Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

24 Ago, 2016

El TFJA, clave

El 12 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una sanción de inhabilitación como proveedor del gobierno federal por cuatro años, once meses y veintinueve días, amén de una multa de 70 millones de pesos, a Savi Distribuciones. ¿Se acuerda?

Se la impuso el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, derivado de una investigación en términos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas por simular y falsear requisitos dentro de una de las licitaciones públicas internacionales para la compra consolidada de medicamentos en 2014.

¿Qué ha sucedido a partir de allí? La empresa propiedad de Francisco Villela y Javier Salazar interpuso, sin éxito, un recurso de revisión que le fue negado y ahora está en trámites ante el recientemente transformado Tribunal Federal de Justicia Administrativa para buscar la anulación del castigo.

Sin embargo, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que, ante actos de esa naturaleza, no se concede el beneficio de la suspensión de la inhabilitación, pues este tipo de conductas afectan la imagen y credibilidad de instituciones como el IMSS.

Este organismo trata, en teoría, de desterrar viejas costumbres y dar paso a ahorros importantes en beneficio de sus derechohabientes, mediante procedimientos cada vez más competitivos, transparentes y equitativos que se empezaron a implementar en la administración de José Antonio González Anaya.

Con Mikel Arriola existe la consigna de no bajar la guardia, aunque casos como el de los contratos de servicios integrales, que ganó el Grupo Falcón, de Noé Ramírez, y en el que la Comisión de Competencia, de Alejandra Palacios, no se pronuncia, hacen dudar que se cumpla el principio de la transparencia.

Industriales, distribuidores, autoridades y el público confían en la experiencia y prestigio de los magistrados de ese tribunal, mismo que, a lo largo de sus casi 80 años de vida, ha demostrado ser un ejemplo de la justicia administrativa en México.

Le decimos todo esto porque en el contexto de la megacompra consolidada 2017, que implicará contratos que podrían llegar a los 50 mil millones de pesos, los susodichos magistrados representan uno de los ejes fundamentales para impulsar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

A tiempo para volver a demostrar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sabe hacer bien su trabajo y que es en verdad autónomo e independiente de las influencias, como las que en muchas ocasiones intentan ejercer empresas sancionadas. El caso de Savi podría ser un ejemplo.

AEROMAR OFRECE

Aeromar, que dirige Andrés Fabre, está negociando con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) el acuerdo salarial correspondiente al periodo 2016-2017 y, en la recta final, hace un llamado a los 93 sobrecargos de la empresa para que se sumen al proyecto de esta aerolínea regional y se convierta en la más rentable, sólida y competitiva, de cara al acuerdo bilateral de aviación México-Estados Unidos, que acaba de iniciar el domingo pasado.

ASSA ha planteado un incremento de 10%, pese a que el año pasado obtuvieron 4% directo al salario y 1.47 a prestaciones, superior a la inflación y al crecimiento del PIB nacional. En esa ocasión, y con previsiones de crecimiento a la baja, Aeromar ofreció un incremento superior a la inflación, pero también muchas ventajas para los sobrecargos a cambio de cláusulas de productividad.

De hecho, está pidiendo que los sobrecargos se sumen al esfuerzo que ya han hecho los pilotos aviadores en el acuerdo logrado el mes de pasado con ASPA.

Hay que tomar en cuenta que Aeromar no es una empresa troncal ni muy grande. Tiene 16 aviones, con los cuales sirve 28 destinos y transporta 600 mil pasajeros.

Por lo tanto, los sobrecargos tendrían que ajustar sus pretensiones para preservar una compañía mexicana que sirva a los intereses del país en un momento delicado por la economía. No se descarta que esta misma semana se resuelva este asunto.

AFORE XXI APOYA

Afore XXI Banorte, que comanda Tonatiuh Rodríguez, ha realizado inversiones en el sector infraestructura por un monto de cuatro mil 528.4 millones de pesos, destacando las inversiones en energía eólica, hidroeléctrica, perforaciones y gasoductos.

Esto ha sido gracias al paquete de reformas estructurales, según dijo ayer José Antonio González, mandamás de Pemex, durante su participación en el panel de “Inversión en Infraestructura” en la Primera Convención Nacional de Afores.

Las afores tienen una perspectiva de inversión a largo plazo, lo que las convierte en el mejor socio financiero para Pemex, de esta forma podrán invertir en la exploración de aguas profundas, procesos de refinación o la construcción de tubos y terminales.

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