La IP buscará el apoyo del Senado

CIUDAD DE MÉXICO.

La iniciativa privada mexicana insistirá en que se realice un análisis “cuidadoso” de las bases para el cálculo de los ingresos y egresos de 2017 así como incrementar el paquete de incentivos fiscales para la inversión a través del cabildeo con senadores.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), indicaron que buscarán a los coordinadores de las fracciones parlamentarias para revisar la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 a fin de hacer cálculos más “prudentes” e incorporar a la miscelánea fiscal la deducibilidad de prestaciones sociales “obligatorias” así como apoyos para el sector minero.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley de ingresos con un aumento en la estimación del tipo de cambio de 18.22 de iniciativa original del Ejecutivo a 18.62 pesos por dólar y un incremento en la producción de petróleo de un billón 928 mil barriles diarios a un billón 947 mil barriles de crudo para obtener ingresos adicionales por 51 mil 379 millones de pesos, los dirigentes demandaron a los legisladores ser “prudentes” en la asignación de este monto pues no se tendrá “todo” disponible.

“Se tienen que analizar los efectos que estas modificaciones generan en los egresos. Si se ajusta el tipo de cambio también se debe ajustar el gasto destinado a la importación de gasolinas, por ejemplo”, indicó Castañón.

El dirigente convocó a los senadores a no incrementar las asignaciones de gastos para evitar la dinámica de recortes en 2017. “Llamamos a la prudencia legislativa, a estudiar bien las estimaciones, a no ser laxos”.

Consideró que en caso de que se registren ingresos adicionales, éstos deberían destinarse a la conformación de “un colchón” para una emergencia.

Por su parte, Herrera Vega indicó que los ingresos adicionales no deben utilizarse para atender compromisos políticos de gasto con poco  impacto socioeconómico sino a la salud, educación y combate a la pobreza. “Nos pronunciamos a favor de garantizar que los mayores ingresos aprobados beneficien al combate a la pobreza, educación, así como el desarrollo de infraestructura y proyectos productivos”.

Pese a que los diputados “ignoraron” el argumento de que la reducción de la deducibilidad de prestaciones sociales de 100 a 53%, que entró en vigor a partir de 2014, aumentó el costo laboral ocho por ciento, ocasionando la reducción de su otorgamiento y la contracción de los planes de contratación de las empresas, los líderes esperan que los senadores reviertan esta medida.

Les pedirán su respaldo para recuperar la deducibilidad plena de, por lo menos, las prestaciones obligatorias por Ley, como aguinaldo, prima vacacional, horas extras y utilidades. “El esquema actual distorsiona los resultados fiscales con los cuales las empresas pagan los impuestos, dado que no pueden deducir las prestaciones en su totalidad, por lo menos las de la ley, lo que genera un resultado fiscal siempre sobreestimado y por tanto impuestos mayores a los que realmente tendrían que pagar las empresas”, explicó Castañón.

Herrera Vega indicó que “al no poder deducir las prestaciones se está inhibiendo su otorgamiento en un momento en el que se deben fomentar para mejorar el ingresos de los trabajadores”.