Empresas de servicios de transporte marítimo enfrentarán juicio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), presidida por Alejandra Palacios, iniciará un juicio en contra de empresas de servicios de transporte marítimo de vehículos automotores y maquinaria rodante para la construcción y agrícola por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas.

El organismo antimonopolios informó que emplazó a diversos agentes económicos para iniciar el procedimiento seguido en forma de juicio a cargo de la Secretaría Técnica.

Explicó que el emplazamiento significa que la autoridad investigadora concluyó su proceso indagatorio iniciado el 29 de noviembre de 2013 y emitió el Oficio de Probable Responsabilidad en el cual señala que existen elementos de convicción suficientes para presumir que los agentes económicos involucrados, probablemente incurrieron en una práctica monopólica absoluta.

Según la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), son prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos de agentes económicos competidores entre sí, cuyo efecto sea fijar, manipular o concertar el precio, restringir o limitar la oferta, dividirse el mercado actual o potencial, concertar o coordinar posturas en licitaciones, así como intercambiar información con el objetivo de realizar alguna de las conductas anteriores.

PROCESO

Durante el procedimiento seguido en forma de juicio, los probables responsables podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones presuntivas hechas en su contra.

Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la Cofece podrá resolver lo que conforme a derecho proceda.

La resolución puede ser cerrar el expediente o sancionar a los agentes económicos con una multa que ascienda al 10 por ciento de los ingresos. En tanto que las personas físicas que cometan la práctica pueden recibir una multa hasta por 10 mil salarios mínimos además de 5 a 10 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal.