplir con el pago de impuestos y aportaciones al IMSS e Infonavit.