Las ratas están trabajando

Los casos de los gobernadores Duarte, de Veracruz y Chihuahua, y de Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, no son sino la punta de un iceberg de corrupción que se alimenta de los dineros públicos.

Para empezar, son pocos los exgobernadores que viven modestamente. La inmensa mayoría de quienes han ocupado la gubernatura de algún estado son personas y familias que entraron al grupo de los ricos.

Y para seguir, no sólo los gobernadores logran la riqueza vía el gasto público. Cuando no se trata de pandillas estilo lo que vemos en Veracruz, los funcionarios públicos de primer nivel y secretarios de Estado en las entidades se enriquecen de una manera notable, e incluso los siguientes escalones, directores y subdirectores encuentran la manera de meterle la mano al gasto público.

Y se da en todos los estados, sin excepción. Todo este latrocinio de los dineros públicos se debe a la impunidad.

La verdad es que hasta ahora, y con algunas excepciones, a quienes roban del presupuesto no les pasa nada.

En los últimos cuatro sexenios, 24 años, o sea, cuatro administraciones, sólo Andrés Granier ha pisado la cárcel por meterse a la bolsa dinero público. O sea, de 128 personajes que han sido gobernadores en el país, sólo uno está en la cárcel. Y en esos 124 hay muchos que debieran correr la misma suerte.

Pero las leyes que juzgan a los políticos están hechas por ellos y son en extremo benignas.

La cárcel es una excepción. En la mayoría de los casos, el castigo es la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Ahora están de moda los sistemas anticorrupción, pero la mayoría de los expertos está de acuerdo que eso hará que sea más difícil, más burocrática, con más trabas, la administración pública, pero que en realidad no hará que los políticos sean más honestos.

Si no hay castigos, en este caso, penas corporales de cárcel, robar del presupuesto sólo será más complicado, pero seguirá sin pasar nada.

En este momento existen órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y Guillermo Padrés, de Sonora, y todo indica que la Procuraduría General de la República les permitió fugarse.

Falta que los aprehendan y luego que los juzguen, con altas posibilidades de que no se les pueda demostrar mucho de lo que es evidente y entonces, el castigo sea algo similar a una nalgada.

Pero aun estos casos indican algo evidente: no hay ningún mecanismo de prevención a tales conductas, a pesar de que siempre son públicas. La Auditoría Superior de la Federación y sus similares en los estados, revisan el pasado, uno o dos años atrás, hacen sus observaciones, se las solventan o no y luego realmente no pasa nada.

Otra sería la historia si las cuentas públicas se revisaran en tiempo real. Habría forma de dar la voz de alarma a los primeros indicios y no cuando ya terminó un sexenio y el estado está en quiebra.

Todavía se ve muy lejos el día en el que robar dinero público sea uno delito grave, en el que las posibilidades de castigo sean muy altas y donde la impunidad casi no exista. Mientras, las ratas siguen trabajando.

Hasta el próximo lunes con nuevas…PERSPECTIVAS.