El consumidor inerme y el gobierno dormido

Desde hace más de un cuarto de siglo, la economía mexicana se ha ido transformando en una economía de libre mercado; pero en ese proceso, la capacidad de los gobiernos para atender los derechos de los consumidores se ha quedado atrás.

Contra lo que se piensa, una economía de libre mercado no es un terreno apache donde cada quien hace lo que quiere con los métodos que quiere. No es un “dejar hacer, dejar pasar”, sino una economía con reglas precisas, que deben acatar los productores-prestadores de bienes y servicios, y en la que los gobiernos tienen la mano firme para aplicar la ley y las reglas.

Una economía de libre mercado tiene como columna vertebral el respeto y la aplicación de la ley. Y la economía mexicana hoy está cerca de ser una economía de libre mercado.

Medidas como la apertura de fronteras, vía tratados de libre comercio, la venta de empresas públicas al sector privado, la mejora regulatoria en la que se ha trabajado por más de dos décadas, los esfuerzos que se han hecho para fomentar la competencia interna, los trabajos legislativos reflejados en legislaciones como la de competencia y la creación de instituciones como la Comisión Federal de Competencia, forman parte de la transformación que ha sufrido la economía.

Reformas como la Energética, impulsada por el presidente Peña Nieto son grandes pasos en el mismo sentido.

En una economía de libre mercado la competencia entre los productores prestadores de servicios propicia precios más justos y un clima donde el consumidor encuentra mejores productos y mejores condiciones. Y en esencia, así ocurre.

Sin embargo, a los gobiernos les tiembla la mano para aplicar leyes y reglas en beneficio de los consumidores, y en no pocos casos podría sospecharse de colusión entre gobiernos y prestadores de bienes y servicios.

Apunte, por ejemplo, la conducta de todas las aerolíneas: atrasos constantes por parte de todas las empresas, vuelos sobrevendidos y conductas que sólo pueden calificarse de abusivas por parte de los empleados de las empresas. ¿Y qué les pasa? Nada. Las autoridades aeronáuticas o están dormidas, o son ineficientes o están coludidas, porque lo cierto es que las empresas hacen lo que les da la gana.

Y de ahí viene una larga lista, casi infinita, de abusos contra el consumidor.

Gasolineras que expenden litros de 800 mililitros; restaurantes con pésima calidad de alimentos e instalaciones que están peores que pesebres, servicios de taxi y de transporte público más propios de animales que de humanos.

El propio gobierno atropella a los consumidores con los servicios de su burocracia y de sus empresas, como Comisión Federal de Electricidad o los organismos de agua en los municipios. Y no pasa nada. En general, el gobierno se lava las manos y limpia su conciencia con la existencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, un organismo sin dientes que se usa más para reciclar políticos que para en verdad defender los derechos de los consumidores.

El gobierno mexicano está retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones hacia los consumidores, probablemente pensando que en una economía de libre mercado, ellos deben defenderse solos o, lo que es más probable, porque le tiembla el pulso para hacer frente a los prestadores de bienes y servicios.

Hasta el próximo lunes con nuevas… Perspectivas.