¿Depende el crecimiento del PIB del ajuste fiscal?

Mañana será presentado a los mandatarios del G20 que van a China, el documento de recomendaciones de políticas macroprudenciales, una especie de “book” a seguir por las grandes economías e integradas por el FMI-BM-FSB, para que no se repita la crisis financiera de 2008 de la que todavía el mundo no acaba de salir.

Dos elementos son importantes: déficit fiscal y deuda pública sin control y aumento en déficit de cuenta corriente sin crecimiento económico y desconfianza de la inversión productiva o contracción de la capacidad de inversión pública. Son caldo de cultivo para cocinar crisis.

México atraviesa por la contracción más brutal experimentada desde los 80 por la cuenta petrolera, que alimenta el déficit comercial, impulsa la devaluación y también alimenta el costo de la deuda ampliando el déficit, el que a su vez retroalimenta este ciclo vicioso. Sólo que donde está el nivel, la alerta es necesaria. El déficit de cuenta corriente está alcanzando el 3% del PIB. El límite, aceptable. 

Por eso, además del escándalo #Trump, el énfasis lo pongo en el informe trimestral de inflación presentado por la Junta de Gobierno, que encabeza Agustín Carstens, en el que sin señalamiento político, pone el punto sobre las íes: los déficits gemelos que se observan en el país, son cosa de atención tanto en materia de cuenta fiscal como de cuenta corriente.

La propuesta de presupuesto atenderá la contención de la deuda pública (no su contracción) y el establecimiento de una tendencia de superávit fiscal, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El otro tema, el de la crisis de credibilidad y su efecto en la economía, no lo tocaron ellos sino que el martes, la calificadora Standard and Poor’s emitió un reporte sobre México que explica una parte sustantiva de la nota en la que, la semana pasada, puso en observación la calidad crediticia soberana de México para una posible baja de estable a “negativa”.

La nota, seguramente, no le encantará al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Tampoco le gustará a Arely Gómez, la procuradora –por cierto, en la agenda legislativa de ninguno de los partidos para este periodo de sesiones se incluyó la propuesta de Ley de la Fiscalía General– ni tampoco al presidente de la Corte, Luis María Aguilar, de quien depende el intocable sistema de justicia. ¿A cuántos jueces usted conoce que habiendo sido denunciados y exhibidos estén en la cárcel y pagando una pena?

Vuelvo al comentario de S&P. Con el título “Mexico’s Growth Challenge Is More About Politics Than The Economy”, explica que aun cuando el país ha realizado reformas estructurales de envergadura, y las medidas macroeconómicas tomadas son adecuadas, resultan “insuficientes” para impulsar el crecimiento de la economía como ocurre en otros países donde son débiles la gobernabilidad y la prevalencia del Estado de derecho.

Reconoce que el efecto de la contracción de la producción petrolera y el menor precio de exportaciones explican en el choque de finanzas públicas, Joydeep Mukherji y Sebastian Briozzo, los responsables del comentario sobre el rating soberano, señalan cuáles son esos desafíos de gobernabilidad, transparencia, combate a la impunidad y corrupción que tienen postrada la inversión nacional y externa y la confianza en México. Subrayan que la menor influencia que ha tenido la figura presidencial sobre los poderes subnacionales, positiva de entrada, no se acompañó de un sistema que permitiera perseguir y castigar a quienes cometen actos de corrupción, y de 33 gobernadores señalados de comisión de actos de corrupción, sólo dos han ido a la cárcel, pues el sistema judicial es ineficaz y débil para castigar conductas de corrupción. ¿Le suena?

La corrupción afirma, resta 1 punto porcentual del PIB y la debilidad en la ejecución de la ley aumenta la desconfianza de los agentes económicos y ciudadanos, los gobernadores enfrentan poco o nulo escrutinio de sus gestiones (lo mismo los municipios), los Congresos legales son débiles, y en algunas ocasiones su control alcanza a los medios locales y al Poder Judicial, aunque los estados han aumentado su transparencia contable y se pasó la ley de disciplina de los Estados.

Otro elemento de debilidad subrayado es que mientras el gobierno introdujo la reformas educativa y energética, la judicial requiere cambios para hacer eficiente a las policías, a los fiscales y a los jueces.

La falta de “instituciones fuertes” se evidencia porque da lo mismo que pocos políticos o criminales sean arrestados y juzgados, pues 7% de los crímenes reportados son investigados y menos del 2% resueltos, lo que hace crítico que la reforma del sistema penal y judicial se haga efectiva. 

DE FONDOS A FONDO

#NoSabePerder… Le comenté que parecía extraño que un par de empresas que concursaban para la subestación e instalaciones eléctricas del aeropuerto traían una fuerte promoción mediática para exhibirles como la mejor oferta disponible:  el caso de Isolux que dirige Roberto López.

Perdieron porque las condiciones para participar fueron restrictivas, incluso, excluyentes, y no facilitaron la concurrencia. Si fue así por qué no lo denunció. Le entregaron su carta explicándole por qué perdieron y tiene que ver con la debilidad financiera de su matriz, pues a pesar de que puso la oferta económica más competitiva, nadie quiere enfrentarse a un Aldesa y menos cuando por ahí se recontaron todos los pendientes sin terminar que dejó en CFE y en infraestructura.