¿Castigo político a #CDMX?... ¡Si no hizo nada!

Se cimbró el gobierno de Miguel Mancera y también el Partido de la Revolución Democrática, que dirige Alejandra Barrales, cuando se conoció que el Fondo de Capitalidad fue ¡enviado en ceros!, en el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos para 2017, amén de que no se incluyen recursos para las líneas 12, 9 y A del Metro. Ése es el escándalo, pero en realidad, el gobierno local, ¡se atrasó o no hizo nada!

La línea presupuestal estaba incluida en el último recorte, pues privó el criterio aplicado para todos los estados en inversión con recurso federal: Los recortes de 2015 y 2016, anunciados por el equipo del exsecretario Luis Videgaray, se sustentaron con el criterio de que sólo se mantendrían las obras de infraestructura cuya construcción había iniciado y las que tuvieran completo el proyecto ejecutivo con clara rentabilidad social y/o, que contaran con fuente de fondeo en asociación público-privada (obra concesionada).

Y aunque la impresión es que Mancera está enojadísimo por el recorte anticipado al presupuesto de 2017, él conoce a detalle, como José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, que no se habían definido los parámetros para licitar las líneas A y 9, y el de la Línea 12 se concretó de acuerdo con un calendario definido en la reunión que sostuvieron Videgaray y Mancera, el 23 de junio. Hubo cambio de secretario, no de secretaría ni de reglas.

En cuanto al Fondo de Capitalidad, desde su creación en 2014, se estableció que no era un recurso presupuestal recurrente y en se acordó que cada disposición estaría ligada al informe de en qué se ejerció el presupuesto que asignó por tres mil mdp, entonces. En 2015 aumentó a casi cuatro mil mdp y aunque no estaban cumpliendo con sus pari passu, Banobras, que dirige Abraham Zamora, y Fonadin le autorizaron a la capital el recurso para infraestructura hidráulica y su plataforma tecnológica para medio ambiente, prevención del delito y seguridad pública e infraestructura de movilidad.

Por la cara de enojado que presentó Mancera en todas las fotos en primera plana del sábado, pareciera lanzar una amenaza de forcejeo político para recuperar “alrededor de seis mil 500 mdp a la CDMX, que en el presupuesto de 2016 tenía asignados la ciudad”, pero si no lo comprobó y/o ejerció, las reglas presupuestales son parejas para todos. ¿O no Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara?

A propósito, el Sistema de Gestión de la Inversión Pública Orientado a Resultados permite cuidar la inversión desde su autorización hasta su puesta en operación, en la subsecretaría de Egresos en la que permanece Fernando Galindo, ha sido premiado por el BID, de Luis Alberto Moreno, porque demostró que permite conocer al día el valor público del ciclo de inversiones, al privilegiar la asignación de recursos a los proyectos con mayor potencial de incidir positivamente en el desarrollo nacional, con base en la clasificación y valoración de sus atributos.

DE FONDOS A FONDO

#NoTeLoPierdas… El pleno del IFT, que preside Gabriel Contreras, resolvió una interpretación el viernes pasado que podría cambiar el futuro de la #RedMayorista. Recordará que la Reforma Constitucional en sus transitorios y la LFTR ordenó que en la licitación de la red que usará la banda de 700 MHz, se debe asegurar que ningún operador de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red, lo que excluía, según opinión general, a los oferentes (móvil o fijo) de servicios al público. Pues el criterio ha sido “precisado”, y resulta que ahora sí puede entrar un operador minorista a la red, siempre que no tenga influencia en la toma de decisiones. Sin modificar la regla, establecen que tener uno o más asientos en el consejo de administración del desarrollador de la red, no implicaría que éste tenga influencia, siempre que la presencia en el consejo implique prohibición para conocer de los asuntos de operación de la red. Lo malo es que el cambio de criterio se produce un día hábil antes de que los tres consorcios que participan en la licitación de la #RedCompartida presenten su solicitud de opinión de competencia económica, la cual vence el 12 de septiembre.

Igual no entendí bien, igual parezco mal pensada, pero esta interpretación de la regla de “influencia”, cambia el alcance el acuerdo económico de los consorcios, no sólo de uno.

#RespiroAPemex… Aunque no resulta aún en una modificación sustantiva de su calidad de primer contribuyente nacional a las finanzas públicas, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, logró convencer a su Consejo de Administración y al equipo del subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher (también ratificado por Meade), para que aumente el porcentaje de deducción sobre la extracción de hidrocarburos en aguas someras a un rango que resulte mayor de entre 12.500% del valor de los hidrocarburos y 6.10 dólares por barril de petróleo crudo equivalente (bpce que incluye la conversión de gas natural) y, si son reservas terrestres, el factor de deducción se eleva a 8.30 dólares el bpce. Hasta el primer año de la administración Peña, Pemex invirtió en promedio por año 14 mil mdd, pero con precios por arriba de 100 dólares el barril tras la crisis de 2008, la ecuación era factible. Hoy, con precios promedio de 36 dólares el barril en cierre de este año y de 51 dólares el barril para 2017, estimado en el mercado de futuros, esos 6.10 dólares permitirán apuntalar el Plan de Negocios, que deberá ser presentado a finales de este mes. Creo que si libera al menos seis mil mdd para el CAPEX (una tercera parte de lo que ejerció hasta 2013), pues será una gran noticia.