Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

6 Dic, 2016

Tiro en el pie

Apenas le comentaba la semana pasada sobre la situación del sector casinos ante el embate de nuevos impuestos en estados como Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín González, entidad a la que se suman Nuevo León, que lleva Jaime Rodríguez El Bronco, y Sinaloa, en donde está por llegar Quirino Ordaz Coppel, gobernadores que se encontraron con las arcas vacías.

Pues bien, resulta que estos estados con problemas financieros y nuevas administraciones, en su derecho legítimo de aumentar la recaudación local, buscan cobrar más impuestos a la industria casinera, la cual eroga ya cerca de cinco mil millones de pesos anuales, aduciendo que el sector fomenta otro tipo de comportamientos sociales como la inseguridad y ludopatía.

Sin embargo, al revisar los números, perderían más dichas entidades federativas al no ver que esta industria paga al gobierno federal aproximadamente 38% de impuestos como IEPS –parte del cual se va a los estados–, así como por aprovechamiento y por premios, sin contar el IVA, ISR e ISN, entre otros, por lo que la jugada de aumentar los gravámenes afectaría sí al sector de juegos y sorteos, pero también a las economías locales.

Hablamos de que entre Quintana Roo, Nuevo León y Sinaloa, se emplea de manera directa a más de 10 mil personas e indirecta a casi 28 mil, puestos que estarían en vilo ya que el proceder con un nuevo impuesto de manera arbitraria, obligaría a los empresarios a replantear sus inversiones y la operación de las 47 salas que funcionan hoy día en dichos estados.

Basta recordar el caso de Yucatán, hoy al mando de Rolando Zapata, en donde operaban nueve casinos en 2014, año en que el Congreso local aprobó aumentar los impuestos a esta industria, lo que a la fecha se tradujo en el cierre de cuatro salas de juego, además de perder de tajo más de mil puestos de trabajo e inversiones de alrededor de los 180 millones de pesos. 

En Nuevo León, todo indica que la propuesta del Ejecutivo en aumentar 10% la carga impositiva al sector será aprobada antes de las fiestas navideñas, medida que se suma a las acciones emprendidas por el municipio de Monterrey desde la administración de Margarita Arellanes, cuando se inició una persecución de la actividad que acabo reduciendo de 45 casinos abiertos en 2011 a sólo 21 salas en la actualidad.

Y se sabe que Quirino Ordaz, quien el último día de este año toma las riendas del gobierno de Sinaloa, contempla que con el nuevo cobro a los casinos y elevar el impuesto sobre nóminas, se alcanzaría el presupuesto de 48 mil 100 millones de pesos planteado en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017, esto a pesar del mercado negro y juego ilegal que sin duda alguna surgiría.

Así, si la tendencia sigue, los estados se quedarán paulatinamente sin casinos, sin recaudación y sin empleos, situación que ya se discute y contempla al interior de la AIEJA de Miguel Ángel Ochoa; de la APJSAC de Alfonso Pérez Lizaur; y de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Juegos de Azar, de Carlos Carrión.

PELEAN MINSA

Le comentaba hace unos días del conflicto familiar societario de Consorcio G, grupo jalisciense encabezado por Raymundo Gómez Flores, y en donde en agosto pasado, junto con el resto de sus hermanos, determinaron expulsar clandestinamente a Graciela Gómez Flores de varias sociedades de la que es accionista.

Mediante esta expulsión se pretendió liquidar de forma unilateral y arbitraria la participación de Graciela en un valor mucho muy inferior al que comercialmente le corresponde. Pues bien, inconforme, la afectada contrató a los abogados Marco del Toro y a Santiago García Luque, del despacho García Alcocer, para impugnar dichas asambleas. Al día de hoy, un Juez Mercantil de Jalisco determinó suspender las asambleas de exclusión y todo apunta a que Graciela regresará al consorcio accionario hasta en tanto no sea liquidada conforme al valor comercial.

Recordemos además, que como parte de estas acciones fraudulentas, los hermanos Gómez Flores determinaron excluir a Graciela de Minsa el pasado 8 de agosto, para después propalar la venta de la gigantesca harinera con Bunge Limited y beneficiarse de la enajenación de dichas acciones, noticia que fue publicada como evento relevante por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el pasado 30 de agosto del 2016. Es decir, primero corrieron a Graciela y después vendieron sus acciones.

Apenas el 1 de diciembre un juez mercantil de la Ciudad de México determinó ilegal la remoción de Graciela de su participación en Minsa, y como consecuencia de ello, suspender la compra previamente anunciada en el mercado, respecto de la participación de la familia Gómez Flores de Minsa con Bunge Limited, a través de una empresa llamada Promotora Empresarial de Occidente. Por lo pronto ayer fue notificada dicha resolución a la misma BMV, que preside Jaime Ruiz Sacristán; al INDEVAL; a la Comisión Federal de Competencia Económica, que maneja Alejandra Palacios; a Bunge Limited, así como a Mercader Financial. También se ordenó la prohibición a Mercader Financial para pretender excluir a doña Graciela como accionista.

Síguenos en Twitter @DineroEnImagen y Facebook, o visita nuestro canal de YouTube